Trabajadores de ANSES se movilizaron por el cambio de categoría en la UDAI local. Mientras tanto la dirección desde arriba ordena la política del ANSES a nivel nacional.
En en transcurso de la última semana, trabajadores de ANSES Villa María realizaron diferentes acciones para mostrar ante la sociedad las últimas modificaciones implementadas en la entidad pública. El cambio de categoría de la UDAI promueve que los trámites jubilatorios deberán tramitarse en la Ciudad de Río Cuarto.
En ese marco Enrique “Tito” Godoy, delegado de ATE afirma que esta decisión de carácter nacional es una forma de desprestigiar a la institución: “se atrasó todo, de tardar 30 días en largar los dictámenes pasamos de casi un año o año y medio”. Otra medida desde el ejecutivo nacional fue sacar el “abogado dictaminante y por eso peligra la mesa de cómputos, lo que significa que los expedientes que lleguen a las oficinas de Villa María, pasarán a Río Cuarto.”
Un poco de historia
El ANSES es un fondo público de pensión (más adelante FPP), encargado de la seguridad social. Esta institución administra los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores durante su vida laboral. Esto no siempre fue así. Hasta el año 2008 la administración de los recursos de seguridad social estaba privatizado bajo la figura de las llamadas “AFJP” -Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones-.
Estas administradoras son entidades privadas que fueron las encargadas de recibir los aportes de los trabajadores y administrarlos hasta el momento de terminar su vida laboral y jubilarse cobrando por ello un porcentaje, es decir una ganancia. Las AFJP comenzaron a funcionar como empresas reconocidas por el Estado a partir de la Ley 24.241
de Jubilaciones y Pensiones implementada por el gobierno de Carlos Menem en el año 1993.
De esta forma, las empresas ganaban por administrar los recursos, como también tenían facultades de realizar inversiones con ese dinero en su poder. En concreto, las AFJP se apropiaron de unos 10.000 millones de dólares en comisiones, mientras otros 35.000 millones fueron a las utilidades de empresas a través de rebajas de aportes de las patronales.
En 2007, con el Decreto 897/2007, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad apuntando contra la administración privada de los fondos jubilatorios y de pensiones. En 2008 se impulsó la Ley 26.425 del Régimen Previsional Público que modificó el esquema de los aportes, pasando de ser administradas por las AFJP, a manos del Estado Nacional.
Entre algunas de ellas figuraban Arauca Bit (OSDE), Consolidar (Banco Francés), Máxima (HSBC, New York Life International) como también federaciones de colegios profesionales e inclusive hasta un club de Fútbol (Atlético de Rafaela), entre otras.
Fondo ¿para quienes?
La función del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) fue desplazar a las empresas administradoras de su papel de gerentes ante el manejo del dinero de los aportantes-trabajadores y patronales para ser administrado por el Estado. El objetivo enunciado por el mismo cumplia con utilizarse de foma segura este dinero, ante eventuales crisis económicas que pusieran en perjuicio el pago de las jubilaciones y pensiones.
La puesta en marcha del mismo sirvió para realizar múltiples operaciones dentro del sistema financiero. Osea que a partir de los ingresos por recaudación, el Estado podría invertir parte de ese capital en la compra de títulos/bonos de deuda pública, por ejemplo los emitidos por el Banco Central, y participar en la compra de acciones de empresas privadas.
El FGS creado en Noviembre del año 2008 obtuvo un crecimiento del 38% en tan solo un año absorbiendo gran parte de las prestaciones que efectuaban los trabajadores a las ex- AFJP.
En el año 2009 logró posicionarse como uno de los cuatro fondos con mayor crecimiento del mundo. En ese tiempo, el 85% del total de activos que manejaron los FPP a nivel mundial fueron instrumentos de renta fija (títulos públicos y bonos corporativos), encontrando al FGS del ANSES por debajo, con 62% de su cartera
invertida en capital privado nacional. [Estados Unidos y España tienen el 100% de su portafolio en estos activos nacionales]. Sólo los países que integran la OCDE concentraban hasta principios de 2009 activos por 4.5 trillones de dólares en manos de los FPP.
En cuanto al control del FGS, se conformó una comisión encargada de definir la dirección de los fondos hacia distintas ramas de la actividad permitidas por la ley con el objetivo de garantizar los servicios en momentos donde los aportes no puedan cubrir las demandas de jubilaciones y pensiones. La misma compuesto por representantes del Estado, un consejo público-privado en el que participan gremios, empresas y bancos nacionales.
Quién arregla las cuentas de casa
Tras el acuerdo firmado por el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional, Argentina se convirtió en el país con la deuda más grande adquirida en el último año. Lo comprometedor de esta situación es el pago de intereses de la misma y la intervención del organismo internacional en el diseño y aplicación de las políticas públicas en todo el territorio nacional, sobre todos los gobiernos: desde los provinciales hasta los locales, directa o indirectamente.
Entre los puntos de consenso entre gobernantes y empresarios se encuentra la reducción del déficit fiscal y el equilibrio en la balanza de pago.
Actualmente, el 60,8% del total de las acciones se concentra en manos del Banco Macro ($ 36,3 mil millones), Telecom Argentina S.A ($ 31,2 mil millones), Grupo Financiero Galicia S.A. ($ 29,1 mil millones), Transportadora de Gas del Sur ($ 21 mil millones) y Ternium ($ 18 mil millones)
“Déficit fiscal es equivalente a gasto público. Ejemplo: El aumento de los montos en AUH como política social es equivalente a gasto público”. La reforma previsional, impulsada en 2016, es parte de la dirección externa sobre las políticas nacionales. Trabajadores de la institución remarcaron que esta reforma busca aumentar la edad jubilatoria, reducir los montos establecidos para jubilaciones y pensiones y privatizar el servicio como lo establecía la ley en 1993. En este contexto donde el Estado ha tomado un préstamo por más de USD 50.000 millones de dólares, cabe preguntarse quién arregla las cuentas de “casa”. Siendo que el FGS del ANSES representa alrededor del 10% del PBI Nacional. Además de ser utilizado como instrumento de reproducción del sistema financiero en el actual esquema de economía abierta y creciente financiarización de la economía internacional.
¿Seguirá siendo el problema la administración del FGS? ¿Qué implica el préstamo del Fondo Monetario en las definiciones de las Políticas Públicas? ¿Será momento de empezar a discutir nuestros problemas de fondo?.
