Opinión por Tomás Silvano, estudiante de Ciencia Política de la UNVM
El 23 de junio, la Asamblea General de la ONU volvió a rechazar el histórico bloqueo norteamericano sobre Cuba. 184 votos a favor, tres abstenciones y tan solo 2 votos en contra, los números que muestran la posición de un mundo que llama a finalizar esta política anacrónica.
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, así se titula la Resolución que año a año (desde 1992) el gobierno cubano propone en la Asamblea General, el órgano más representativo de las Naciones Unidas.
El título deja poco a la imaginación y denuncia una lucha histórica del pueblo cubano: que los Estados Unidos cesen una política unilateral y criminal que afecta gravemente las condiciones sociales y económicas de la población cubana y que impide las posibilidades de desarrollo al Estado caribeño.
El argumento del país norteamericano para sostener el bloqueo es la necesidad de que el gobierno cubano ceda y genere un proceso de democratización, de apertura de su economía y de respeto a los derechos humanos. Pero lo cierto es que el bloqueo genera pérdidas millonarias a la isla, empeorando la calidad de vida y las posibilidades de avance y desarrollo de Cuba.
La continuidad en la política exterior norteamericana.
El proceso revolucionario todavía estaba caliente, y en el plano internacional se vivía un clima de tensión por las disputas entre los bloques de la guerra fría. Es en este marco que en 1962, bajo la presidencia de John F. Kennedy, Estados Unidos decide, de manera unilateral, el bloqueo comercial a la isla para sofocarla económicamente y así lograr la caída del gobierno revolucionario.
A lo largo de los años la relación entre ambos Estados fue sumamente tensa, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas. Los vínculos mínimos existentes se estancaron en la década del ‘80 bajo los dos mandatos de Ronald Reagan.
En 1992, se sanciona la llamada “Ley de Democracia Cubana” que fija la política entre Estados Unidos y Cuba. El bloqueo se institucionaliza y se permite al Presidente norteamericano la renuncia a las sanciones en caso de que la isla avance “hacia el establecimiento de un sistema económico de libre mercado”, muestre respeto a los derechos civiles y humanos, y genere elecciones libres.
Los años posteriores a esto no significaron grandes cambios aunque se nacieron efímeras iniciativas. En 2014 Barak Obama y Raúl Castro iniciaron conversaciones para distender la tensión y mejorar las relaciones, proceso conocido como el “deshielo”. Cuba fue eliminada de la lista de los “países promotores del terrorismo” y se reabrieron las embajadas en ambos Estados, pero el bloqueo se mantuvo a pesar de la tentativa de flexibilización.
Los escasos intentos de mejorar el vínculo quedaron truncos a partir de la asunción de Donald Trump en 2017. Tal como ha afirmado el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla durante su exposición en la Asamblea General, durante el gobierno del republicano se aplicaron 243 medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, dentro de ellas se aplicaron 55 durante la pandemia en 2020. Incluso, a semanas de dejar su cargo, Trump reincorporó a Cuba dentro de los países “patrocinadores del terrorismo”.
Por último, si bien el actual Presidente, Joe Biden, había prometido el retorno a la política de distensión, lo cierto es que hasta el momento esa promesa no se ha cumplido.
Demócratas y republicanos, liberales y conservadores, no ha importado mucho el color político del gobierno a la hora de fijar la política respecto a Cuba. A pesar de la existencia de ciertos sectores que reclaman distender las sanciones contra la isla, los sectores más ortodoxos han logrado neutralizar cualquier tipo de cambio real. Esta realidad nos lleva a la continuidad de una política que atenta directamente en la vida, la economía y la estabilidad del país caribeño.
Políticas del Siglo XX en el Siglo XXI.
Anacronismo es la primera palabra que uno puede pensar al momento de abordar las sanciones impuestas por Estados Unidos, una política pensada en plena guerra fría que se mantiene hasta nuestros días. Un bloqueo que ha sido rechazado sistemáticamente por el resto de la comunidad internacional en reiteradas ocasiones (como planteamos anteriormente, desde 1992 se ha votado de manera anual para ponerle fin a las sanciones norteamericanas).
En la última votación tan sólo 2 votos fueron negativos (Estados Unidos e Israel), y se dieron 3 abstenciones: Ucrania y los dos aliados de Washington en Sudamérica, hablamos de Colombia y Brasil, quien en la votación del 2019 había acompañado la posición de Trump votando en contra.
Frente a estas excepciones la comunidad internacional toda ha rechazado rotundamente la continuidad de una serie de sanciones que no han logrado su objetivo inicial y han generado fuertes pérdidas traducidas en un encarecimiento de las condiciones de vida del pueblo cubano.
Algunos cálculos estiman que las pérdidas económicas de la isla entre 2019 y 2020 han sido de $9.157 millones de dólares, y que en los 60 años esas pérdidas ascienden a $147.853 millones de dólares. Pero a la cuestión estadística debemos sumarle la angustia de aquellos y aquellas que no pueden conseguir determinados productos básicos, un sentimiento difícilmente cuantificable.
El panorama se agrava si pensamos en los impactos económicos y sociales de la pandemia en un Estado dependiente del turismo internacional. La pandemia y las sanciones económicas impuestas desde una potencia extranjera, dos fenómenos de distinta naturaleza que se entrelazan causando sufrimiento. En este sentido Rodriguez Padilla planteó “como el virus, el bloqueo asfixia y mata, y debe cesar”.
Lo cierto es que a pesar de las consecuencias y el rechazo internacional que deslegitima las sanciones impuestas, Estados Unidos continúa aplicando una política criminal sobre el país latinoamericano, y las perspectivas de cambio respecto a la situación no son favorables para este último.
Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes y el Estado norteamericano no tiene voluntad (ni intención) de terminar con las sanciones. De qué sirve que el mundo rechace tus posturas cuando el poder fáctico sigue estando en tus manos, poco importa lo que piensa el resto de los jugadores cuando te declarás dueño de la pelota (y del campo de juego).
El gobierno de Biden no ha llegado al año, pero no se ha vislumbrado la posibilidad real de un viraje de la política norteamericana. La pregunta aquí es si la escasa presión internacional, como la vista este 23 de junio, servirá para torcer una política de casi 60 años de existencia o si Washington seguirá mirando hacia otro lado, haciendo oídos sordos a los reclamos del pueblo cubano y de la mayoría de los países del mundo que comprenden la inviabilidad de las acciones de este tipo.
Desde hace casi 6 décadas el Estado norteamericano viola el principio de igualdad soberana entre los Estados, rompe con todo lo establecido en torno a la no intervención en asuntos internos y restringe gravemente las posibilidades de crecimiento de otro país. Las reglas que dice proteger han sido constantemente violentadas y el mundo poco a podido hacer frente a ello. Por el momento, Cuba deberá seguir luchando y alzando su voz para alcanzar su autonomía.