El rechazo de los gremios se hizo sentir tras el pago del aguinaldo en cuotas, impulsado por el Gobierno nacional a través de un decreto. “¡Que la crisis no la paguen los trabajadores!”, denunciaron.
El día martes 23 de junio, el Gobierno Nacional a través del decreto 547/2020 dispuso el pago en cuotas del Salario Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.
La reglamentación prevé que si el salario excede “la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000) brutos” se dividirá su pago en dos cuotas dejando sin efecto la modalidad corriente, y fue firmado por Alberto Fernández, Santiago Andrés Cafiero, Nicolás A. Trotta, Claudio Omar Moroni, Juan Cabandie, entre otros.
La medida también fue replicada para trabajadores del Poder Judicial Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza con distinta modalidad.
Posiciones
Inmediatamente posterior a su publicación sindicatos y centrales salieron en contra, considerándolo un ataque hacia los trabajadores en un contexto de suma complejidad.
Desde La Bancaria replicaron un comunicado firmado por Sergio Palazzo, su secretario general, donde rechazan “cualquier medida de ajuste que se imponga a los trabajadores, con o sin empleo formal, activos o jubilados“.
También recordaron que la medida es contradictoria con “la demora en sancionar la ley sobre el aporte de las grandes fortunas”. “Esa demora no la pueden pagar los trabajadores”, concluyó.
Pablo Bertoglio, Secretario General del sindicato en Villa María, mencionó a este medio agregando al comunicado, la “profunda contradicción que existe con esta medida, mientras sigue sin tocarse las grandes fortunas y las finanzas“. Esto ataca directamente “a los trabajadores que somos siempre los que terminamos pagando las crisis”. Pareciera “que se olvidaron de la Justicia Social”, comentó.
También la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNVM (Adiuvim) difundió un comunicado titulado “Rechazamos el pago del aguinaldo en cuotas”. En sintonía con los trabajadores bancarios, “esta decisión resulta contradictoria frente a las demoras que se presentan para sancionar leyes que favorezcan la redistribución equitativa de la riqueza”.
Por último, “consideramos que lo señalado en el Decreto es, a todas luces, una medida injusta y contraproducente para los trabajadores y trabajadoras“, diciendo “¡Que la crisis no la paguen los trabajadores!“
A su vez la CGT Villa María difundió un comunicado a medios locales donde también rechaza el decreto. A su vez que denuncia al “Estado y los comerciantes” que “están escondidos detrás de la pandemia” aprovechando para efectuar estas medidas y “producir despidos encubiertos”.
La Mesa Directiva, firmante del documento, aclara que de no mediar un replanteo a todas estas situaciones, analizará “tomar otro tipo de medidas para defender los derechos de los trabajadores”.
Estatales
“Los trabajadores son los que más hay que proteger” dijo Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN). “Que el Estado recorte en otro lado”, sentenció.
Por su lado, Aldo Arévalo, secretario general de la Unión de Trabajadores de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), anunció un paro para mañana viernes (26 de junio) ya que “la corte dispuso el pago del sueldo anual complementario en 3 cuotas, siendo que cuenta con el dinero para hacer frente al pago completo del aguinaldo”.
Entre los que se posicionaron en contra también estuvo Hugo Godoy, secretario general de ATE Nacional, diciendo que la media del Gobierno “afecta a un derecho fundamental de los trabajadores” haciendo contraste “con la lentitud, pereza y hasta falta de voluntad para que en el Congreso de la Nación se apruebe una ley que impacte a las grandes fortunas”, que son “quienes se han llevado millones de pesos al exterior a través de la fuga de capitales”.
Mirada Latinoamericana
Este medio tuvo la posibilidad de conversar con Julio Fuentes, secretario general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado (CLATE), que se manifestó en contra. Esto que hace “el Estado Nacional desencadena una situación mucho peor en las provincias y los municipios”.
Además que se suma a una serie de ajustes que se estuvieron implementando, por lo que “no pueden ser los trabajadores ni los jubilados los que paguen el déficit”, sino que “tienen que ser los ricos y acaudalados los que lo hagan”.