La política de gobierno se inclina a evitar el déficit fiscal para “honrar los compromisos de la deuda”. Giras de negociación y un presupuesto acorde al plan del FMI y los Fondos de Inversión.
Con el entendimiento del Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de marzo de este año, se delineó la política gubernamental en consonancia con los intereses del pago de la deuda y la maximización de beneficios para los tenedores de bonos y letras en pesos del Banco Central (BCRA).
La mirada no se basa en especulaciones, ya que los mismos documentos aprobados entre los funcionarios y el directorio del organismo establecen explícitamente dichos lineamientos que exceden (pero también contemplan) los presupuestos anuales e incluso los períodos gubernamentales marcados por las elecciones.
La propuesta
El proyecto de Presupuesto 2023, presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, estima que el gasto presupuestario del próximo año no superará el 17% del PBI nacional. Esto significa una reducción de casi 2 puntos porcentuales respecto a la ejecución presupuestaria de este año.
En una nota publicada en Tribuna, mencionamos que el ítem de mayor importancia -luego de Servicios Sociales- está destinado al pago de servicios por deuda pública. Allí se estima que se destinarán alrededor de 3 billones de pesos, el 16% del total.
Mientras tanto distintos actores políticos vinculados a la alianza de gobierno presionan para terminar el año legislativo con un presupuesto aprobado, situación que no se da desde el 2018. El mismo logró el dictamen en la Cámara de Diputados para su media sanción, aprobada también por los bloques opositores.
Luego de la aprobación en comisión de presupuesto, que preside el referente del Partido Solidario (PSOL), Carlos Heller, el mismo declaró que si se continúa por el camino de la aprobación, también en Cámara de Senadores, “estaremos en una Argentina más previsible, con una hoja de ruta que marque el camino hacia donde va el país, y que genere mejores condiciones para profundizar el modelo de crecimiento con distribución e inclusión”.
Por su parte, el referente de Patria Grande, Itaí Hagman, integrante del Frente de Todos (FdT), publicó en Twitter: “hemos logrado un presupuesto que no ahorra en ninguna política vinculada a garantizar derechos fundamentales”.
Sin embargo, la declaración más precisa respecto a la situación del Presupuesto 2023 la dió Sergio Massa, quien pidió que vean el proyecto en un sentido distinto y que los diputados consideren que “sea este u otro presupuesto, voten uno”.
Consultando el rumbo
Dicha declaración va en sintonía con la situación que venimos comentando en notas anteriores. El presupuesto presentado al Congreso profundiza los lineamientos de la política económica y financiera de los organismos multilaterales de crédito entre los que se encuentran el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los mencionados organismos promueven una disminución del déficit fiscal a través del fortalecimiento del endeudamiento en pesos para aumentar las reservas y “honrar los compromisos de la deuda pública”. De hecho esto fue firmado en marzo como parte del nuevo programa con el FMI en el que se establecen las políticas a implementar, incluidas el armado del presupuesto.
En el memorándum firmado con el organismo en marzo se establecen pautas para una política fiscal y de financiamiento con las cuales proponen formular los gastos “en forma coherente con la sostenibilidad de la deuda”. Además, trazaron “una estrategia plurianual de consolidación fiscal en la que se ha fijado como meta un déficit primario de 2,5% del PIB en 2022, que se reducirá a 1,9% del PIB en 2023, y a 0,9% en 2024”.
En dicho documento se establecen “esfuerzos para mejorar la eficiencia del gasto público” que consta de “un proyecto de presupuesto para 2023” que “incluirá una descripción de las políticas subyacentes para el cumplimiento de las metas del programa”. Esto enmarca claramente la dirección de recursos en el presupuesto.
Como parte de incentivo para reducir el déficit definieron expandir “las exportaciones a través de incentivos para sectores estratégicos” como “hidrocarburos, minería, agroindustria, e industria automotor”. Parte de estas políticas fueron el impulso del dólar soja o tecnológico promovidos por el actual ministro de economía.
Condiciones de la deuda
Así es como avanza el proyecto de presupuesto en la comisión encargada de aprobarlo para darle media sanción en Cámara de Diputados. Allí los distintos bloques políticos se encargan de elaborar enmiendas y modificaciones que luego deben negociarse entre los distintos partidos políticos con presencia en la cámara, aunque gran parte de los acuerdos parecen provenir de mucho antes de su presentación.
Así en el documento de avance plantean como política de financiamiento la “normalización de las relaciones financieras con el FMI y el Club de París” y la “consolidación del financiamiento en el mercado de deuda en moneda local”.
“De esta manera, se continuó afianzando la estrategia planteada desde el inicio que consistía en: a) impulsar el desarrollo del mercado local de capitales, b) normalizar los precios y tasas de rendimiento en el mercado, y c) fomentar el financiamiento del Tesoro a través del mercado de deuda denominada en moneda local”, comenta el informe de la comisión. Este plan se viene implementando desde hace años.
Un informe del Banco Central (BCRA) comenta que el monto emitido de Letras y Bonos de la entidad en enero del 2020 rondaba los 980.000 millones, y tan solo dos años y medio después, en septiembre del 2022, ese montó llegó a los 6.230.000 millones. Ello representa un aumento de más del 600% de deuda en pesos emitidos por el BCRA..
Según el proyecto, en lo que va del año los vencimientos de deuda denominados en pesos que enfrentó el Tesoro Nacional ascendieron a $3,4 billones y fueron cubiertos a través de “una canasta variada de instrumentos de títulos públicos”, básicamente adquiriendo deuda para pagar deuda.
Entre los instrumentos que destaca el informe se encuentra el de Letras de Liquidez del Tesoro (LELITE) destinado a Fondos Comunes de Inversi ón, de esta manera “los compromisos asumidos con el FMI en materia financiera robustecen la estrategia de financiamiento que se ha venido implementando”.
Además, el informe señala que en momentos de crisis “los organismos internacionales de crédito son herramientas indispensables, por su capacidad para brindar apoyo financiero de largo plazo, a tasas accesibles”, ya que “los recursos provenientes del endeudamiento con estos organismos serán utilizados para aminorar las consecuencias de dicha crisis”.
La agenda del ajuste
Según el proyecto de presupuesto se contempla para el año entrante una tasa de inflación de 60%, aunque el último relevamiento de expectativas de mercado (REM), difundido por el BCRA, establece que la inflación rondará el 90% en el 2023.
Un caso concreto del ajuste normalizado por la propuesta del presupuesto es el destinado a Educación. El mismo no supera el 1,3% del PBI (incumpliendo Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 que establece que debería superar el 6%) y el monto destinado a las Universidades Nacionales pasó de 521.000 millones a 805.000 millones. Ello representa un aumento del 54%, seis puntos por debajo del cálculo inflacionario oficial para el año 2023, y 33% inferior al calculado por el BCRA.
Mientras tanto, el ministro de Economía, realizó una segunda gira por EE.UU. donde se reunió con los principales referentes de los organismos de crédito para hacer un seguimiento de la actual gestión y rectificar las definiciones para el cumplimiento de los programas de financiamiento.
En ese marco, Massa disertó en el Atlantic Council, un think tank y administrador de fondos estadounidense, donde dijo que “Argentina debe recuperar el orden fiscal, porque además tenemos compromisos y metas internacionales que debemos honrar”. Además, planteó que para bajar la inflación “requiere un camino a recorrer de orden fiscal, de superávitsuperavit comercial, de cuidado de sus reservas, de una tasa de interés que aumente el interés de los ahorristas de los argentinos por tener operaciones en pesos”.
Comentó que su idea “es recorrer un camino de reducción gradual de inflación“, ya que “cuando a un gordo lo querés hacer bajar de peso de golpe lo que hacés es debilitarlo más. Hay que hacer ejercicio, dieta y ser metódicos en eso”. Por eso, “lo que hay que hacer es, junto con las medidas fiscales, monetarias, financieras, de acumulación de reservas e inversión públicas; es acompañar con programas”.
Por su lado, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en una conferencia de prensa en el marco de la Asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, dijo que “nos ha complacido ver que el ministro Massa ha tomado muy en serio sus responsabilidades” para “cumplir con el programa” y finalizar “con éxito la segunda revisión”.
Dicha declaración fue realizada dos días después de que el ministro se reuniera con Ilan Goldfajn, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Luis Cubeddu, subdirector a cargo de la supervisión del programa económico de la Argentina, donde aprobaron la última revisión, liberando un giro de 3.800 millones de dólares al Tesoro Nacional.
De esta manera queda a la vista cómo la propuesta de presupuesto se viene ejecutando sin esperar siquiera los plazos institucionales del Congreso de la Nación. La decisión de aprobar un presupuesto al servicio de la deuda y los actores financieros es un paso más de estos grupos contra el proyecto de soberanía popular que plantea, en contraposición, un presupuesto destinado a las grandes necesidades populares.
