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as negociaciones del Pacto Social fueron celebradas como una garantía de convivencia y gobernabilidad democrática, algo que la propia realidad se encargó de desmentir.
Durante la pandemia, las grandes empresas solventaron gastos de salarios y costos de vacunación efectuando según el ministro Kulfas, el “salvataje más grande de la historia”.
En ese marco, también se revelaba la profunda dependencia de las políticas públicas a los inversores y financistas. Durante el 2020 el ministro de Economía anunció un acuerdo de reestructuración de deuda con bonistas privados por el monto de 63.000 millones de dólares.
Esa medida, sin causar mucho revuelo político, le permitió al Gobierno reestructurar otros 32.000 millones de dólares más bajo ley nacional que, junto al acuerdo con el FMI de 44.000 millones, alcanza los 139.000 millones, récord histórico absoluto a nivel mundial. Es decir, la reestructuración actual triplicó el “mega-canje” de 38.000 millones llevado a cabo en 2002.
Estás condiciones empujan el resquebrajamiento de cualquier pacto cuándo cada quién tracciona desde su lugar sus propios intereses. A fines del año pasado, la UIA y AEA exigieron que el acuerdo con el FMI no implique un aumento de las presiones impositivas, cuestión difícil de cumplir ante un acuerdo que exige reducir el déficit fiscal. Por otro lado, en el seno del incipiente Consejo Agroindustrial, la Mesa de Enlace decidió retirarse. Al parecer las políticas del verdadero sector agroexportador comenzaron a ir en detrimento de los pequeños capitales.
Por su lado, las organizaciones populares se movilizan para suspender los pagos e investigar los responsables del endeudamiento. Ello se constituye como parte de la visión programática del pueblo que hoy lucha por liberarse de la dependencia colonial de un nuevo ciclo de eterno endeudamiento que sólo traerá mayor pobreza a costa de extraer de nuestras tierras los recursos naturales y la explotación del trabajo.
El pueblo trabajador está dispuesto a avanzar en políticas que favorezcan a la población del país estableciendo mínimas prioridades, comenzando por las necesidades populares y no rindiendo cuentas ante una deuda odiosa que dirige los recursos a las arcas financieras, quitando toda posibilidad de un proyecto soberano popular.
