Esta semana desde el Gobierno Nacional se implementó la restricción de exportaciones de carne intentando dar un freno al aumento de precios y combatir la reducción del consumo interno. Dicha medida se suma a la política de Precios Cuidados y al programa de carne accesible que el Presidente acordó con las cámaras de la carne y frigoríficos a principio de año.
Las definiciones cuentan con un grado de incidencia muy bajo y su efectividad es refutada por la propia realidad. Según el INDEC el aumento del IPC fue 4,1% en abril, superando el 17% el primer cuatrimestre. La mayor incidencia en dicho aumento fue del rubro de Alimentos y Bebidas. Dependiendo de la región del país, la carne vacuna y sus derivados ya lleva un aumento de entre 60 y 70% en los primeros cuatro meses del año.
Pero, veamos con mayor detenimiento esta cuestión. En el caso particular del sector cárnico durante el año 2020 los frigoríficos registraron una fuerte expansión al producir 3,7 millones de toneladas de carne vacuna y exportar casi un millón de toneladas por el valor de 3.400 millones de dólares, el mayor récord de los últimos 30 años. La suma total exportada representa el consumo de toda la población de Argentina durante unos 5 meses. Sin embargo, la caída del consumo en el país parece no tocar piso al alcanzar en abril los 48,2 kg/año per cápita, representando la demanda más baja en 100 años.
Todo esto es posible a costa de los hombros de miles de trabajadores que las grandes firmas del sector emplean en nefastas condiciones y con sueldos de miseria, cuestión que emergió a la superficie con la valiente lucha que llevan adelante en la planta de ArreBeef en la provincia de Buenos Aires. El propio Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad frigorífica (Nº 607/10) da riendas sueltas a una jornada de 12 hs y solo “el personal que cumpla jornada completa y continua, dispondrá de un lapso intermedio de treinta minutos (!!!) para descanso y/o merienda”. Si, una legislación que tranquilamente podría corresponder al feudalismo se implementa en pleno siglo XXI avalado por todo el arco político y celosamente implementado por los empresarios del sector.
Otro de los aspectos es la situación sanitaria, donde los recursos destinados a subsidios empresariales, programas de inversión y pago de deuda siguen siendo la prioridad frente al acecho del virus a la población en el desamparo. Los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud se declararon en emergencia, al igual que los trabajadores marítimos y portuarios reclamando la repartición de vacunas. Los canales de diálogo con los mismos parecen no ser una prioridad ante los eminentes sectores concentrados de la economía.
El avance de los intereses privados no encuentran límites en la legislación y los organismos de control del Estado garantizan su libre albedrío para los negocios. El sector agroexportador se terminó saliendo con la suya cuando 3 grandes empresas lograron comprar Vicentin con el aval del 90% de sus propietarios; se promueven leyes de prohibición de despidos que en la realidad no se cumplen; se cede ante las presiones de las firmas de telecomunicaciones y energía; entre otras situaciones.
Cómo vemos, en vez de atender las problemáticas urgentes relacionadas a la alimentación, vivienda, salud, etc., las reformas, regulaciones legislativas, debates parlamentarios, responden fácticamente a aquellos sectores que dicen combatir. Estas medidas ya no reflejan cabalmente la profundidad de la crisis, sino más bien la cubren de un velo que nos dificulta comprender su verdadero movimiento. Por ello, nuestra posición respecto a las políticas reformistas no pueden basarse en la buena voluntad de quienes intentan implementarlo, sino de su resultado en la realidad.
Ya en 1859, el corresponsal del New York Daily, Carlos Marx, escribió en un artículo que “debe de haber algo podrido en el corazón mismo de un sistema social que aumenta su riqueza sin disminuir su miseria”. Aquello que parece de antaño renace en cada ciclo de retracción económica donde amplias capas de la población se sumergen en la más honda pobreza.
Tenemos entonces una cuestión que algunos grupos de la sociedad parecen no comprender cabalmente u omiten por voluntad: por un lado, masas de familias trabajadoras empobrecidas, entorpecidas y dispuestas a servir de esclavas a un sistema “podrido”, mientras que, por el otro, una clase de propietarios acaudalados llevando a cabo su negocio con el aval de las políticas gubernamentales. Entre esos dos extremos se define el verdadero reparto que, con su existencia, se encargan de sostenerse mutuamente.
Tal situación nos obliga a buscar salidas radicalmente distintas que, sólo en su dirección consciente por parte de toda la población trabajadora, harán emerger ante el reino de la necesidad una sociedad que bregue por su principal y más urgente tarea: la conservación de la humanidad. Cada vez queda más claro que su elaboración no puede quedar en manos de otros, y dependerá de nosotros mismos marcar el camino de su inminente realización.
