La central de camioneros CNTC y el gobierno acuerdan el impulso de medidas “contra el terrorismo” tras una semana de paro nacional.
En Chile, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) y el gobierno de Sebastian Piñera llegaron a un acuerdo por una inversión de 5.600 millones de pesos chilenos (alrededor de 7 millones de dólares estadounidenses) en infraestructura policial para “combatir la peligrosidad” en varias regiones del sur del país y programas de apoyo e indemnizaciones a las familias de los conductores afectados por ataques sufridos en el sur del país trasandino (537 camiones incendiados, según Villagrán, titular de Fedesur).
El pacto puso fin a una huelga a nivel nacional que cortó durante una semana los principales puertos y 50 carreteras con dirección a Santiago, generando problemas en el abastecimiento de alimentos y en los traslados de personal y material médico.
La CNTC es una de las tres confederaciones de propietarios de camiones que existen en el país; las otras dos, que no se sumaron al movimiento, son la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la más numerosa; y Chile Transporte, que reúne a las grandes compañías transportistas.
Desde la presidencia, emitieron un comunicado con los detalles del acuerdo, que se concretará a través de la formación de una mesa de trabajo conformada por el Gobierno, representantes del gremio camionero y las fuerzas de seguridad. Los puntos que se destacan son el “Apoyo económico a las víctimas de terrorismo”, “Vigilancia en la ruta con cámaras adicionales, cámaras térmicas, lectores de patente en peajes e iluminación de nuevas zonas” y “Mejora en los estándares de seguridad de las carreteras, con tecnología avanzada”.
La medida busca además acelerar la tramitación en el Congreso de 13 proyectos de ley presentados por el gobierno, entre ellos la modernización de carabineros y policía de investigaciones, la ley de control de armas y la fiscalización de supuestos actos terroristas en la zona de Araucanía.
La Araucanía, es donde se concentra el llamado “conflicto Mapuche”, la etnia originaria de Chile, cuyas tierras y propiedades fueron arrebatadas primero por los conquistadores españoles y, posteriormente, por el propio Estado chileno, que las ocupó militarmente y con dura represión, para después entregarlas a terratenientes y a grandes corporaciones forestales durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
En este contexto, durante los últimos años las organizaciones de resistencia mapuche han incrementado sus acciones reivindicativas por la recuperación de territorios despojados, demandando el reconocimiento oficial del Estado, respeto a su cultura y a sus valores ancestrales y exigiendo autonomía territorial.
La rápida resolución al conflicto, sumado a la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad para con el mismo frente al carácter represivo de otros reclamos, generó la indignación de amplios sectores de la sociedad, que señalan una explícita complicidad del gobierno de Piñera para con la CNTC para impulsar sus políticas de seguridad.
