Tribuna diálogo con el secretario general de Atilra, José Calderon, sobre los problemas que enfrenta la cooperativa láctea SanCor y el contexto actual.
Con respecto a lo que sucede con la cooperativa Sancor, ¿Que nos podes comentar?
Sancor es la unión de las cooperativas tamberas de Santa Fe y Córdoba que llegó a ser una de las cooperativas más importantes de Latinoamérica. La misma entró en un debacle desde el 2004, después de la crisis del 2001 que fue una crisis fuerte para el sector cooperativo.
Por su parte, Sancor se había endeudado con bancos extranjeros y fue acumulando una deuda hasta el año 2006 que surge la posibilidad, a través del gobierno de Néstor Kirchner, de hacer un contrato con Venezuela, donde el mismo brindará un aporte económico a cambio de que esta le proveyera leche en polvo, pero esto no fue aprovechado para reestructurar la empresa en el sentido productivo.
Cabe aclarar, que dentro de las empresas, y principalmente dentro de las lácteas, tiene que haber una relación equilibrada entre la cantidad de leche que se procesa y la cantidad de personas que contrata.
Sancor tenía una estructura operativa de 16 plantas distribuidas en el país, lo que le jugó en contra ya que el sistema cooperativo se gestiona a través de los presidentes y los mismos a raíz de los cambios de gestión tomaban definiciones distintas. Además, esto implicaba un gasto que te hace ser poco competitivo.
El acuerdo con Venezuela se complicó tras la muerte de Chavez, y se empezó a incumplir desde las dos partes.
En 2017 el gobierno no le proveyó ninguna ayuda financiera y se aprovechó esta situación para condicionar al gremio atacando nuestro convenio y perjudicando cuestiones como las faltas por enfermedad y premios por asistencia.
A su vez, se vendieron las 6 mejores plantas a empresarios amigos del gobierno como: Adecoagro, Vicentin y Tarantela que es manejada por un grupo francés. Luego la pandemia y el retorno del país al Fondo Monetario Internacional fueron abonando la situación de la planta.
En noviembre del año pasado se hizo un acuerdo con el actual gobierno que se comprometía a realizar un aporte financiero de 60 millones de dólares a costa de que empresarios privados controlen la gestión, pero con los cambios del gabinete no se retomó el acuerdo y los empresarios están esperando una respuesta.
Lo que falta es que el Estado haga la gestión con algún organismo de crédito como el BID y que se arregle la plata, porque ahora se pateó para que el INAES resuelva esta situación y el mismo no dispone de esa capacidad de líneas de crédito.
En caso de no llegar a un acuerdo hay 1500 trabajadores que se quedarían sin trabajo, el Estado ayudó a jubilar a algunas personas pero solo los que estaban en condición de recibir una jubilación adelantada.
Cabe resaltar que aunque se dé el aporte financiero, esté de por si no resuelve el problema, ya que es únicamente para comprar materia prima y para poner en funcionamiento la planta.
Actualmente Sancor debe 300 millones de dólares aproximadamente, perteneciente a deuda que adquirió con bancos privados, organismos del estado y al propio gremio de Atilra con la cuestión de aportes y obra social.
¿Que sucederá en caso de que no se llegue a un acuerdo?
Esa es la idea, si no hay acuerdo, tenemos el compromiso de hacer un paro nacional desde Atilra. Siempre tratamos de no llegar a ese punto, ya que un paro de producción de tres o cuatro horas se convierte en un problema y nosotros tenemos que ser razonables con el poder que tenemos y la causa debe estar más que justificada.
¿Qué pensas sobre el presupuesto 2023, en el que se va a destinar una suma muy importante al pago de la deuda?
Eso mismo es un condicionante, desde el momento en que se entró al Fondo Monetario Internacional sabíamos que íbamos a tener estos problemas. Es una bicicleta, donde se tomó deuda para generar dólares ayudando a que las empresas amigas del gobierno se la fugaran y ahora la tenemos que pagar nosotros.
Esta gestión puede tener mil defectos pero no tomó esa deuda, que estamos pagando con los recortes ejecutados a los trabajadores, a los jubilados, a los maestros, los empleados públicos y a la educación.
¿Cómo está el gremio en relación a las paritarias y a la inflación?
El gremio siempre tiene en cuenta el índice que mide la inflación (IPC) y se evalúa la situación de la industria, contemplando como están porque son las que tienen que pagar los acuerdos. La industria anda bien en general, los precios de los productos son buenos y tienen mucha demanda. Se ha logrado obtener buenos aumentos.
No llegamos a noviembre como habíamos previsto, tuvimos que aumentar antes debido a que la inflación superó lo definido en junio y fue mayor al 60%. Si la inflación va a ser mayor al 100% en noviembre o diciembre vamos a tener que reajustar de nuevo la paritaria en función a las condiciones de vida.
¿Cómo ves al movimiento obrero en la actualidad?
Está un poco a la expectativa, en un primer momento se apoyó a este gobierno con la idea de ir en contra del hambre pero estas iniciativas se cayeron con la pandemia. Estamos enfrentando un ajuste, producto de la deuda que se adquirió, el Estado debe pagarla recortando y lo que sucede es que hay cosas que no están definidas.
La política tendría que aprender del movimiento obrero porque pese a nuestras diferencias tenemos valores que no se tocan, como el convenio colectivo de trabajo y los salarios de los trabajadores. En estas cosas estamos de acuerdo y coincidimos tanto la CGT, la CTA y el movimiento sindical, no como el gobierno, que un día viene uno y quiere hacer una reforma laboral, y al otro día viene otro y quiere reformar el sistema jubilatorio, cada cuatro años estamos a la expectativa como movimiento obrero.
