Ingresos básicos para los informales

Los preceptos del desarrollismo y la teoría del derrame se diluyen a medida que la primarización de la economía sigue vigente como forma principal de la producción en paralelo al aumento del desempleo y la pobreza.

La crisis social avanza y no da puntada sin hilo. Crítica es la situación de clase trabajadora en el mundo ante la pauperización en las condiciones de vida que continúan marcando el escenario de conflicto.

La situación que sacude al país se expresa en el endeudamiento externo, un ajuste fiscal, la subida de las tarifas y del transporte; traducida en una devaluación de los ingresos, sean estos de asalariados o informales. Su contracara, la matriz extractivista que tracciona dejando huellas al ritmo de la explotación de recursos naturales y del trabajo humano.

El objetivo es la obtención de dólares -saldos exportables- destinados al pago de la deuda que, aún con la salida del ministro Guzmán y tal como anunció en su discurso la entrante ministra de Economía, Silvina Batakis, continúa en curso.

Con una inflación interanual que alcanzó el 64% en el mes de junio, se aceleran los pedidos de apertura y revisión paritaria de algunos gremios que avizoran una inflación aún mayor a fin de año. En ese contexto avanza el proyecto sobre un ingreso básico universal para los informales.

Iniciativas 

En mayo de este año, un grupo de legisladores del Frente de Todos, oficiaron la presentación del proyecto de un Salario Básico Universal (SBU). 

Según el mismo pretende dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post pandemia a través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo; desarrollar el sector de la economía popular correctamente registrado, organizado y auditado; aumentar la autonomía y la libertad de acción individual, así como el ejercicio pleno de la ciudadanía; promover el reconocimiento y la adquisición de plenos derechos para las personas que realizan actividades laborales informales y/o enmarcadas en políticas sociales. 

Por estos motivos se pretende instituir el SBU como “una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”.

Durante la semana pasada se realizó una campaña promovida por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del que forma parte el dirigente Juan Grabois, quien viene sosteniendo hace tiempo la necesidad de aplicar un ingreso de este tipo para la ciudadanía. Adhirió a la misma la Central de Trabajadores Autónoma (CTA-A).

El pedido incluyó la implementación inmediata de un SBU, aumento para empleados públicos y privados de bajos ingresos y aumento para jubilados, todo por decreto.

ASAMBLEAS POR EL SALARIO BÁSICO UNIVERSAL EN BARRIOS POPULARES. Mañana se llevarán adelante más de 300 asambleas en todo el país para discutir los temas urgentes de la agenda social y elaborar un plan de acción.

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— MTE (@mteargentina) July 12, 2022

“¿Por qué Argentina necesita de un SBU?”, se preguntan desde el MTE y responden: “De la clase trabajadora hay 9 millones de personas en la informalidad: 7,5 millones son pobres y 1 millón trabajan en cooperativas de la economía popular organizada mediante (Potenciar Trabajo)”. “El SBU garantiza la canasta básica alimentaria, termina con la indigencia, reduce la pobreza y permite profundizar las políticas para mejorar las condiciones productivas de la economía popular organizada, ampliando los derechos ya conquistados”.

La Central de los Trabajadores de Argentina (CTA-T) también se sumó al pedido por el SBU, ratificado por su último plenario extraordinario, realizado el pasado 7 de julio. Según la Declaración en el Congreso, se proponen “apoyar la creación por ley de un Salario Básico Universal”.

Por su parte, Gabriela Cerutti, vocera presidencial, negó la posibilidad de implementar dicha política. 

“La cuestión del salario universal es un plan que en el mundo se ha discutido mucho y durante mucho tiempo. En Argentina también”. El SBU “siempre fue un planteo, en realidad en la Argentina ya existen planes universales como es la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Progresar y muchos otros que se están llevando adelante” pero aseveró que “no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”.

Qué sostienen

En el marco de la pandemia, los programas de transferencia se vieron multiplicados, sostenidos en un contexto donde la circulación de las personas se había visto reducida producto del aislamiento. Estos programas se enmarcaron en los objetivos del capital de inyección de liquidez monetaria para sostener la productividad del trabajo.

En particular, en Argentina, uno de los principales programas de transferencia directa fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del cual tuvo en su primer registro una inscripción de 11 millones de solicitantes.

8, 9 millones de personas recibieron los dos primeros pagos del IFE. De este total, casi 2 millones de personas abrieron por primera vez una cuenta bancaria para poder acceder al pago. 

Algunos organismos internacionales sostienen que los países en desarrollo deberían implementar estos programas para sostener a las “poblaciones vulnerables”.

Según el Banco Mundial, se promueve el “universalismo progresivo” combinando políticas de asistencia y seguridad social cubriendo a todos. Aunque su implementación es más costosa que las transferencias focalizadas, como el programa “Potenciar Trabajo”. Además tampoco constituye una herramienta eficiente para la reducción de la pobreza, aseguran.

También el Papa Francisco, durante el IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, el 16 de octubre de 2021, propuso un ingreso básico y la reducción de la jornada de trabajo como forma de “compartir la riqueza”.

De este modo, cada persona podría permitirse el acceso “a los más elementales bienes de la vida”. “Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media”, aseguró el sumo pontífice.

Críticas

Frente a una carestía de las condiciones básicas para el desarrollo de los trabajadores, el debate en cuestión abre una ventana que normaliza las condiciones actuales de empobrecimiento generalizado y pone en cuestión los intereses a los que abona el SBU.

En esa línea, algunas de las críticas al proyecto sostienen que hay que avanzar en discutir mejoras en las condiciones de los ingresos del conjunto de los trabajadores y piden que sean las principales centrales obreras quienes encabecen un plan de acción.

Bajo este contexto, el jueves mientras se realizó una marcha de organizaciones sociales, Eduardo Belliboni del Polo Obrero dijo que el Salario Básico Universal es una buena idea pero que hay que generar trabajo genuino.

El dirigente social añadió que “la ministra no le tiene que hablar a los mercados, le tiene que hablar al pueblo”. Además “estamos pidiendo un bono para jubilados y para trabajadores del Potenciar Trabajo. Queremos que la CGT y la CTA dejen de dar vueltas y llamen a un paro”, sentenció.

“La universalización de una suma de miseria al bolsillo de los que sufren, no alcanza ni siquiera para ser considerada caridad. Menos aún, una conquista en clave de Justicia Social”, consideró Alejandro Garfagnini, referente de la Túpac Amarú, tal como lo registra el panorama sindical de Radio Gráfica. “La renta básica termina siendo una rueda de auxilio de la dependencia económica” agregó.

Ante el avance de los proyectos de transferencia de ingresos, la clase trabajadora se ve amenazada ante la normalización de pobreza que esconden los programas que se presentan bajo lemas inclusivos y humanistas ocultando la necesidad por reproducir la miseria a costa del consumo.

Además, los argumentos señalados para apoyar la misma descansan sobre argumentos morales donde el ingreso es equivalente a la recuperación de la dignidad.

Por otro lado, la expansión de las finanzas en la vida diaria de las personas es parte de una iniciativa global que tiene como fin incluir a los trabajadores al mundo financiero a través de la emisión de tarjetas y cuentas bancarias absorbiendo cada margen de valor que el trabajo genera alimentándose bajo la posibilidad de “la reducción de la pobreza”, haciendo de esta un fin comerciable.

Ver: Tiempos modernos

La disyuntiva entonces abre líneas al interior de los trabajadores y los divide entre asalariados e informales, convalidando una derrota al interior del conjunto de la clase trabajadora y diluyendo las posibilidad de forjar unidad de acción.

Ello convalida la pobreza como el paisaje al que hemos sido condenados, y que han creado las condiciones actuales de empobrecimiento generalizado, a las que solo es posible continuar con ingresos de subsistencia.