El lunes 3 de agosto se inició un paro indefinido con bloqueos en Bolivia y se reavivó el conflicto que arrastra el país desde el golpe de Estado de 2019.
Unificados contra las decisiones unilaterales del ilegítimo gobierno de Jeanine Añez, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación de Consejos Vecinales-El Alto (FECOVE), la Federación de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa (CMIOB-BS), la Federación Sindical de Campesinos Tupac Katari, entre varias otras organizaciones; convocaron a paro general, movilizaciones y bloqueos de rutas a nivel nacional.
Las medidas fueron anunciadas el 28 de julio mediante un gran cabildo realizado en El Alto, La Paz, donde se convocaron mediante una gran marcha multitudinaria todas las organizaciones sociales de los 9 departamentos del país, en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar nuevamente los comicios presidenciales.
La elección debía ser el 22 de enero, se postergó para el 3 de mayo, luego hubo una posibilidad para el 2 de agosto, pero se acordó para el 6 de septiembre con la excusa de que el pico de contagio coincidiría con estas fechas. Se cambió para el 18 octubre y se empezó a sostener que el pico de contagios será en octubre y noviembre.
Juan Ino Mamani, comunicador social de los pueblos originarios, denunció a este medio que “las instancias de diálogo con la COB se han agotado, debido a la inflexibilidad del Tribunal Electoral, esperamos que reflexionen y que no nos lleven de nuevo a un derramamiento de sangre”.
Tras fallidas instancias de convocatorias de diálogo (donde participaron representantes de Naciones Unidas y la Unión Europea), el gobierno de facto de Bolivia ordenó este lunes la militarización de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mientras anunció el posible uso de la fuerza para levantar los bloqueos de carreteras vigentes. “Meter bala sería lo políticamente correcto”, afirmó Arturo Murillo, ministro de Gobierno.
A su vez, la Fiscalía de La Paz, impulso la denuncia contra el expresidente Evo Morales, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y los candidatos del Movimiento al Socialismo-Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos (MAS-Ipsp) Luis Arce y David Choquehuanca, acusados de terrorismo, genocidio, delitos contra la salud pública y contra la libertad de transporte.
Las protestas llevan más de una semana a nivel nacional, actualmente se cuentan más de 150 bloqueos. Con el transcurso de los días fue tomando fuerza la demanda hacia la exigencia de la renuncia de Jeanine Añez, en un clima de tensión creciente donde se registraron ataques de grupos de la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, que responden al líder cívico Luis Fernando Camacho, intentando desbloquear las vías bloqueadas por los manifestantes.
“Se va cambiando la consigna de los movilizados, llegando a un segundo plano las elecciones presidenciales, que ya están pidiendo la renuncia de Jeanine Añez”, añadió Mamani.
