El sur occidente de Colombia tienen una geografía particular la cual se encuentra marcada por diversos procesos históricos, que a su vez dan forma al sentido social de la protesta y de la represión que hoy vive ese territorio. En primera instancia las estructuras coloniales que se instauraron dividieron el espacio en dos grandes bloques, por un lado se encuentra la hacienda en las tierras más fértiles del valle hidrográfico, convirtiendo dicha unidad de producción en la base de las élites agroindustriales y políticas del Valle del Cauca; en contraparte los territorios de la cordillera se constituyeron como frontera agrícola, de palenques y resguardos, alojando a la población mestiza, cimarrona e indígena, quienes en la actualidad chocan con los intereses expansionistas del modelo agroindustrial que despojo sus territorios y confino a la población a las montañas.
Así mismo este territorio manifiesta continuamente las disputas entre los actores anteriormente expuestos, generando una ontología de la resistencia, la lucha y el conflicto social, lo cual ha legado las reivindicaciones de los pueblos indígenas, campesinos y negros, mediante expresiones de movimientos sociales, comunitarios o insurgentes. En contraparte también se ha estructurado fuerzas políticas de origen conservador, que mantienen su posición bajo la captura de los poderes regionales del Estado, generando coerción mediante el uso de la fuerza pública y en muchas ocasiones de actores armados paramilitares.
En continuidad Cali presenta la intersección de sistemas de exclusión social basados en el racismo estructural, los cuales se evidencian en el 19% de desempleo, aunado al 49% de la informalidad, en una ciudad donde el 70% de sus ciudadanos son afrodescendientes. Este panorama se torna más complejo dada la dinámica del conflicto armado presente en los departamentos circundantes, que tiene como combustible las economías ilegales, generando así circuitos de violencia que terminan por ubicar en la ciudad a 205 mil personas víctimas de la guerra.
Por último es importante mencionar que la economía agro exportadora y agroindustrial del Valle del Cauca ha tejido sus relaciones políticas con otros sectores terratenientes del país, en especial con el Sindicato Antioqueño, FEDEGAN, FEDEPALMA, aunado a otros agentes que concentran la tierra en Colombia. Estas relaciones son fundamentales, ya que son la base económica del poder político de los partidos Centro Democrático y Conservador, conjunto de las múltiples vertientes ideológicas de la derecha en el país, quienes frente a la amenaza de cambio reacción de manera frontal utilizando los diversos mecanismos de contención y represión.
En tal sentido al conjugar los elementos antes planteados, se comprende por qué la ciudadanía de Cali y el sur occidente, se ha manifestado de manera contundente en el Paro Nacional contra las reformas regresivas del gobierno, ya que viven en carne propia la relación equidistante producto de la desigualdad social. Esto a su vez se compagina con la infructífera gestión de la pandemia, donde no se brindan las garantías para el acceso a las políticas sociales del Estado, dado el enfoque negligente y de mercado con que se ha enfrentado la crisis sanitaria a nivel nacional.
Por ello de manera diversa, pero contundente se ha expresado el pueblo caleño en las calles, llevando consigo las múltiples reivindicaciones que ha acumulado, algo parecido a una rebelión contemporánea de los cimarrones, que en su búsqueda de libertad se han cansado de huir plantando cara al oprobio. Pero las acciones de protesta no pueden ser bien recibidas por las élites regionales, quienes observan como se derrumba los símbolos coloniales de su poder y como se bloquean sus fuentes económicas, empezando a percibir con temor el tránsito político que está teniendo la sociedad colombiana en su conquista de la paz, la equidad y la democracia.
Pero las acciones de protesta no pueden ser bien recibidas por las élites regionales, quienes observan como se derrumba los símbolos coloniales de su poder y como se bloquean sus fuentes económicas, empezando a percibir con temor el tránsito político que está teniendo la sociedad colombiana en su conquista de la paz, la equidad y la democracia.
De esta manera el gobierno nacional enfrenta los problemas políticos de la nación con medidas autoritarias, violando el orden constitucional, los acuerdos internacionales en materia de protección de los derechos humanos, todo con el fin de quebrantar la voluntad de la ciudadanía que se encuentra volcada a las calles. Por ello utiliza el poder de fuego de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra la población, desplegando así una estrategia compleja de represión, la cual está orientada a generar pánico, incertidumbre y odio en las personas.
Esta estrategia focaliza sus esfuerzos represivos en la noche, dado que es más complejo comprender la situación, registrar los hechos y visibilizar frente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Por eso la masacre se consolida como mecanismo de sujeción del poder, para lo cual se realizan ejercicios de legitimación mediante grupos de choque ciudadano, cortes de luz sectoriales, sumado a cadenas de desinformación en redes sociales y a la censura de Internet.
En continuidad se despliega una matriz informativa que trivializa, descontextualiza y forma opiniones favorables a la intervención militar, apoyando su narrativa en las orientaciones políticas de Álvaro Uribe Vélez, quien en este momento es el conductor del genocidio político que se está desarrollando contra los jóvenes desarmados que protestan. En medio de los mensajes se utiliza la presión de un posible desabastecimiento de alimentos, la perdida del monopolio de las armas, la desintegración estratégica del Estado y la estigmatización de los protestantes al ligarlos con grupos armados ilegales, sumado a utilizar la negociación fragmentada con el fin desarticular a los gremios, para evitar la contundencia del paro nacional, dejando de esta manera solas a las personas que se movilizan en los barrios populares.
Aun así, los medios de comunicación insipientes de las comunidades, la indignación colectiva de tantos años y la coyuntura siguen manteniendo la movilización, rompiendo el cerco mediático y dando a conocer que las reivindicaciones son estructurales ademas de justas. Por ello la salida en falso que ha tomado el gobierno al utilizar a Cali como laboratorio de guerra solo alimenta más la movilización, dado que en este momento los movimientos sociales, organismos internacionales y Estados del mundo entero comprenden que Colombia es un Estado fallido y totalitario.
Ivan Dario Rojas Moreno- Especialista en memoria colectiva, derechos humanos y resistencia CLACSO.- Especialista en metodologías de investigación social CLACSO.- Licenciado en ciencias sociales UPN.
