Las tarifas golpean el bolsillo de todos los trabajadores que enfrentan con sus salarios los aumentos, mientras tanto las empresas del sector siguen extrayendo grandes ganancias.
El Gobierno Nacional aprobó la semana pasada un aumento del 9% en la tarifa eléctrica, dejando atrás la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada en diciembre de 2019, la cual congelaba las tarifas debido a ser consideradas un servicio esencial para la población.
El Poder Ejecutivo, cuando puso freno a la ley, comenzó a negociar con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) el aumento.
Esta situación tensionó a todo el arco político, con Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, y Martin Guzmán, Ministro de Economía, apuntando hacia el subsecretario de Energía, Federico Basualdo pidiendo su renuncia al cargo ya que no avanzó con un plan de segmentación de tarifas. Además Guzmán asegura que no se administraron los aumentos necesarios para bajar los costos que el gobierno viene pagando por subsidios al sector energético.
El aumento de los gobernadores
Este panorama nacional también hace eco en cada una de las provincias. Los gobernadores decidieron aumentar las tarifas por medio del Ersep (Ente Regulador de Servicios Públicos) el cual autorizó en la provincia de Córdoba un aumento a Epec del 9,88% promedio para la Residencial; 10,26% para la General y de Servicios; y 5,26% para Grandes Consumos.
Esto da un total acumulado desde el 2019 de 38,8% de aumentos para la ciudad cordobesa a diferencia de CABA que no recibe aumentos en la tarifa eléctrica desde abril del 2019, diferencia que las empresas logran obtener de las partidas presupuestarias de los gobiernos de turnos en concepto de subsidio.
Las provincias de Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Rio Negro, San Luis, entre otras, también sufrieron aumentos debido al vencimiento del congelamiento de la tarifa eléctrica, llegando algunas al 37% como en el caso de Tucumán.
Reforma del sistema eléctrico
A fines de 1989, en medio de una situación de hiperinflación, se llevó a cabo la privatización generalizada de las empresas productoras de energía. Esta venta fue por un total de 9.700 millones de dólares en efectivo y 13.400 millones de dólares en valores de títulos.
Transener SA, principal empresa de transporte de energía de alta tensión, de la firma Pampa Energía, acumuló ganancias neta consolidada atribuible a los propietarios de $ 440 millones para el primer trimestre de 2021, un 70,4% inferior a los $ 1.500 millones del mismo período del 2020.
Uno de los servicios que se privatizó fue la distribución eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires, que estaba en manos de SEGBA y fue dividida en las actuales Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (EDENOR SA), Empresa Distribuidora del Sur SA (EDESUR SA) y Empresa de Energía de La Plata SA (EDELAP SA).
A su vez, en 1992 se creó Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), ideada para concentrar y nuclear los tres segmentos del sistema eléctrico: generación, transporte y distribución. La misma se encarga de comprar la energía a quienes la producen para vender posteriormente a quienes la distribuyen.
El 20% de las acciones de esta compañía pertenece a la Secretaría de Energía de la Nación, mientras que el 80% restante es propiedad de las 46 empresas generadoras agrupadas en su asociación (AGERA), las 11 transportistas (ATEERA), las 48 distribuidoras (ADEERA) y las 72 grandes consumidoras (AGUEERA) por partes iguales. En esta última, los socios son Minera Alumbrera, Loma Negra, Siderar, Acindar, Techint, Shell, Chevron, Arcor, Nidera, Bincenti, Bunge, Telefónica, Papel Prensa, entre otras.
Es decir que en la mediación entre estas 4 asociaciones empresariales el Gobierno Nacional intenta negociar cuánto aumenta la tarifa para el hogar de cada argentino. El incremento real en pesos (descontados los efectos de la inflación) entre 2016 y 2019 fue de 731% en el kilovatio-hora (costo variable), yendo a parar a las empresas que lograron extraordinarias ganancias durante el mismo período.
El aumento de las tarifas pone en una situación aún más complicada a los trabajadores que deben pagar aumentos excesivos con sus salarios – en su mayoría de pobreza-, mientras que las grandes ganancias que se consumen por parte de estas empresas sobrepasan año a año la expectativa de recaudación.
