El fin de semana se desarrollaron las elecciones en Chile. En paralelo a la renovación de alcaldes y gobernadores por regiones se eligió la Convención Constitucional, que se encargará de redactar una nueva Constitución rechazando la herencia del dictador Pinochet, tras la revuelta popular del 18 de octubre de 2019.
Ver: Recuperar nuestra dignidad
Durante el sábado 15 y el domingo 16 se desarrollaron los comicios para la distribución de los 155 escaños posibles.
Un escaño se refiere a un puesto de los parlamentarios en las cámaras de representación.
La lista “Vamos por Chile” obtuvo 37 escaños (23%), “Apruebo Dignidad” 28 escaños (18%), “Del Pueblo” 27 (17%), “Otros” 27 (17), “Apruebo” 25 (16%) y “Nueva Constitución” 11 escaños (7%).
De esta manera, las listas coaligadas a la ortodoxia neoliberal del oficialismo de Piñera no alcanzaron el tercio del total que les permitía el veto de los artículos que se redactaran. Quedan por encima de las listas conformadas por los partidos tradicionales la de los “independientes” con el 41%, con el 34% las listas socialdemócratas (“Apruebo Dignidad”/“Apruebo”) y 23% para la oficialista neoliberal de Piñera (“Vamos por Chile”).
En cuanto al marco de participación, se contabilizaron poco más de 6.3 millones de votos, con una participación del 42,5% y una abstención del 56,5%.
Ante la atenta mirada de los banqueros
Los relatos llegaron al mercado como si un fantasma corriera la voz y el lunes la Bolsa de Comercio de Santiago cayó un 10% de su valor.
Tras las elecciones, algunos banqueros miraban con recelo lo sucedido, luego que el partido oficialista no alcanzara el ⅓ necesario que le daría derecho a veto.
JPMorgan, en un reporte sobre la situación en Chile comentaba: “La composición de la Convención Constitucional es peor de lo que esperaba el mercado y aumenta las posibilidades de ver cambios poco ortodoxos en el marco económico incluidos en la nueva Constitución. Este será un proceso largo y probablemente tendremos más claridad sobre los principales cambios y el tono de la discusión una vez que la Convención comience a reunirse en las próximas semanas”…”Probablemente lo más importante para las expectativas del mercado, es que la coalición gubernamental no está alcanzando un tercio de los escaños, que era el requisito para tener un veto sobre el contenido de la nueva Constitución”.
En este contexto, “los principales ganadores de las elecciones fueron las listas independientes, que tendrán algo más del 30% de los escaños. Estimamos que la mayoría de ellos (27,7%) pertenecen a listas de izquierda poco ortodoxas”.
Por último, JPMorgan menciona que “la coalición tradicional de centro izquierda también decepcionó, alcanzando solo el 16,1% de los escaños, mientras que la coalición de izquierda poco ortodoxa superó esa marca, alcanzando el 18,1% de los escaños”.
Al parecer los banqueros esperaban un plan “B” por parte de los socialdemócratas que tampoco lograron “salvarles” el menú.
Considerando todos estos resultados “creemos que el mercado reaccionará negativamente a esta noticia“, sentenciaba el JPMorgan.
Para el Citi analizar los resultados “es complejo y aún no está claro qué tipo de cambios podría discutir la Asamblea Constituyente”. Pero creen que es más probable que “la nueva constitución reconozca más derechos sociales, algo que podría impulsar el gasto fiscal y, por ende, los impuestos y hacer que la economía sea menos competitiva. Después de todo, si algo está claro, es la demanda de un cambio”. “Es probable que otras características importantes de la economía chilena no cambien mucho”, esperando que el banco central se mantenga independiente.
Resguardar los negocios
En una entrevista con El País, realizada al ministro de Exteriores de Chile, Andrés Allamand, dijo que: “Le diría a un inversionista extranjero que Chile es un país confiable, serio, democrático y con gran capital institucional, que será capaz de encauzar una grave crisis política por caminos institucionales alejados de la violencia y que va a mantener siempre el apego por el derecho internacional, lo que incluye el respeto con sus obligaciones contraídas en los tratados internacionales…”. “Hay que mantener, sin duda, algunos pilares claves del desarrollo económico chileno como el respeto a la propiedad privada, la iniciativa individual, el tratamiento no discriminatorio entre la inversión nacional y la inversión extranjera, que exista un sistema en general de reglas parejas para todos.”
Bajo estos preceptos que son parte del acuerdo no habrá alteración alguna con la nueva redacción de la Constitución en el marco de los acuerdos internacionales, lo que mantendrá vigentes todos los acuerdos de libre comercio del país.
Las venas abiertas
Chile cuenta actualmente con 27 tratados de libre comercio. Las desventajas establecidas en todos ellos son la base fundamental que permite la reproducción de un régimen de exclusión social y ganancias multimillonarios fugadas al extranjero que no han de tocarse mediante reformas legislativas.
Para tomar tan sólo uno de ellos. Chile es el principal proveedor de litio de la UE que es utilizado en la industria automotriz.
Ver: Litio: el material codiciado por las grandes firmas
En dicho acuerdo se establece un arancel cero para el comercio de productos de litio. Las propuestas de la UE para el nuevo acuerdo incluye un capítulo sobre energía y materias primas, que debería facilitar aún más el acceso de la UE a las materias primas chilenas.
Radiografía de la desigualdad
La (neo) liberalización económica desplegada por la escuela de Milton Friedman (“Chicago Boys”) construyo un Chile que favoreció la concentración de riquezas en un puñado de personas.
Según el informe de Riqueza Global de The Boston Consulting Group (BCG), sólo 161 chilenos acumulan el 20% de la riqueza del país, superando los 100 millones de dólares cada uno. Como contracara, la proyección de desempleo para 2020 supera los dos dígitos. Esa férrea distancia se sustenta en una Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), que legaliza directamente la apropiación de recursos esenciales por parte de capitales privados y niega el carácter de derecho de las prestaciones sociales básicas.
Al manejo de las principales ramas de la economía (financiera y minera) por parte del 1% de la población que controla el 26,5% del PBI, se agrega el manejo de la salud, la educación, los fondos de pensiones, el agua, la tierra, la energía, las obras de infraestructura urbana, prácticamente todo.
Este orden de las cosas es el que busca sostener el gobierno de turno y sectores progresistas que apelaron a la cruenta represión del pueblo en las calles, y luego capitularon el movimiento político al diálogo republicano. Llevaron al pueblo al escenario donde mejor se desenvuelven, y allí lo mantendrán con diversos artilugios institucionales.
Aunque algunos intenten adormecerlo con somníferos, el pueblo de Chile despertó, y ya nada volverá a ser como antes cuando ante la desigualdad se miraba para otro lado.
