A cuatro años de las tomas

El período de luchas del 2018 sentó nuevas bases de participación para el período venidero y demostró la intransigencia del movimiento obrero-estudiantil en defensa de sus propios intereses.

Si bien es cierto que miles de estudiantes y docentes que participaron de las luchas no formaban parte previamente de los gremios del sector la mirada de un movimiento “espontáneo” falta a la verdad. 

Tomas universitarias

A partir de agosto la situación paritaria docente continuaba sin solución y se sumó el problema presupuestario que las distintas autoridades del sector educativo venían manifestando desde principio de año.

En ese contexto, se dio el marco del centenario de la Reforma Universitaria de 1918 donde el movimiento estudiantil recobró protagonismo: el Frente de Unidad Estudiantil “Por Una Nueva Reforma Popular” conformado por agrupaciones nacionales declararon la “Emergencia Educativa Nacional” y convocaron a una jornada de protesta.

En paralelo las manifestaciones en defensa de la educación pública iban en aumento y se dispersaron en todo el país. Las comunidades educativas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), entre otras, fueron las primeras en manifestarse a través de asambleas y abrazos simbólicos denunciando la situación.

Hacia mediados del mes de agosto, en más de 30 universidades de todo el país docentes y estudiantes se manifestaban alertando la situación de la educación pública. El 15 de dicho mes se efectuó la primera toma en el Pabellón “Cepia” de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

El comunicado de la asamblea de estudiantes expresaba: “en un contexto de ajuste general a las condiciones de vida de los trabajadores, mujeres y la juventud, de recorte presupuestario a todas las universidades del país y el reclamo salarial docente, los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba consideramos urgente profundizar nuestra lucha en defensa de la educación pública”.

El día 21 la asamblea interclaustro de la UNC define convocar a una marcha al día siguiente, a la que asistieron más de 100.000 personas, y posteriormente tomar el edificio de Rectorado. En paralelo, todas las federaciones de docentes se encontraban en paro y convocaban a actividades y marchas en todo el país, contando con el apoyo de gremios docentes, centrales obreras y numerosos sindicatos y organizaciones.

En ese marco, Luis Tiscornia, titular de la CONADU Histórica, comentó a un medio que “a partir de esta semana se ha producido un cambio cualitativo y cuantitativo, y podemos decir que estamos frente a un movimiento nacional en defensa de la educación pública, que incluye el reclamo salarial, pero lo excede”.

En Villa María

Para el día 22 de agosto ya se encontraban tomadas varias facultades y sedes de las universidades UNLPAM, UNER, UNSL y UNCuyo. En el plano local el espacio interclaustro, conformado por los gremios docente y no docente, junto a estudiantes nucleados en la Federación Universitaria (FUVIMA), venían impulsando clases públicas, comunicados y asambleas en defensa de la educación, a las que también se plegaron las centrales obreras.

El movimiento estudiantil también asumió una fuerte impronta en los reclamos docentes y se solidarizó con las luchas de los trabajadores de la Fábrica Militar, como así también de otras instituciones educativas como el INESCER y las escuelas secundarias.

Al miércoles siguiente, 29 de agosto, se convocó a una masiva asamblea en bedelía de la sede central de la UNVM donde se definió por unanimidad tomar las instalaciones de la Universidad. Dicha medida contó con el apoyo activo de los gremios docentes y nodocentes, de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, además de distintos gremios y organizaciones de la ciudad.

La participación de distintas carreras e instituciones fue masiva, y durante los tres días de la toma la comunidad se hizo cargo de la seguridad, el mantenimiento y la alimentación de todos los presentes. Estudiantes que no habían tenido participación en ninguna de las organizaciones emergieron como los elementos más combativos y radicales de la protesta.

Para desactivar el movimiento los sectores de poder golpearon aún más fuerte con la gran devaluación realizada el 30 de agosto y la firma de la paritaria docente. Sin embargo, el movimiento estudiantil continuó con las medidas de protestas durante varios meses, realizando clases públicas, movilizaciones y festivales. 

Luchas del tiempo, tiempos de lucha

La contundente respuesta de trabajadores y estudiantes frente a los embates de los sectores de poder puso en primera plana las necesidades populares. 

Consideramos fundamental extraer algunas conclusiones acerca de lo sucedido durante esos meses para servir a las luchas del presente. Para ello nos remitiremos a los hechos que acontecieron durante esos días en el país y la ciudad.

Contexto económico

Todo el 2018 se caracterizó por la profundización de la política económica donde la pérdida de poder adquisitivo se acrecentó fuertemente. Los que más perdieron, sin contar los informales, fueron los estatales que en tan solo tres años vieron reducidos sus ingresos en términos reales más del 21%. Según el informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV, entre los sectores más perjudicados, le seguían los docentes, camioneros, gastronómicos y petroleros. 

Por su lado, la consultora Tendencias Económicas comentaba por aquellos días que la cantidad de despidos de julio había sido la mayor en los últimos ocho años. Los trabajadores de los centros industriales eran los más afectados, como en las firmas Unilever, Carrefour, Pampa Energía, entre muchas otras.

Según el informe del Centro de Economía Política (CEPA) desde el 2015 el Gobierno nacional había despedido a cerca de 4500 trabajadores de empresas del Estado. Algunas consultoras hablaban de alrededor de 26.000 despidos entre públicos y privados en lo que iba del año.

Luchas y resistencias

A finales del 2017 el movimiento popular realizó una demostración de fuerza en Capital Federal contra la reforma jubilatoria impulsada por el Gobierno Nacional. Ello fortaleció la alianza popular contra el ajuste e inauguró el momento de enfrentamiento político.

Así, en 2018 los embates contra las familias trabajadoras del país tuvieron una reacción organizada que se manifestó en progresivo aumento. Las llamadas organizaciones piqueteras realizaban movilizaciones principalmente en la provincia de Buenos Aires exigiendo un “aumento de emergencia” ante la fuerte devaluación que sufría el peso por aquel entonces.

La conflictividad se acrecentaba en distintos sectores a medida que pasaba el tiempo. Bancarios, aeronáuticos, médicos, trabajadores de Luz y Fuerza, y los despedidos de Telam, entre muchos otros, realizaban paros y movilizaciones en varios territorios del país. La adhesión fue casi unánime al paro general convocado por la CGT a finales de junio.

A su vez, el día de la Independencia se realizó una masiva movilización contra el acuerdo del FMI y el cambio de rumbo económico del Gobierno Nacional. En ella confluyeron cientos de sindicatos y organizaciones sociales. 

Frente educativo

Por esos días el conflicto docente había adquirido una dinámica y expansión territorial muy importante confluyendo en las medidas adoptadas por el resto del movimiento social de protesta. 

La respuesta a ello fue la represión, como aconteció en Chubut, Chaco y Corrientes. Inmediatamente la CTERA llamó a un paro general contra dichos acontecimientos y por la apertura de paritarias. Las autoridades gubernamentales dispusieron la conciliación obligatoria que fue rechazada por la confederación.

La lucha se extendió a varias provincias del país y el intento de disciplinamiento continuaba fuertemente. El Ministerio de Trabajo había dispuesto una multa de casi 700 millones de pesos al gremio docente bonaerense de SUTEBA por “desconocer la conciliación obligatoria”. 

En paralelo, el Gobierno Nacional amenazaba con afectar al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) a través del decreto 632/18. Frente a ello, la CONADU Histórica hizo un llamado “a la docencia preuniversitaria de todas las universidades del país a declararse en estado de alerta y movilización”.

Los diálogos con las autoridades eran escasos ya que estas habían decidido eliminar la paritaria nacional docente generando una fuerte reacción por parte de las organizaciones gremiales del sector. 

En las antípodas de las exigencias enunciadas por el movimiento educativo, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, manifestaba por los medios que “no hay ajuste en la universidad pública, y tampoco se detuvo ninguna obra de las que comenzaron”. Además, acusó al movimiento de “kirchnerotrotskista”.

En una conferencia de prensa realizada el día posterior, Ileana Celotto, titular de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, le respondió que “la inflación por las nubes, la devaluación en un 68% y el salario de los docentes universitarios no es trotskismo: es la realidad dura de cómo pretenden que el ajuste lo paguemos los trabajadores”.

Así, la discusión presupuestaria entraba en el centro de la escena. A comienzos de mes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó una propuesta presupuestaria que rondaba los $133.000 millones de pesos (7.800 millones de dólares), que luego de la devaluación se ubicaron alrededor de $164.000. Para tener una referencia, hoy el presupuesto destinado es de aproximadamente $420.000 pesos (3.500 millones de dólares), representando menos de la mitad de lo requerido por aquel entonces.

Movimiento obrero-estudiantil

La conflictividad social a partir de agosto se acrecentaba cada vez más con los despidos de Fabricaciones Militares y las luchas de los trabajadores del Astillero Río Santiago, apoyados por el movimiento estudiantil. Así, el movimiento educativo para nada se limitaba al interior de sus instituciones.

El 17 de agosto se confirman cientos de despidos en Fabricaciones Militares en todo el país causando tomas, movilizaciones y actos en Río Tercero, Villa María y Fray Luis Beltrán. Los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de Villa María (FUVIMA) participaron activamente de las medidas adoptadas por los trabajadores.

En el abrazo realizado unos días después, José “Pocho” Gorozo, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó que iban a defender “los puestos de trabajo de los compañeros de Fabricaciones Militares, pero también cada uno de los metalúrgicos que han sido despedidos, de los que trabajan en la industria lechera, de los que trabajan en el comercio. Estamos junto a los que sufren el ataque del gobierno, como los compañeros de Luz y Fuerza que hoy han sido cesanteados por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC)”.

En la misma instancia, Eduardo Belloccio, referente del Centro de Empleados de Comercio (CEC), dijo que “desde Chicago para acá, siempre es la misma situación: la derecha da la orden, la Policía pone las balas y nosotros ponemos los muertos”.

Por otro lado, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) realizó un comunicado solidarizándose con los trabajadores del Astillero Río Santiago, donde expresaron que “los estudiantes somos parte del pueblo que se ve afectado por las medidas de ajuste que quieren imponer Macri y Vidal, que son las mismas políticas por las que quieren cerrar el Astillero”. 

En paralelo, en la Ciudad de Córdoba, el movimiento se expresaba a través de la organización de un festival Obrero-Estudiantil “por la educación pública y la ciencia, no al ajuste en las universidades, por una Epec estatal, integrada pública y de los cordobeses”. Las movilizaciones y protestas conjuntas se volvieron cada vez más frecuentes en la capital provincial.

A mediados de agosto el movimiento estudiantil cordobés emitió un comunicado en el cuál manifestaron “que es el momento de avance e iniciativa de nuestro pueblo para plantear un nuevo modelo educativo popular, una economía más justa y una sociedad más solidaria donde es necesario caminar un plan de lucha conjunto entre las organizaciones, los movimientos sociales y los distintos sectores en pos de defender los intereses del pueblo trabajador”.

La fuerza adquirida permitió poner en el centro del debate las condiciones de vida de estudiantes y trabajadores frente al embate efectuado por los sectores de poder dominante, con políticas de ajuste acordes al plan requerido por el FMI. El momento de ruptura permitió la emergencia y confluencia de nuevas formas de lucha, volviendo al periodo de vital importancia para la comprensión de la actualidad. 

Dichas manifestaciones se volvieron cada vez más recurrentes en varios territorios del país donde el movimiento educativo se mezclaba con los reclamos del movimiento social de trabajadores por mejores condiciones de vida y contra los despidos.