En una entrevista exclusiva con Tribuna, Horacio Rovelli comentó que se hace un fuerte ajuste “para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población”.
El debate sobre el presupuesto 2023 se da en un contexto muy complicado para el pueblo trabajador. ¿Qué cuestiones son las que consideras necesarias a tener en cuenta para entrar en la discusión al respecto? ¿En qué situación nos encontramos como clase trabajadora en la actualidad?
En primer lugar y es el principal problema, no se investigó la deuda generada por el gobierno de Cambiemos, los organismos encargados de hacerlo gracias al secreto fiscal, bursátil y financiero no dan ninguna explicación mientras se pagan los intereses en base al presupuesto de la Administración Nacional.
Se hace un fuerte ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en obra pública, en subsidio al transporte y a la energía, para disponer de más fondos para pagar intereses de una deuda que no benefició a la población y que en forma mayoritaria se la apropió un sector minoritario y enriquecido para fugar esos capitales a cuentas en el exterior.
Con fecha 21 de mayo de 2020 el Banco Central (BCRA) publicó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” en el que demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos (más de 100.000 millones de dólares), la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares.
Ese informe sostiene que 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos y entre los 100 principales adquirieron 24.679 millones de dólares.
Ni el BCRA, ni el Gobierno Nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación. Sí lo hizo “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020 firmada por su director, Horacio Verbitsky, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA.
Ninguna de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares, puede demostrar en sus estados contables de donde extrajeron los recursos para poder comprar esa cantidad de dólares. Lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores.
Tampoco pueden demostrarlo en sus DDJJ al fisco, las 100 personas que compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque que compró 17.800.000 dólares; también los Eskenazis de YPF y del grupo Petersen; Claudio Belocopit del Swift Medical; los Werthein socios de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en EDENOR.
En síntesis, el gobierno de Alberto Fernández que no investigó la deuda, debe realizar permanentemente ajustes del gasto público para poder comprar las divisas para pagar los intereses de la deuda externa..
Al no investigarse la deuda contraída durante la gestión de Cambiemos, el gobierno no recuperó ni un solo dólar de los que generosamente le prestaron al gobierno anterior, que hubiera servido para disminuir la misma y con ello, sus intereses, que gravitan de sobre manera en las cuentas públicas por el monto de la deuda externa bruta que representa el 80% del PIB y 3,8 veces nuestras exportaciones, e implican además un alto riesgo e impide que la Nación Argentina pueda acceder a los mercados internacionales de crédito.
Por lo tanto, la financiación al Tesoro de la Nación quedó limitada a los préstamos de organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FONPLATA, CAF, etc.) para obras y fines específicos, a créditos del BCRA, y a colocar títulos de deuda (bonos) en pesos en el mercado local.
El déficit fiscal total de la administración nacional del año 2020 fue de un tercio del gasto total, en torno a 8% del PIB, es en pesos y se financió en pesos, pero equivalente a unos 32.000 millones de dólares. El déficit fiscal del año 2021 se redujo a 4,3% del PIB y también debió ser financiado mayoritariamente por el BCRA y una parte menor por la colocación de Títulos del Tesoro. El ajuste fiscal permitió que disminuyera fuertemente la financiación.
Pero para este año 2022, que se acuerda formalmente en un plan de facilidades extendidas con el FMI, el déficit primario debe ser del 2,5% del PIB y el BCRA solo puede financiar el 1% del PIB. Y para el año 2023 el presupuesto nacional plantea que el déficit primario debe ser solo de 1,9% del PIB y el BCRA solo puede financiar el 0,6% del PIB.
Según el presupuesto las cuentas de la Administración Nacional para el año 2023 cierran con un déficit total de 3,9% del PIB (es en pesos pero equivalente a unos 16.000 millones de dólares), de los cuales 1,9% del PIB es el déficit primario y 2% del PIB son los intereses del total de la deuda pública nacional. El BCRA por el acuerdo firmado con el FMI, sólo puede financiar el 0,6% del PIB, quiere decir que la Administración Nacional va a tener que endeudarse y/o retrasar pagos por 3,3% del PIB, de los cuales, y siempre según el Mensaje presupuestario, obtienen unos 4.100 millones de dólares de organismos internacionales de crédito (1% del PIB).
A su vez la Argentina que no puede colocar títulos de deuda en los mercado externos porque el precio de los actuales es muy menor al valor nominal, por ende el 2,3% del PIB de déficit es una suma más que significativa y difícil de lograr, máxime en un año electoral de cambio de gobierno.
Obviamente el privilegiar pagar a los acreedores limita severamente el rol del gasto público, sobre todo en la construcción de viviendas que es fundamental para satisfacer un déficit habitacional de 3.000.000 de unidades, y se cuenta con todos los materiales (arena, cal, cemento, piedras, estructura de hierro para el hormigón, mosaicos, cerámicas, vidrios, aberturas de madera o aluminio, vidrios, grifería, artefactos de baño y cocina, etc.) sin necesidad de importar nada y no se hace por que el Estado está endeudado y prioriza el pago de esa deuda.
La construcción es un gran demandante de empleo así como se debería estimular la producción industrial y otras actividades de mano de obra intensiva y no se hace por falta de recursos estatales.
¿Quiénes son los principales promotores y beneficiarios de la actual propuesta de Presupuesto?
En primer lugar el FMI y los grandes acreedores que obliga al gobierno a realizar un severo plan de ajuste fiscal, y como él mismo es insuficiente por la dimensión de la deuda externa y la débil estructura de ingresos del erario público, el trasfondo es que cuando no se pueda pagar, como fue en la década de 1990 con el menemismo, se mal vendrán activos públicos, esta vez no vienen por las empresas, sino por los recursos naturales.
La garantía para el FMI para que apruebe en forma trimestral el plan de ajuste acordado es a cambio de la explotación de nuestros recursos naturales por el capital extranjero.
Otra cosa es el acuerdo que en los EEUU arriba la comisión encabezada por el ministro Sergio Massa con las empresas Rio Tinto y Livent en la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna. Y acuerda con los referentes de las empresas petroleras y gasíferas con interés en Vaca Muerta como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion, Vista oil & gas SA, entre otras, para generar un marco regulatorio para las petroleras y permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior (no van a tener límite alguno para girar sus utilidades).
Igual tenor son los convenios con las empresas que incluye la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Paralelamente reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acuerdan con la petrolera malaya Petronas construir una planta de GNL para la industrialización del gas y aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta para exportar esa energía.
Tanto la explotación del litio y los minerales raros de la puna, como la extracción de petróleo y gas, nos remiten a las obras de infraestructura, de los ferrocarriles y del puerto de Buenos Aires que realizaron los ingleses a fines del siglo XIX para que el país de las vacas y trigo le proveyera de alimentos baratos a los trabajadores de las industrias británicas. En cambio cuando el gobierno peronista, entre 1947 y 1949 construyó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, en su momento el más largo del mundo, lo hizo para abastecer el mercado interno, construyendo fábricas y pueblos en su recorrido, con él la distribución de gas aumentó de trescientos mil metros cúbicos por día a quince millones de metros cúbicos abaratando en un tercio los costos.
¿En qué sentido afecta a la vida cotidiana, a las condiciones de vida del pueblo la dirección de los recursos?
Las condiciones impuestas por el FMI en la economía argentina obliga a la mayoría de los asalariados a una situación de supervivencia. Según informa el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la remuneración promedio de los trabajadores registrados estables (RIPTE) fue de 155.000 pesos mensuales en agosto 2022. Y la canasta básica total del INDEC que define la línea de pobreza para una familia de 4 (cuatro) integrantes en el mes de agosto 2022 fue de 119.000 pesos, quiere decir que más la mitad de los obreros y empleados registrados, trabajan y son pobres. Y, obviamente, la situación es mucho peor para los trabajadores no registrados.
Para los jubilados y pensionados el 60% perciben remuneraciones que no superan dos veces la mínima que, en septiembre de 2022 fue de $50.353. Y al no ajustarse por inflación, hasta septiembre de 2022 la jubilación mínima implica un retroceso del 25,3%.
¿Qué debemos hacer para revertir esta situación?
En primer lugar, investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos. Todo el ajuste fiscal es para abonar las obligaciones de la deuda, para juntar los pesos y comprar las divisas, hecho que al devaluar nuestra moneda es cada vez más costoso, y ajusta en las jubilaciones y pensiones (que se indexan por fuera y por debajo de la inflación), se hacen menos obras públicas (viviendas, rutas, puentes, generación eléctrica, etc.), se reducen los subsidios energéticos, de transporte y de comunicaciones, se destinan menos partidas a educación, salud, asistencia social, etc. El presupuesto nacional supera apenas el 20% del PIB este año y va a estar por debajo de ese porcentaje en el año 2023, cuando fue del 25.96% en el 2020 y del 24,43% en el 2021.
Tampoco supo preservar las reservas internacionales del BCRA cuando obtuvo un fuerte superávit comercial en los más de 34 meses de su administración que supera los 31.000 millones de dólares y, empleó las tres cuartas parte de ese superávit (23.710 millones de dólares), para que las empresas privadas paguen sus deudas, razón por las que el BCRA les vendió los dólares de las reservas internacionales a precio oficial. Mucha de esas empresas habían comprado divisas en la gestión de Cambiemos y sin embargo, el BCRA le vendió los dólares para que paguen sus obligaciones, sin reclamarle que, antes, utilicen los fondos en divisas que habían comprado entre los años 2016 y 2019.
Todo la política de dilapidar las reservas internacionales para pagar la deuda externa privada y, la aceptación de la deuda heredada sin investigar, hace que se subordine la economía nacional a la lógica de un modelo extractivista, agropecuario, automotriz exportador, en desmedro de un modelo nacional que crece en base a su mercado interno y apuntala el trabajo y la producción local.
Un instrumento del Estado es la AFIP, quien debería haber convocado a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos y obligarles a abrir sus estados contables, para que justifiquen la operatoria y en caso de evasión fiscal multarlas. Con esos recursos evadidos constituir un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, iniciativa del senador por Neuquén, Oscar Parrilli, aprobada por el Senado de la Nación y que, tiene Dictamen por la mayoría (básicamente el Frente de Todos) y por la minoría (básicamente Juntos por el Cambio) en la Cámara de Diputados de la Nación.