Participantes de la toma de Guernica y organizaciones sociales se manifestaron contra el desalojo. Ante esto, el Poder Judicial pospuso la intervención para el 1 de octubre.
Para este 23 de septiembre estaba previsto el desalojo de las 2.500 familias que involucra la toma de tierras en la localidad de Guernica al sur del conurbano bonaerense, la toma más grande actualmente en nuestro país.
Como denunciaron organismos de Derechos Humanos y abogados defensores en la conferencia de prensa realizada esta semana, las condiciones que exige el protocolo para llevar adelante el desalojo de las 2.500 familias no estaban dadas. Este martes, tras un pedido de la Gremial de Abogados y Abogadas, la Defensoría Pública y el Ministerio de Desarrollo fue aceptada por la justicia una prórroga que pospone el desalojo hasta el 1 de octubre.
Andrés Larroque, Ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, pidió que se adopte esa medida para “continuar negociando una salida sin violencia”, con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.
Además, el ministro busca terminar el censo, que comenzó el viernes pasado, para conocer la identidad y situación de las familias que ocuparon las tierras, y así poder ofrecerles algún tipo de respuesta y de reubicación. De esta manera, desde el Gobierno bonaerense, intentarán convencer a las familias de que abandonen el lugar por sus propios medios con la certeza de que el Estado les va a dar una respuesta.
Guernica
Hasta el momento, los resultados del censo que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo bonaerense arrojaron que hay 2.344 casillas en el lugar, ocupadas aproximadamente por 10.000 personas, entre ellas 3.000 niños y niñas.
Según han expresado los ocupantes sufren la escasez de agua, luz, y vivienda con las necesidades básicas, además del miedo al desalojo por parte de la policía.
A dos meses de iniciado el proceso de recuperación de tierras son las propias familias y los delegados y delegadas, en su mayoría muy jóvenes, los que parcelan el terreno, preparan y reparten las ollas comunes, ayudan a levantar las casillas de las vecinas que están solas, expulsan a los oportunistas y se autodefienden de las agresiones externas, algunas de ellas provenientes de habitantes de los barrios linderos, y otras emanadas desde los medios de comunicación, y la Justicia.
Organizaciones sociales
Este lunes, diferentes organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo manifestando su oposición frente al desalojo anunciado por la Justicia penal de La Plata entre los días 23 y 25 de septiembre.
“Nosotros creemos que todos tenemos derecho a la vivienda digna y los vecinos de Guernica también y para esto la salida no es la represión sino el diálogo entre las partes en el conflicto. Estamos haciendo un fuerte llamado a los Gobiernos para que haya una salida con diálogo y sin violencia”, dijo Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.
“Las recuperaciones de tierras para vivir evidencian el estado de pobreza y de dificultad en el acceso a la vivienda, en pagar un alquiler. No se resuelve con desalojos ni patotas, sino con diálogo y la efectiva aplicación de la Ley de Hábitat”, planteó Silvia Saravia.
De la manifestación participaron el Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y el Movimiento Darío Santillán, entre otros.
Al día siguiente representantes de la toma hicieron una conferencia de prensa frente al Obelisco, acciones que favorecieron a la gestión de mesas de diálogo entre los vecinos de Guernica y ministros gubernamentales para, finalmente, postergar la fecha del desalojo a los primeros días del mes próximo.
La conferencia de prensa se abrió con la palabra de varios delegados y delegadas de la toma de tierras, quienes agradecieron la solidaridad y anunciaron que están decididos a resistir, “a no movernos de esa tierra en la que tanta esperanza hemos puesto, que recuperamos pacíficamente y de la que ahora quieren arrojarnos con violencia”. Y señalaron: “No somos delincuentes ni gente de mal vivir, somos trabajadores o desocupados, pero queremos tierra y vivienda para nuestras familias”.
Plan de desalojo
Frente a la prórroga que concedió el juez de garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, a pedido del Poder Ejecutivo provincial, el gobernador Axel Kicillof busca terminar de diseñar el modelo de reubicación de 2.500 familias.
Si bien hasta ahora no hubo acuerdo con estas, se decidió utilizar como herramienta para esa tarea, el censo que realizó el equipo del ministro de Desarrollo de la Comunidad. Así, la distribución de las tierras será según el municipio de origen de los que están allí asentados.
El cuestionario reveló que del total de encuestados la gran mayoría son de Guernica y que el resto provienen de distritos cercanos como Almirante Brown o de localidades algo más lejanas como Quilmes y de La Matanza.
La respuesta que está evaluando la provincia es conseguir tierras para trasladar a estas familias acudiendo a los intendentes. Pero, suponiendo que cada una de estas localidades, lugar de origen de los encuestados, tengan tierras disponibles, el segundo problema que existe es el económico: los costos para trasladar a las familias, muchas de ellas con niños pequeños, personas con discapacidades u otro tipo de vulnerabilidades, sumado a una ayuda monetaria para la construcción de las viviendas.
“Para que el traslado de la gente de la toma de Guernica ocurra y retornen a los municipios de origen, tienen que haber algunas partidas de provincia o algún consenso entre los intendentes para que haya un plan social de viviendas sociales. Dejarlos en un terreno vacío es lo mismo que volver a los asentamientos. La gente tiene que volver a sus municipios, pero con un plan de vivienda social, porque sino el problema es doble. Solo se pueden resolver los problemas habitacionales con programas completos de viviendas sociales, no es que basta con darles un terreno y que se las arreglen para construir” dice uno de los intendentes de Zona Oeste del conurbano bonaerense.
Déficit habitacional
La crisis estructural y económica junto con la pandemia, arrastraron a miles de familias a una situación desesperante. Alquileres impagables, desocupación alarmante, aumentos de precios y la falta de una salida a la vista empujaron a miles y miles en el país a buscar las soluciones que el sistema no prevé.
Sumado al déficit habitacional que azota a todo nuestro país, esta semana venció el decreto 320/20 que congela el precio de alquileres y suspende los desalojos. Aunque se resolvió la prorroga del decreto, no hay plazos establecidos, pero esperan que se extienda hasta enero del 2021.
Esta no es mas que una medida que alarga la agonía de familias enteras sin viviendas que cuando se les termine el contrato se enfrentaran a aumentos del 100 al 150% en el precio del alquiler para renovar. Familias que no pueden pagar esos aumentos pero tampoco mudarse por la exorbitante suma de dinero que implica ingresar a un nuevo departamento.
Por otro lado, hay un sector de inquilinos que ya fue desalojado, a pesar de la prohibición. Otro endeudado, que cuando finalice el decreto quedará en la calle, “esos son 700.000 sobre 3,5 millones de inquilinos”, declaró el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz.
Lo que hoy es la situación visible de 2.500 familias en Guernica, número mucho más amplio a lo largo de nuestro país, podría convertirse en la de más de 700.000 personas que, no solo luchan por sobrevivir día a día frente al sistema y la crisis que atraviesa nuestra región, sino que ahora también viven la incertidumbre de no saber cuando, lo que hoy es su hogar, dejará de serlo.
