Anuncios del Gobierno, posicionamientos de las entidades del agro y concentraciones de productores autoconvocados marcaron el escenario en la disputa por los derechos de exportación.
Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre la extensión del porcentaje máximo al derecho de exportación el pasado fin de semana, actores del agro se posicionaron de forma variada. Las cúpulas empresariales mediando entre el diálogo y la contención de sus “bases”, las asambleas de productores autoconvocados en repudio a las medidas y el apoyo a la política redistributiva.
Esta emergencia del conflicto nos permite ver con mayor profundidad qué intereses están en juego en la puja por la “distribución”, y cuales son los grupos que concentran la mayor capacidad de incidencia en la situación.
La medida de Gobierno
El 14 de diciembre el nuevo Ministro de Agricultura, Luis Basterra, suspendió el registro de exportaciones para productos agrícolas con la idea de “proceder a modificar algunos de los derechos de exportación”, al mismo tiempo que dejó sin efecto la retención de 4 pesos por dólar exportado, establecido por Mauricio Macri en 2018.
El martes 17, Martín Guzmán, Ministro de Economía, en el marco de la presentación del proyecto de la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, anunció que el gravamen de la soja subirá del 18% al 33%, mientras que el trigo y el maíz pasarán del 12% al 15%.Los productos agroindustriales quedarán con un tope del 5%.
Basterra explicó que la modificación de las retenciones responde a una adecuación del tipo de cambio que quedó “desactualizada a raíz de sucesivas devaluaciones”.
Sin embargo, aclaró que las modificaciones están sujetas al diálogo y convocó a las entidades del campo para definir nuevas condiciones para modificar el esquema actual de las retenciones.
Sectores del “campo” movilizados
Al día siguiente del anuncio productores agropecuarios autoconvocados en la localidad de Armstrong, Santa Fe, y de Crespo, Entre Ríos, protestaron contra la medida y debatieron sobre futuras acciones.
Esto repercutió en otros territorios donde también se realizaron asambleas y protestas. El lunes en Tucuman Capital, y al día siguiente en Gualeguaychú (Entre Ríos) y Bell Ville (Córdoba).
Por otro lado, la Federación Agraria Argentina (FAA) también mostró su descontento convocando a asamblea de productores para el jueves 19 de diciembre en el Monumento Grito de Alcorta, en Santa Fe. Esta acción aún no tuvo réplica en las demás entidades.
Los que dialogan
En paralelo, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), más conocida como Mesa de Enlace, se reunió con Sergio Massa y luego con Luis Basterra para analizar las medidas publicadas, situación que se repetirá durante toda la semana.
Por su parte, Coninagro a través de un comunicado manifestó un “enfático desacuerdo con los derechos de exportación y la intención de aumentar los mismos”. En conversación con Alejandro Buttiero, presidente de la entidad en Córdoba, mencionó que no están en contra de la medida en sí, sino más bien “en la forma que se enunció y el momento” (en alusión a la crisis generalizada de los sectores productivos).
En contraposición, Angel Dalmasso, productor cooperativo regional del sureste de la provincia de Córdoba, declaró a este medio que “las retenciones afectan a los pequeños y medianos productores, pero las 5 o 6 empresas que son dueñas de los puertos y definen el precio de la materia prima no se ven para nada perjudicadas”.
Campo para unos pocos
Ante este escenario de conflicto, algunos actores de peso logran imponer sus intereses particulares como aquellos que representan a las mayorías. Por ello, es importante comprender a través del conflicto, quienes son los que buscan incidir a través de las políticas fiscales y contra aquellos a los cuales se enfrentan.
Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) en octubre de este año los exportadores de granos y subproductos liquidaron divisas por U$D 1.978 millones.
Según estimaciones del ministerio de Agricultura de la Nación, para 2018 se exportaron alrededor de 69 millones de toneladas entre granos, harinas y aceites. Del total la participación por empresas corresponde a 1° Cargill (14%); 2°ADM –Archer/Daniels/Midland Company– (11%); 3° Bunge (10%) que corresponden a capitales estadounidenses; 4°COFCO Group de capitales chinos; 5° AGD (Aceitera General Deheza) y 6° Vicentín, las últimas dos nacionales. En total las 10 primeras firmas concentran el 90% del total en relación a más de 55 empresas en el rubro.
A su vez, la cadena varía si el grano es exportado de forma neta (el 96% con destino a China) o si es elaborado para luego ser exportado por el Puerto de Rosario por el cual fluyen más del 80% del total de mercancías con destinos principalmente al continente Asiático y la Unión Europea.
Estás principales firmas se encargan de recibir los granos y cereales de parte de los productores de diversas zonas del país entre las que se destacan Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa para su posterior elaboración y embarque.
Argentina se ha convertido en la mayor exportadora mundial de harina de soja: En 2018 exportó 27 millones de toneladas, un equivalente al 43% global. Siendo esta un insumo fundamental en la alimentación de cerdos principalmente de China.
Lo concreto es que a partir de una medida de gobierno, y su inmediata reacción por parte de sectores agropecuarios, podemos componer un mapa que supera ampliamente la letra de un DNU. Desde allí, permite superar esa mirada para observar que en ese mapa está representada la concentración económica de las 10 principales firmas del complejo agroexportador del país -concentradoras de divisas externas- y que aquello que está en disputa son las relaciones de poder y los márgenes para actuar.
