Todos los 21 de septiembre se celebra el día, aunque sus protagonistas poco tienen para festejar en este contexto. Retomamos la experiencia de 2018 con entrevistas a estudiantes que fueron procesados en las tomas.
El último lunes pasó un día del estudiante particular, donde las actividades comúnmente realizadas en la fecha fueron impedidas por el contexto de encierro y la situación del cursado atraviesa dificultades nunca antes vistas con la modalidad virtual.
La educación en general, como en otros sectores del trabajo, adoptó nuevas formas a reacción del momento que se vive por la pandemia, donde no se está dando respuestas efectivas al problema de acceso por medio de las herramientas necesarias, cuestión que se repite a lo largo y ancho del país.
En dicho marco, las complejidades del cursado afloran y se manifiestan a través de la deserción y las demandas que se vienen realizando en varias provincias respecto a políticas públicas que garanticen computadoras e internet para ampliar la base de acceso a la educación pública.
Festejo del 2018
En la historia reciente, los ataques realizados a la educación pública a través del desfinanciamiento afectó profundamente la realidad de los estudiantes, viéndose obligados a salir a las calles contra dichas políticas de gobierno.
En ese contexto, el festejo del día del estudiante en el año 2018 estuvo signado por movilizaciones y protestas en todo el país en defensa de la educación pública ya que, el entonces ministro de educación Alejandro Finocchiaro, había dispuesto una serie de medidas que achicaba los recursos para la política educativa en las universidades.
A su vez, docentes universitarios se encontraban en plena protesta por su bajo nivel salarial y, tras las cada vez peores condiciones de vida de muchos trabajadores y trabajadoras de todo el país, desde muchos sectores se impulsaron protestas contra las políticas de gobierno.
Bajo esa situación, los estudiantes tomaron cerca de 30 universidades públicas y, en paralelo a las movilizaciones, se crearon diversas instancias de deliberación entre estudiantes y obreros en muchos puntos del país.
Estudiantes procesados
En la mayoría de las ciudades donde se tomaron ya sea facultades, edificios o la universidad completa, hubo amplios marcos de apoyo, aunque algunos estudiantes que participaron de esas medidas fueron el blanco para las autoridades universitarias y judiciales, denunciando a los mismos por “usurpación”.
Tribuna tuvo la oportunidad de conversar con dos estudiantes de la ciudad de Córdoba y de Rio Negro, que fueron procesados por el Poder Judicial, donde nos comentaron sobre el contexto de lucha del 2018 y las consecuencias que trae aparejada la situación en la actualidad.
Santiago es parte de la Asamblea interfacultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), un “espacio amplio de organizaciones y estudiantes independientes”. El mismo nos comentó que se los acusa “del delito de ocupación por despojo, por la toma del pabellón Argentina pero en realidad tuvo que ver con el proceso de movilización en todo el país”.
El movimiento del 2018 “fue uno de los más grandes y radicales de los últimos años. Acá en Córdoba Capital el rector (Hugo Oscar) Juri, también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, junto a (Alejandro) Finocchiaro definieron el desalojo del Pabellón Argentina”, edificio característico de la ciudad universitaria.
La imputación la realiza “la fiscal Graciela Lopez Filoañuk por usurpación y, posteriormente, queda en manos del juez Miguel Vaca Narvaja”. A pesar de ello, “el año pasado se avanzó en el procesamiento, lo que quiere decir que quiere llevarnos a juicio oral”.
Dicha medida “marca un precedente para disciplinarnos y un antecedente ante los sectores que luchan y se organizan para defender la Educación Pública”. A pesar de haber presentado todo tipo de recursos legales no se da marcha atrás, lo que demuestra que “el poder judicial no tiene sustento legal en la causa, por eso es una definición profundamente política”.
La forma de responsabilizarlos fue cuando, en representación de la asamblea de estudiantes, firmaron “un documento que definía una mesa de diálogo con el rector y a partir de eso nos sacaron los nombres y nos ubicaron. Fuimos miles de estudiantes que sostuvimos la toma, que nos movilizamos antes y nos movilizamos después, pero hoy somos 27 procesados”.
En términos más generales, “lo del 2018 fue un movimiento muy amplio, de apoyo a los docentes, pero también con la exigencia de reivindicaciones históricas que encuentran su canal de manifestación a través de las movilizaciones. La masividad fue una de las características”.
Por ello es que esta medida es considerada “en un marco general para criminalizar la protesta”, y se comprende que “la cuestión legal va a depender de la correlación de fuerzas que tengamos como campo popular y la presión que podamos ejercer”.
Por su parte, Agustín, de la Asamblea en Lucha de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) nos comentó que entre las consignas en 2018 se encontraban “desde mayor presupuesto, mayor democratización de los órganos de cogobierno, atención en la crisis edilicias y el acompañamiento a la lucha salarial docente”.
En lo particular de la UNRN “apenas se llevó a cabo la toma (votada en asamblea) fue judicializada por las propias autoridades y se abrió sumario a quienes participamos, lo que culminó con el desalojo por parte de gendarmería tres meses después en un operativo con mas de 120 efectivos”.
Pero allí no terminó todo, ya que en el desalojo se realizó una “represión a las afueras y detención de las compañeras adentro”, El saldo que dejó fue “9 procesados por usurpación y coacción agravada con pedido de elevación a juicio, 15 estudiantes suspendidos por 5 años y dos docentes exoneradas”.
En cuanto a la situación actual, Agustín dijo que “la pandemia dejó en evidencia la precariedad en la que está sumergida la educación del país”, ya que no todos “tienen acceso a wifi o una buena computadora como para seguir con los cursados” lo que genera un proceso de expulsión “dejando a la mayoría sin acceso a un derecho humano elemental”.
Por ello, con estudiantes procesados, con una deserción producto de herramientas a las que no se tiene acceso y una situación cada vez más compleja para exigir condiciones básicas de la vida educativa, no podemos hablar de festejo. Hoy se necesita más fuerza que nunca para reivindicar las demandas y consignas históricas de un movimiento que no se queda sólo en las aulas y lucha por aquello que le pertenece.
