El crimen de Valentino Blas Correas, baleado en la espalda por efectivos policiales en Córdoba, conmovió la opinión pública y sacudió la cúpula de las fuerzas de seguridad.
Hace dos semanas, Valentino Blas Correas, un joven de 17 años, fue asesinado de un disparo en la espalda por policías mientras se trasladaba con cuatro amigos en un auto en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Tras este nuevo caso de gatillo fácil (el quinto desde que comenzó la cuarentena), el Ministerio de Seguridad de la provincia removió de sus cargos a los comisarios Gustavo Piva (Dirección General de Seguridad Capital), Rubén Turri (subdirector de la Zona Norte) y Gonzalo Cumplido (subdirector de la Zona Sur).
En su reemplazo, El ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, nombró a la comisaria mayor Liliana Rita Zárate (Direccion General de Seguridad Capital) y los Comisarios Mayores Walter Lujan (Zona Norte) y Víctor Di Stefano (Zona Sur). La flamante directora es licenciada en Seguridad de la Universidad Nacional Villa María, fue directora General de Investigaciones, de Drogas Peligrosas y del Centro de Comunicaciones y Video-Vigilancia, entre otros.
Además, en el marco de la causa hay dos policías detenidos e imputados por “homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego” y se investiga a otros cuatro efectivos por ‘encubrimiento (ante la sospecha de que “plantaron” un arma en la escena del hecho) y omisión de los deberes de funcionario público.
En reclamo de justicia y contra el abuso policial, se realizó una masiva marcha de silencio el jueves pasado en el centro de Córdoba. Por otro lado, las organizaciones gremiales de Adiuc (docentes universitarios), La Bancaria, UOGC (Gráficos), STIA (trabajadores de alimentacion), la CTA de los Trabajadores y la CGT exigieron el cese de la violencia institucional y se solidarizaron con la familia del joven.
Trabajadores sin gremio
La Corte Suprema de Justicia de Nación ratificó la validez constitucional de la ley que impide la sindicalización del personal penitenciario de Córdoba. La Justicia sostuvo el fallo del Tribunal Justicia provincial, tras un amparo presentado por Adriana Rearte, agente retirada del servicio penitenciario, y la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba para que se autorice a los trabajadores de esa fuerza a formar un sindicato.
Por mayoría, el máximo tribunal fundamentó el fallo con un antecedente que resolvió en 2017: la causa “Sindicato Policial Buenos Aires contra Ministerio de Trabajo sobre ley de asociaciones sindicales”, donde se escogió recurrir a la normativa interna de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que afirma que el derecho a sindicalizarse “está sujeto a las restricciones o prohibiciones que surjan de una ley formal”.
La ley provincial 8.231 apunta que “queda prohibido al personal penitenciario en actividad agremiarse, o efectuar proselitismo sindical o político en el ámbito de la institución”. La presentación data desde 2013, cuando una huelga del personal policial terminó con saqueos en la ciudad de Córdoba. El abuso y largas jornadas laborales suelen no encontrar destinos para realizar denuncias y recaen sobre un Tribunal de Conducta cercano a la conducción de la fuerza.
