Los grandes empresarios del país discuten su propia salida de la crisis de la mano de sus centrales e instituciones. Por medio de ellas definen los lineamientos de la política y su vinculación con el trabajo.
Bajo la consigna “El sector privado es el factor clave para el desarrollo”, los principales referentes empresariales del país se convocaron a la cumbre organizada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
El encuentro, realizado en el Sheraton con motivo del cumplimiento de los 20 años de la fundación de la asociación, se dividió en dos paneles en donde los empresarios aprovecharon la presencia del ministro Martin Guzman para insistir en sus reclamos a las políticas económicas del gobierno.
En el primer panel participaron Alberto Hojman (BGH), Héctor Magnetto (Grupo Clarín) y Luis Pagani (Grupo Arcor). El segundo panel contó con la participación de Federico Braun (La Anónima), Martín Migoya (Globant), Carlos Miguens (Grupo Miguens) y Paolo Rocca (Grupo Techint).
Jaime Campos, presidente de AEA, durante la apertura del evento hizo énfasis principalmente en “la elevada presión tributaria a la que debe hacer frente el sector formal de la economía”. “En nuestro país rigen más de 160 tributos y para volver a crecer y generar empleo se deben reducir impuestos, comenzando por los más distorsivos para la actividad económica”, amplió.
Héctor Magnetto explicó que la devaluación de los salarios tiene “razones políticas, institucionales y económicas”. De esta manera, intentó conciliar intereses contrapuestos bajo el pretexto que la solución es la “inversión privada y rentable”. Esto requiere de estabilidad macroeconómica y jurídica, de respeto al derecho de propiedad, de efectiva división de poderes. Y ante todo, de una clara y tenaz decisión política, acompañada de los acuerdos necesarios para llevarla adelante”.
Por su parte, Paolo Rocca, insistió en el mismo reclamo pero apelando a que la Argentina “tiene una responsabilidad: la de contribuir a Occidente con su aporte de alimentos y energía, fortaleciendo su cadena de valor en un mundo que ya no va a ser global. Para eso hace falta desarrollarse, contar con capital, con iniciativa privada. Y eso sólo se logra generando consensos e impulsando políticas de estado que creen las condiciones adecuadas para atraer inversiones”.
Radiografía de las patronales
La AEA es considerada la entidad continuadora del Consejo Empresario Argentino (CEA), creado en 1967 como una iniciativa de los grandes empresarios nacionales para limitar la influencia creciente que los gerentes de las empresas multinacionales habían ido adquiriendo en las organizaciones patronales clásicas.
El CEA estaba integrado por un grupo selecto de 30 empresarios argentinos designados por un comité de nominación con gran influencia del sector financiero y los grandes propietarios de tierras. Para integrarlo era condición indispensable ser presidente de la empresa a la que representaba.
Según información oficial del Registro de Instituciones Productivas del Ministerio de la Producción y Trabajo, en la actualidad existen 910 entidades empresariales nacionales registradas en los distintos sectores económicos, con superposiciones a nivel sectorial, regional y por producto.
Es así como la representación empresarial se caracteriza por su heterogeneidad y fragmentación, lo que expresa a su vez divergencia de intereses, objetivos y estrategias. La AEA solo es otra expresión de las entidades patronales por promover sus intereses institucionalmente, bregando por una democracia de la mano de los grandes empresarios del país.
Entre las entidades más tradicionales y poderosas se destaca la Unión Industrial Argentina (UIA), fundada en 1887, que representa a los distintos sectores de la actividad industrial nacional, nucleando a un total de 115.000 establecimientos industriales a través de asociaciones sectoriales y asociaciones regionales.
Se originó para representar a los grandes intereses industriales y sólo incorporó a las pymes a partir de una reforma de sus Estatutos en 1981. La dirección de la central se disputó históricamente entre dos posturas internas: el grupo de los industriales, de tendencia proteccionista y la lista Celeste y Blanca, de tendencia liberal.
Desde 2017, los industriales consensuaron una candidatura única con la reelección de Miguel Acevedo, director de Aceitera General Deheza. En la actualidad el titular es Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).
El sector de la construcción está representado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) desde 1936. Por su trayectoria, su proyección federal y por la cantidad de empresas asociadas, es la principal central empresarial del sector de la construcción en el país. Cuenta con más de 1600 empresas socias activas, la mayoría pymes del interior.
A su vez, existen cámaras de mucha menor envergadura pero que son muy poderosas por el alto nivel de concentración económica del sector, como en la industria automotriz, donde la producción de vehículos automotores se encuentra concentrada en 12 empresas terminales extranjeras y la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), que reúne a 11 de esas 12 empresas, que explican el 94% de las ventas del sector.
En la industria del petróleo, representada por la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH), 5 de sus 25 socios representan el 80% de la inversión y de la producción de hidrocarburos del país. Otro ejemplo es la fabricación de acero, representada por la Cámara Argentina del Acero (CAA), cuyos 6 socios son responsables de toda la producción de acero crudo del país que supera los 5 millones de toneladas anuales.
La necesidad de agruparse “gremialmente” no solo responde a la necesidad de conformarse como contraparte de los sindicatos en las negociaciones colectivas, sino que pueden conformarse informalmente para abocarse al lobby empresarial o la organización de foros de debate para multiplicar su influencia, como la acontecida la pasada semana.
Es el caso del Grupo de los Siete que incluye a la Asociación de Banco Privados Argentinos (ADEBA), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Por otro lado, algunas entidades se conforman por fuera de la intención explícita de defender los intereses sectoriales de empresarios, como la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Esta asociación no agrupa a empresas, sino a dirigentes con el objetivo de “ayudar a los directivos de empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe”.
La mesa de tres patas
Otro ejemplo del rol de estas instituciones se dio en la reciente Conferencia Anual del Trabajo de la OIT en la ciudad suiza de Ginebra, que se conformó como escenario de una nueva cumbre de la alianza entre el Gobierno Nacional, los empresarios y la conducción de la CGT.
El encuentro, organizado por el director general de OIT Guy Ryder, convocó, además del ministro Moroni, a Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales de la CGT; Gerardo Martínez, representante del gremio de la construcción (UOCRA) y Andrés Rodríguez, secretario general de los estatales de UPCN.
En representación del sector empresarial, estuvieron presentes Daniel Funes de Rioja y Juan José Etala, presidente y asesor legal de UIA; Jorge Hulton, de CAMARCO y Julio Cordero, gerente de Legales de Techint. Las partes coincidieron en destacar la importancia de un acuerdo tripartito para brindarle a la política económica elementos de previsibilidad.
El acuerdo del pacto social del gobierno de Fernandez se presenta como una reedición del programa electoral del Frente Justicialista de Liberación de 1973 entre el Gobierno Nacional, la Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General del Trabajo (CGT) que se estableció como un intento de frenar la inflación a través del congelamiento de salarios.
La CGE, fundada en 1952 por José Ber Gelbard, es una entidad empresarial nacional de cuarto grado que surgió con el objetivo de “promover la defensa del nacionalismo económico, un Estado moderadamente intervencionista en la economía y el concepto de función social de la empresa”.
Con la llegada de la dictadura militar a través del golpe de Estado de 1976, se interviene la entidad, privándola de su patrimonio y su personería, que si bien fue recuperada durante el regreso de la democracia, su lugar como representante de la clase patronal quedó relegado por otras entidades.
