La disputa en torno a la herencia de la familia Etchevehere, generada a partir del anuncio del “Proyecto Artigas”, vuelve a dividir las aguas por el conflicto de las tierras en Argentina.
Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al tiempo que denunció a sus tres hermanos por administración fraudulenta y violencia económica, anunció la cesión del 40% (1.344 hectáreas) de los terrenos que le corresponden por herencia para la formación de un proyecto agroecológico, sustentable y cooperativo en la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos.
El denominado Proyecto Artigas plantea “un modelo agroecológico sustentable y productivo. Hay 50 trabajadores realizando labores en ese campo junto a ingenieros agrónomos y los chicos de Jóvenes por el Clima, que están asesorando en cuestiones agroecológicas y de sustentabilidad”, explicó Juan Grabois, dirigente social y representante legal de Dolores. “Una parte considerable se va a destinar a comedores comunitarios y escolares y el resto será para sustento de las familias que se van a arraigar en esas tierras, quienes ya son propietarios de manera colectiva”, añadió.
Por su parte, la familia del ex ministro de Agroindustria presentó un escrito a la Justicia, donde se denuncia por delitos de acción pública contra los que participaron o hayan formado parte “en la comisión de hechos antijurídicos que, en aproximación típica, precipitaron en el delito de usurpación“. Además, se solicitó una orden de desalojo a la Procuración General de Entre Ríos.
El día de hoy, la Justicia provincial, representada por la jueza María Carolina Castagno, falló y ordenó el reintegro de la propiedad a Las Margaritas SA, de la familia Etchevehere. “Una vez más la Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos”, acotó Dolores Etchevehere.
Conflicto en escala
A lo largo del desarrollo de este conflicto, lejos de quedarse en una disputa familiar, ganó terreno en la agenda mediática, movilizando y posicionando actores en torno a la consigna de la propiedad privada.
Vecinos de Santa Elena y la región realizaron un acto de apoyo al Proyecto Artigas, en la entrada de la Escuela Agrotécnica N°151 reclamando por las tierras del instituto y del ex frigorífico de Santa Elena, cuyas 370 hectáreas donde arrendatarios y pastajeros que trabajaban esos campos fueron desalojados por la familia Etchevehere.
Por otro lado, más de mil productores de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires se movilizaron hasta el predio para apoyar a Luis Miguel Etchevehere. En el mismo lugar, sólo separados por un cordón policial, se congregaron manifestantes de organizaciones sociales en apoyo a los militantes que ingresaron a Casa Nueva.
Además, entidades rurales como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Mesa de Enlace de Santa Fe, entre otras, se declararon en estado de alerta y repudiaron la “toma” de tierras, denunciando la usurpación y pidiendo al Estado que garantice el derecho a la propiedad privada.
“Si esperamos a que la justicia actúe dormiremos el sueño de los inocentes. Lo que queremos decir es que del mismo modo que actúan los usurpadores lo haremos nosotros para cuidar lo que nos pertenece”.
Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor).
Pero a su vez, además de exigir el derecho de la propiedad privada, varias de estas entidades reclamaron al Estado un posicionamiento en contra de tomas que se desarrollan en otros puntos del país. Matías De Velazco, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, señaló que “ante los problemas de usurpación de tierras creemos que el gobierno nacional no es claro a la hora de dar su opinión”.
Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural: “Hay grupos muy violentos como los que estan actuando en el Sur de nuestro país, que no solo invaden la propiedad ajena sino que causan destrucción y ponen en riesgo la integridad física y hasta la vida misma de personas. Sus motivaciones son políticas, desafiantes y desestabilizadoras. Tienen conductas más cercanas a los métodos del terrorismo que a la de reivindicar supuestos derechos”.
Propiedad para algunos
De acuerdo al Censo Agropecuario, en los últimos 16 años se perdieron 90 mil familias agricultoras en todo el país. En consecuencia, Argentina, con una tasa de urbanización del 93%, se encuentra entre los países más urbanizados del mundo.
Según un informe de la ONG española Oxfam, el 0,94% de los dueños de las grandes extensiones productivas maneja el 33,89% del territorio argentino. Además, la ONG señala que en Argentina existen 246.947 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) registradas, que ocupan 23,2 millones de hectáreas. El 83% de esas UPA solo abarca al 13,3% del total de tierras lucrativas del país.
Otro dato para abordar el conflicto en torno a la propiedad de las tierras son las 1.800 ocupaciones que hay a lo largo del territorio nacional, en enclaves como Magaldi (Rosario, Santa Fe), Los Ceibos y Guernica (Buenos Aires), el Parque Nacional Nahuel Huapi (Chubut y Río Negro) o la misma Villa María.
Por el momento, se impone la ley del más fuerte. La última semana, entre forcejeos con la policía provincial que disparó balas de goma, integrantes de la comunidad aborigen Tusca Pacha fueron desalojados de terrenos ubicados sobre el margen del río Los Alisos, en la localidad de Palpalá, Jujuy.
El desalojo se produjo a partir del conflicto entre la comunidad y una empresa inmobiliaria que reclamó en la Justicia la propiedad de las tierras: dos hectáreas utilizadas para el mantenimiento de una huerta comunitaria y un maizal.
El día de hoy, en un violento operativo, más de 4.000 efectivos bajo la dirección de Sergio Berni, realizaron a primera hora de la mañana el desalojo de la toma de Guernica, donde hubo heridos y más de 30 detenidos.
