Renta Universal, “pospandemia” y una salida “criolla” al problema del trabajo.
Este lunes comenzó la tercera ronda del pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que tuvo sus inicios en junio como una respuesta para las personas “vinculadas al sector informal de la economía”, quienes “sufren una severa pérdida de sus ingresos durante el período de cuarentena” según detalló el boletín oficial.
Según información que Tribuna ha registrado anteriormente, el Gobierno lleva invertidos alrededor de $250.000 millones en programas de empleo, salarios complementarios o bonos específicos por actividad autogestionada o cooperativa. De los programas podemos destacar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que consta de un ingreso único de $10.000, y se replicó tres veces en lo que va de la cuarentena, llegando a casi 9 millones de trabajadores.
Luego, al encontrarse con que muchos trabajadores no pudieron cobrar el IFE, a través del Potenciar Trabajo (que contempla dos programas: Hacemos Futuro y Salario Social Complementario) 260.000 personas obtuvieron un bono único de $3.000.
Contexto latinoamericano
Ante la caída del 5,3% del PIB en América Latina y el aumento del desempleo de 3,4 puntos porcentuales, “en 2020 la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región).
Países de la región vienen promoviendo transferencias de ingresos a las familias como el Bono Familia en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia que entregó 500 bolivianos (70 dólares) por única vez a las familias de escasos recursos con hijos que asisten al nivel escolar primario y que no puedan acceder al desayuno escolar durante el tiempo que dure la cuarentena.
En el caso de Brasil se ha aprobado un bono de emergencia para trabajadores independientes o informales cuyos ingresos per cápita mensuales sean inferiores a la mitad de un salario mínimo. El bono es de 600 reales mensuales por persona (117 dólares), con un máximo de 1.200 reales por familia, durante tres meses.
Debate por una Renta Universal
En ese marco, en las últimas semanas comenzó a circular con más presencia un debate acerca de la implementación de una Renta Básica Universal (RBU) que tendería a reemplazar el actual IFE. Si bien no existen aún decisiones concretas acerca de la política, justamente los actores comienzan a tomar posición al respecto de su dirección que involucra una discusión en el interior del trabajo.
En este caso, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo había mencionado anteriormente que en Argentina hay que pensar en la “post pandemia”, y para ello mencionó un programa de reconstrucción social que incluye tres líneas principales. Por un lado, el actual IFE en vista a reconvertirse en un ingreso corriente (RBU), segundo el Plan Potenciar Trabajo, y por último la urbanización de 4000 barrios del país.
“Creemos que los puestos de trabajo masivos se van a dar en la construcción (de veredas, viviendas e infraestructura básica), en la producción de alimentos (como huertas, granjas y panaderías), en el rubro textil, en la economía del cuidado de personas y en el reciclado. En esos cinco sectores vemos mano de obra intensiva”, declaró el ministro este lunes a FutuRock.
También la Cepal, presentó en su último informe “El desafío social en tiempos del COVID-19” una descripción de la situación para América Latina, e instó a promover un ingreso básico para satisfacer las necesidades y sostener el consumo.
Según el organismo de Naciones Unidas es menester “que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida” estipulando un primer plazo de entre tres y seis meses.
“Como promedio para los países de la región, el costo de las transferencias monetarias varía entre un mínimo del 0,2% del PIB por una transferencia equivalente a una línea de extrema pobreza (67 dólares de 2010) durante tres meses para todas las personas mayores de 65 años y un máximo del 9,8% del PIB por una transferencia equivalente a una línea de pobreza (143 dólares) durante seis meses para todas las personas (transferencia universal)”, concluye Cepal.
El debate por la renta universal viene tensionando las miradas acerca de la posición que ocupa el trabajo en el mundo y la necesidad del capital de apropiarse de la fuerza laboral. Ello quedó demostrado en la pandemia por medio de los rubros que no cesaron actividades.
En relación a la implementación sobre la renta universal, el Secretario de Economía Social de Nación, Emilio Pérsico, adelantó en Forbes Argentina que “somos muy agradecidos de los subsidios pero hay que ir hacia el trabajo porque sino el subsidio termina enfermando a la sociedad. El trabajo es el ordenador de la sociedad”.
Políticas o parche
Para Enrique Martinez, ex director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y actual miembro del Instituto para la Producción Popular el problema en torno a la creación de un Ingreso Ciudadano Universal no modifica las causas de reducción y de exclusión del trabajo, sino que “en el mejor de los casos es un aporte parcial para atenuar los daños que el mercado causó – y seguiría causando – a una fracción enorme de la población”.
En una nota reciente titulada “No podemos fracasar. El trabajo para todos es el auténtico camino” sostiene que “devolver a los expulsados y humillados del sistema parte de los ingresos perdidos, a través de la asistencia pública, se convierte en un hecho temporal y altamente frustrante, si aquellos que diseñaron la forma en que opera el mercado mantienen intacto su poder de seguirlo haciendo”.
“Resulta necesario primero desarmar la economía dependiente del dólar y recuperar plenamente la soberanía monetaria. Esa, a su vez, es condición necesaria para intentar reducir la inflación a valores mínimos”.
“Es imperativa una modificación de la ley de inversiones extranjeras, considerada una de las normas más favorables para este flujo de capital en el mundo. Ese cambio debe traducir a un escenario práctico el hecho que las inversiones externas deben ser bienvenidas por su aporte tecnológico y por su generación de trabajo y valor agregado, pero no pueden ser parte del problema que nos deja sin divisas”.
Utilizar sus déficits fiscales para promover nuevas actividades o mejorar la productividad de otras existentes, antes que a subsidiar corporaciones o personas. Estas dos condiciones requieren además un Estado que regule la actividad financiera; que evite que el sistema bancario se convierta en un factor de inflación de costos, concluye Martinez.
Un plan marshall criollo
Retomando una de las líneas que promueve Daniel Arroyo, y tal como venía adelantando Juan Grabois, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) este lunes se presentó el Plan General San Martín (también llamado Plan Marshal Criollo).
El mismo anticipa en sus objetivos la creación de cuatro millones de puestos de trabajo directos; crear y revivificar pequeños pueblos; crear nuevos barrios: lotes con servicios para una nueva vida; dar tierra al que la trabaja: núcleos agrícolas de pequeña escala y comunidades agrarias organizadas y promover energías renovables.
Dentro de los aspectos negativos reconoce la cantidad de beneficiarios que han accedido al IFE como población en emergencia sumado a un descalabro de planes de seguridad social completamente descoordinados.
Para ello propone la creación de un Fondo fiduciario (Fondo Mugica) de 750.000 millones de pesos anuales para financiar los módulos de trabajo comunitario. Estos serán ejecutados por los Consorcios de Cogestión Comunitaria (CCC) (movimientos sociales, iglesias, municipios, sindicatos). Existen ocho módulos que se encuentran divididos en: Economía Popular, Integración Urbana, Agricultura Familiar, Sedronar, Enacom, Ambiente, Cultura, y Justicia.
Entre los principales referentes sindicales que se sumaron a la iniciativa están Gerardo Martinez (UOCRA), Pablo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli y Laura Avalos (SMATA); Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Por las organizaciones, Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), Esteban Castro (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie y subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán) y Cristina Romo (Movimiento Popular La Dignidad).
