Lo que el paro se llevó

Desde Tribuna, tuvimos el agrado de conversar con Javier Larraín Parada, jefe editorial de la revista Correo del Alba y autor de escritos de la situación en Bolivia, sobre los últimos sucesos acontecidos en el vecino país. 

¿Cómo evalúas la situación luego de los últimos hechos en el Congreso y la continuidad del paro del Comité cruceño?

Se mantiene el paro pero transita ya sin mucha fuerza ya que en todo este trajín se hicieron comisiones de todo tipo para evaluar el proceso a nivel de gobernadores, alcaldes, rectores de universidades, además de un acompañamiento externo con órganos de Naciones Unidas y otros, y se coincidió en que técnicamente no se puede hacer el censo en 2023 porque es un problema con el avance de la cartografía y otra serie de elementos técnicos.

Entonces, después de estas negociaciones, que fueron hace unos 10 o 15 días, el gobierno lanzó un decreto que establece la fecha del censo en el 2024. A partir de eso Santa Cruz empezó a pedir con mayor profundidad: el censo los favorece por el crecimiento poblacional, seguramente la ciudad más poblada del país. 

Por cómo es la institucionalidad en Bolivia, Santa Cruz pasaría a tener mayores recursos económicos, pero también con mayores escaños en el parlamento para el 2025. Entonces, ellos pedían que el censo se haga el año que viene para así ya en 2024 se aprobara y en 2025, que son las elecciones, contar con más escaños. 

Finalmente anoche (por viernes) se ha aprobado en Cámara de Diputados una ley que ratifica el censo en marzo de 2024, pero también da garantías para que a partir de septiembre u octubre el órgano electoral ejecute las modificaciones pertinentes en el parlamento y los recursos al departamento de Santa Cruz. 

¿Quienes se resistieron a la medida y qué impacto tuvo el paro en el país?

En términos de gestión, la reunión donde se fijó finalmente la decisión presidencial había 8 de los 9 gobernadores. El conjunto de las universidades estatales también, más de 300 alcaldías, de las 339, también firmaron. Es decir, hay un consenso político de un arco opositor, hasta el centro y el gobierno del MAS.

Pero hay un rechazo muy fuerte de los sectores concentrados cruceños, que son básicamente los que se organizan en torno a algunas logias, que dominan la gobernación y la economía, se agrupan y dominan gremios, y están en una constante pugna con el ejecutivo y el MAS, nada novedoso en ello. 

Parte de esos mismos actores impulsaron hasta hace solo unos días atrás con bastante llegada y fuerza su reclamo. Pero estos últimos días se le han ido cayendo los argumentos porque se consensuó que, a pesar de que las elecciones no se realicen en 2023, el resto de los petitorios han sido contestados positivamente. Por eso dicen acá que “al paro le quedan horas”.

Todo ello sumado al gran daño efectuado por el paro ya que son 33 días de un paro real y efectivo, porque ellos tienen la fuerza de parar la ciudad y el aparato productivo, entonces la gente no puede trabajar. Bolivia es un país de mucho comercio informal, mucha informalidad laboral, para darte una idea en La Paz es mayor al 70%. Entonces, si la gente no puede salir a trabajar no tiene el pan diario, y eso genera descontento. 

Se ha cuantificado desde el Ministerio de Economía que la pérdida diaria desde el comienzo del paro ronda los 40 millones de dólares, entonces se ha llegado a más de 1.200 millones de dólares, en una economía que tiene 30.000 millones de PBI, o sea un gran porcentaje. Esto va a afectar por supuesto a la economía del país en su conjunto y ha golpeado a las fuentes de trabajo también.

Puede verse cómo hacia el interior del gobierno, y sobre todo del MAS, existen diferencias. ¿Cómo caracterizas esta situación?

En paralelo al paro, hay una disputa hacia el interior del MAS, que lo resquebraja totalmente. Básicamente son 3 corrientes que tienen incapacidad de diálogo entre sí: una con Evo Morales, otra con el presidente Luis Arce, y otra con David Choqueuanca. 

En esta disputa interna que se ha ido agudizando este último año y medio se llenó de acusaciones cruzadas. Por un lado, el Arcismo dice que Evo pacta con la derecha. Por otro lado Morales dice que el gobierno es el que pacta y consensua con la derecha en la Cámara de Diputados. 

En cualquier país del mundo las leyes que se aprueban en los parlamentos son fruto del consenso, nadie tiene el 100%, en ningún parlamento, y ello para Evo Morales es un indicador de traición. 

Que se fijen algunos puntos, y se cedan 3 o 4 cosas a las garantías que están pidiendo los cruceños hace tachar de traidor, derechista, pactista y neoliberal al gobierno. Es parte de la disputa interna que es nociva y vulgar, no es nada político, sino acusaciones cruzadas sin argumentos, pero responde fundamentalmente a quien debería tener la hegemonía sobre el MAS de cara a las elecciones del 2025.

El propio vicepresidente, de la línea de Morales, salió hace tan solo unos días a decir que el candidato a presidente en 2025 es Evo, y punto. Por supuesto, que exista otra persona que pueda disputarle le incomoda a dicha fracción.

Esa pelea no es una pelea programática como si, por ejemplo, se hubiera privatizado el litio. Como si podríamos recordar a Lenin Moreno que se salió del ALBA, llamó al FMI, cerró Telesur, es decir, una serie de modificaciones que en Bolivia no se encuentra nada de ello. Arce no ha hecho nada privatizador o que vaya a contra ruta que lo que se venía haciendo con Morales. 

No hay discusión política, se acusan de delincuentes, generando quiebras en la base popular que estaba cohesionada y con muchos anhelos y hoy día los mismos líderes la llaman a dividirse y tomar partido.

Así, se arma un quilombo incontrolable, del que nadie se va a hacer cargo. Los muertos los pone la gente pobre. Es una irresponsabilidad política muy compleja. 

Para esta contienda sobre el censo el gobierno calculó que están divididos, débiles y en frente hay una derecha fuerte, con capacidad organizativa, con logística, con recursos, con relato y experiencia histórica de haber derrocado un gobierno.

¿Cómo va a evolucionar esto en los próximos días y qué tareas le implica a la militancia popular en Bolivia?

Esto probablemente se va a desinflar pero seguramente emerja otro conflicto desde otro sector de la sociedad. Bolivia tiene una sociedad muy gremial, muy corporativista. Y está claro que la derecha está apostando a la misma estrategia que hizo Evo Morales, desgastando al gobierno con conflictos aparentemente parciales pero que se van acumulando, se van sumando. 

Ya se nos fue todo el mes con el tema del censo, antes tuvimos un tema con la cooperación minera, yo creo que ahora va a venir un conflicto con la cuestión de salud. Esto va a ser otro conflicto en el que van a intentar debilitar al gobierno. 

Veo que han venido una sucesión de conflictividades que les ha dado resultado, que ha desgastado al gobierno y sumado a las debilidades internas producto de su división. Lo único que falta es que se oficialice la ruptura en el oficialismo.

Esa división es lo más grave, porque no es programática, sino a diferencias internas del movimiento que juegan a dividir la base social, fracturando el proceso de cambio.

En ese marco, ¿cuáles son las tareas?, yo diría que la gente de una vez por todas partícipe de su destino, buscando estructuras más democráticas, más de consenso horizontal, sin quitarle el mérito a los dirigentes sin dudas, pero tampoco puede ser “ordeno y mando”.

Aquí hay una voluntad de unión desde la base pero sin embargo hay instrucciones de división desde las alturas. 

Finalmente quienes van a pagar los vasos rotos va a ser el conjunto del pueblo boliviano. La gente tendría que emplazar a sus dirigentes, es un deber que tenemos en la izquierda en general. Tendemos a ponerle algunas condiciones mesiánicas a los líderes de izquierda como si estos no se equivocasen, o si lo que dijesen fuera ley. Finalmente el proceso es de la gente, no de los dirigentes.