El intento por regular los precios generó una reacción del sector empresarial. Mientras tanto, el valor del salario sigue descendiendo, perjudicando las condiciones de vida de las familias del país.
El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció hace dos semanas que pondría en marcha el plan para retrotraer los precios de productos alimenticios a los valores del 1 de octubre pasado. El secretario dijo a través de una conferencia de prensa que el plan congela los precios de 1.432 elementos en todo el país y será de cumplimiento obligatorio.
Las tensiones se hicieron visibles inmediatamente, volviendo a develar otro punto de desacuerdo entre los sectores dominantes del país. En paralelo, los especialistas, técnicos y economistas de cada bando explicitaron sus argumentos para explicar el “complejo fenómeno de la inflación”.
Junto a sus fundamentos, los expertos sugieren los caminos a tomar para su resolución. Ahí es cuando vociferan tecnicismos, sin apelar demasiado a la reflexión y el pensamiento lógico, de qué la inflación es producto de la política monetaria, del déficit, de la moneda dolarizada, y muchos otros etcéteras. Estos elementos aportan una gran diversidad y complejidad al asunto pero en muy poco nos permite comprender su naturaleza.
La inflación es un mecanismo utilizado para que las ganancias aumenten por sobre el salario de los/as trabajadores y así obtener un mayor margen para las empresas. Básicamente, los precios son altos o son bajos en relación a la capacidad de consumo del dinero, en este caso la capacidad de compra de los salarios.
En concreto, la inflación oculta un mecanismo de ajuste para devaluar los ingresos destinados por las familias trabajadoras al sostenimiento de su vida. Para ello, el capital necesita elevar hasta el límite la explotación humana, someter políticamente a los desposeídos de todos los países del mundo y generalizar la pauperización como nunca antes en la historia, proceso que se devela cada vez con mayor claridad.
Contexto
A comienzo de año, Paula Español, la entonces secretaria de Comercio Interior, mantuvo una reunión con Molinos Río de la Plata, Arcor, Nestlé, Mastellone, Danone, Coca-Cola, Mondelez, Peñaflor, entre otras grandes empresas, para anunciar el fin del programa “Precios Máximos” y acordar un marco de aumentos regulados (en principio cada dos meses). Además, propuso una canasta de 70 productos con un precio fijo por 6 meses que, al parecer, no sentó bien a la estrategia del sector.
Hace 3 semanas, Español, se reunió con los directores de las grandes cadenas de supermercados y Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), en la que acordó el nuevo aumento “regulado” para los productos de primera necesidad. Una semana después fue sustituida en su cargo por el actual secretario Feletti.
En este marco, la canasta tuvo aumentos autorizados promedio de 16,2% entre enero y julio, según la regulación de la Secretaría de Comercio Interior, aunque la inflación en alimentos en el mismo período superó el 30% según el INDEC. Así los precios suben y pareciera no existir medida regulatoria ni cambio de funcionario que los frene.
Unos meses después, con Feletti ya en su cargo y luego del 3,5% de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, la resolución 1050/2021 sale a combatir el aumento de precios. El argumento presentado es que las empresas no están utilizando el 100% de la capacidad instalada, por lo que deberían buscar sus ganancias en “vender mayor cantidad de productos” con menor margen.
A favor y en contra
Apenas anunciada la medida, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) dijo que “en la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno Nacional. Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos”.
Según una nota de Tiempo Argentino, unos días después del anuncio, también el grueso de la industria alimenticia ya habría aceptado la propuesta oficial, “especialmente, las multinacionales Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, Coca Cola y Pepsico”.
Por su lado, Víctor Fera, presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), declaró en una entrevista radial su apoyo a la medida. “Como Cámara estamos de acuerdo con el congelamiento de 90 días. No va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista”, exclamó. Asimismo, expresó que “nunca los sueldos en la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. (…) Acá el problema es que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida”.
También algunas organizaciones salieron en respaldo, aunque con reservas al respecto. La secretaria general adjunta de la UTEP, Norma Morales, señaló a El Destape que “los formadores de precios, que entre otras cosas monopolizan alimentos, deben ser regulados en pos de una economía al servicio del pueblo”. Asimismo, agregó que la medida es “insuficiente para afrontar el problema de fondo”. En un contexto social crítico “no se pueden permitir más las ventajas para los sectores concentrados en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras de abajo”, comentó.
En el mismo sentido, Rosalía Pellegrini, vocera de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), expresó que “en este momento mientras las corporaciones alimenticias quieren desabastecer y seguir hambreando al pueblo, necesitamos más que nunca medidas concretas para poder acceder al alimento a través de precios justos, y para eso es fundamental bajar y controlar los precios de la canasta alimentaria”.
Por otro lado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), comunicó que la medida es “muy negativa para el funcionamiento habitual de las empresas establecidas en nuestro país”. Este nucleamiento tiene en su directorio a Alfredo Coto (de supermercados), y Luis Pagani, de Arcor, entre otros importantes actores del sector de la alimentación y comercialización.
En la misma sintonía, Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) dijo que “va a haber desabastecimientos”. Expresó que “cuando se terminen los productos que ya están fabricados, si dan pérdidas, no se van a volver a fabricar”. “Todos los gobiernos implementaron controles, pero no sirven. Son una aspirina que calma un dolor momentáneo a una enfermedad compleja de años”, dijo descreído el dirigente.
Luego, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) salió oficialmente a ratificar, en sintonía con las declaraciones de su dirigente, que solo “la iniciativa privada y la competencia, en un contexto de reglas claras y estables, constituyen la mejor estrategia, no solo para combatir la inflación, sino también para alcanzar el desarrollo económico y social”.
A su vez, el nuevo secretario mantuvo conversaciones el pasado lunes con Daniel Funes de Rioja, referente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que ya había expresado su descontento con la medida. Según indican las fuentes, “no llegaron a un acuerdo”.
Dentro de la COPAL se encuentra la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA), también dirigida por la familia Pagani de Arcor, entre otras grandes marcas con presencia en su consejo directivo, como por ejemplo Mondelez. Aparentemente forma el núcleo duro de oposición a la medida.
Como vemos, este grupo presiona para obtener “mayor libertad empresarial y de competencia”, supuesta fuente de ingresos para el país. Y esto se acerca más a lo que buscamos llegar. Justamente, en defensa de su interés, enuncia dos cuestiones fundamentales a la hora de entender la problemática: el interés empresario y la competencia, dos bastiones en el ataque sistemático al bolsillo de las familias argentinas.
Ante esta oposición a la medida y la amenaza de desabastecimiento a la población, la “ciudadanía” salió al rescate con campañas de boicot a las empresas e impulsando el control de precios con agentes territoriales. La situación dió hasta para que la derecha más recalcitrante “corriera por izquierda” la movida: Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, dijo que “necesitamos un plan serio para bajar la inflación y crear trabajo. No movidas para distraer a la ciudadanía en tiempos electorales”.
Hasta el momento no hay especificaciones sobre su implementación. Desde la Secretaría comenzaron con los controles de precios aunque no se detalla aún si existen grandes incumplimientos.
En paralelo, las presiones no solo se expresan con actores internos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en un comunicado que “muchos bancos centrales de la región han reaccionado correctamente a estas presiones elevando las tasas de interés oficiales y subrayando su compromiso con sus metas de inflación”. Así, el “ejemplo de la región” es elevar los intereses de la deuda pública que luego deberá pagar el Estado.
El consumo
La disputa se ejerce sobre un fragmento del mercado interno relativamente importante. Según el Indec, el consumo privado (que considera el gasto de las familias) absorbe alrededor del 50% del PBI. A su vez, dentro de esta categoría, el ítem de alimentos y bebidas representa alrededor del 25%. Esto quiere decir que la tajada de la que se habla se aproxima a $7.000.000 millones anuales.
En el sector la concentración es moneda corriente y tiene el verdadero poder de fuego sobre los precios. Según el portal El Destape en la mayoría de los rubros alimenticios un pequeño puñado de empresas controlan gran parte de las ventas de productos alimenticios del país.
En este punto es importante señalar que el Estado, a través del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de Anses, tiene alrededor del 20% de acciones de Molinos Río de la Plata, empresa estratégica del sector, pero no tiene ningún tipo de incidencia ni cuenta con información “reservada” ya que no le permiten integrar su directorio. Así el sector empresario impone de facto la política de precios.
Además, toda la cadena sigue la misma lógica, ya que las tres principales firmas de distribución, Carrefour, Cencosud y Coto, “son responsables de aproximadamente la mitad de las ventas del sector” dice El Destape. Según el Indec, el 84,4% de la facturación por compras de supermercados la realizan ocho empresas por un total de $ 66.097.749 millones anuales.
En este marco, se expresan con mayor claridad los intereses en juego. La política para frenar el aumento de los precios, ataque producido por los grupos empresarios y sectores concentrados de la economía, a pesar de su buena voluntad, lucha contra los efectos y no la causa principal de la desigualdad.
Así vemos cómo las medidas se encargan de aplicar paliativos que conforman parcialmente a la ciudadanía y, a su vez, brinda concesiones a un sector que tiende a monopolizarse cada vez más, logrando poder de fuego para reducir al mínimo el valor del salario del conjunto de las familias trabajadoras del país.
