Durante 18 días se llevaron a cabo grandes movilizaciones en reclamo por mejores condiciones de vida. La central campesina, junto a estudiantes y centrales obreras, llevaron a cabo un programa de reivindicaciones populares.
En el mes de junio las calles de Ecuador fueron escenario de grandes movilizaciones debido a la situación que atraviesan los trabajadores del país. Los reclamos giraron en torno al precario acceso a la salud, desfinanciamiento de la educación, el aumento de la inflación y los precios de los combustibles.
Los sectores en movimiento
Organizaciones sociales, comunidades indígenas, estudiantes y trabajadores se enmarcaron en un plan de lucha desde el 13 de junio llevando adelante el “paro nacional indefinido”.
Cabe resaltar que las condiciones de vida de la población se encuentran en una situación preocupante. La pobreza aumentó, y en los últimos 5 años ha llegado al 27,7% de la población, mientras que el 10,5% vive en condiciones de pobreza extrema. A su vez, según los últimos datos presentados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en el 2018, el 27,2% de los menores de dos años padece desnutrición crónica.
La pobreza es la foto de una canasta básica familiar que se encuentra en 735 dólares, (el valor más alto de la historia), mientras el salario básico es de 425 dólares. Hoy, la tasa de empleo formal es sólo del 32,9% y el resto, 67%, vive del trabajo informal o está desempleado.
A ello se suma un sistema de salud declarado en emergencia por el desabastecimiento de medicación en los hospitales y falta de personal desde el 22 de junio.
Gina Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermeras del Guayas, remarcó ante una asamblea realizada con representantes de la salud que “no tenemos medicamentos, no tenemos jeringuillas, no tenemos esparadrapo. Muchas veces tenemos que decirle al familiar, vaya compre”.
En cuanto a la educación, los estudiantes universitarios se encuentran movilizados exigiendo por aumento del presupuesto que se destina, así como el libre ingreso a la universidad.
La preocupación se profundizó cuando Guillermo Lasso implementó en marzo de este año un test llamado “Transformar” que consiste en una evaluación que deben superar los estudiantes para postularse en universidades, escuelas politécnicas e institutos del país.
Desde las redes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), afirmaron que este examen ha dejado afuera a más de 93 mil jóvenes, esto se suma al desfinanciamiento implementado en el 2022 que ronda los 113 millones de dólares, según informaron.
Corrección de la cifra son 93 mil jóvenes sin poder ingresar en la Universidad, un error de tipeo. pic.twitter.com/QZfTcLV0BG
— FEUE NACIONAL (@FEUEnac_Ecuador) June 6, 2022
ver: Continúa el Paro Nacional en Ecuador
Por todo esto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) creada en noviembre de 1986, impulsó el “paro nacional indefinido”, llevando a cabo desde el 13 de junio hasta concluir 18 días después el jueves último.
Dicha organización, aglutina en su seno a las nacionalidades, pueblos, comunidades, centros y asociaciones indígenas del Ecuador.
A está medida también se sumaron organizaciones sociales, estudiantiles y centrales obreras que exigen por condiciones de vida afectadas principalmente por el encarecimiento de los combustibles y la canasta básica familiar.
Desde el comienzo del paro, la Conaie insistió al gobierno con la propuesta de un programa que contenía 10 puntos pidiendo por el control del precio sobre los productos de primera necesidad, la reducción del precio de los combustibles, oportunidades de empleo, derechos laborales, y acceso a la educación superior. Además, pidieron fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas.
Como medidas de fuerza se apuntó al cierre de carreteras interprovinciales, principalmente en la región amazónica, y se realizaron masivas movilizaciones a lo largo de todo el territorio pero principalmente en Quito,la capital, donde acudieron alrededor de 14 mil indígenas que llegaron desde distintos puntos del país.
Durante las movilizaciones, las fuerzas policiales reprimieron las protestas dejando un saldo de cinco muertos y decenas de detenidos. Frente a lo sucedido, Patricio Carrillo, ministro del Interior, dijo: “Lamentamos todos los daños colaterales. La Policía Nacional es una institución que protege derechos, no ataca, (pero) tiene que defender las libertades del resto también”.
Cabe señalar que ni bien dieron inicios las protestas, Luis Lara, ministro de Defensa, dijo en rueda de prensa que: “las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden público”.
Días previos a firmar el acuerdo, Guillermo Lasso había anulado los espacios de negociación por medio de una cadena nacional: “El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para un diálogo fructífero y sincero. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén”.
Este jueves se firmó un acuerdo entre las organizaciones indígenas y el Gobierno Nacional que dio por finalizadas las protestas en la Basílica del Voto Nacional, ubicada en Quito, contando con la intervención de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
“La lucha continúa, la contundencia del #ParoNacional2022 tiene logros importantes”, expresó la Conaie en Twitter.
A su vez, la central compartió un documento con los puntos acordados: reducción del precio del combustible en 15 centavos por galón, derogación del estado de excepción que rigió en cuatro provincias, la generación de un mecanismo de consulta a las comunidades para la aprobación de los proyectos mineros y la anulación del decreto 95, que establece la política petrolera del Gobierno.
En simultáneo a la firma del acuerdo se realizaron vigilias y movilizaciones desde la mañana, conformando una multitudinaria marcha que partió desde la Casa de la Cultura, un emblema nacional que había sido ocupado por militares y la Policía dos semanas antes.
Habrá, finalmente, 90 días de seguimiento de la mesa de negociación del cumplimiento de estos acuerdos.
Antes de la negociación
En el contexto de activa movilización popular, había avanzado en el Congreso una iniciativa que pedía la destitución del presidente. Con un saldo de 80 votos a favor, la salida de Lasso quedó a 12 de los requeridos para que la moción fuera aprobada.
Las principales propuestas de campaña con las que había asumido Lasso fueron la generación de trabajo genuino, reducir los impuestos y concesionar empresas que se encontraban en mano del estado a la gestión privada.
Estas promesas son las principales críticas que derivaron en el estallido social, según afirmó a este medio José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT).
Ver: Paro nacional frente a la deuda social de Ecuador
Economía atada a la deuda
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, indicó el lunes 13 de junio a la prensa que “si Lasso va con el FMI, este pueblo levantado, de pie, no va a permitir esa imposición”.
Los dichos tienen relación debido a que la economía ecuatoriana se encuentra sujeta al FMI, que le otorgó a Ecuador un préstamo de “Servicio Ampliado” en septiembre de 2020 por 6.500 millones de dólares para “equilibrar las cuentas fiscales”. El pasado viernes 30 de junio, tras haber concluido la cuarta y quinta revisión, el FMI aprobó el desembolso de otros 1.000 millones de dólares.
Por su parte, el Banco Mundial aprobó un préstamo por 80 millones de dólares, que serán destinados a estadísticas para realizar mapas de pobreza e identificar nuevos territorios para actualizar el registro social.
