Mientras que cada día cuesta más llegar a fin de mes, el mercado de deuda pública garantiza las ganancias a los especuladores financieros. Bajo la actual gestión, el Estado aumentó su deuda por casi 70.000 millones de dólares a través de préstamos y la emisión de bonos y letras.
Desde la dictadura militar, pasando por todos los gobiernos democráticos, hasta la actualidad, el factor común que guió la política económica del país fue el crecimiento sostenido y permanente de la deuda.
La misma se asentó como mecanismo de financiamiento estatal y privado a través de préstamos con los organismos internacionales de crédito y la creación de Letras y Bonos del Tesoro Nacional dirigida principalmente a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) y los grandes bancos.
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De esta manera, los actores financieros ganaron mucho poder condicionando a los gobiernos y controlando las grandes firmas ligadas a sectores productivos extractivistas como la minería, la energía y el agro.
Además, son quienes definen las prioridades del presupuesto nacional. En ese sentido, el ítem con mayor cantidad de recursos es el de “Servicios de Deuda Pública” y la creación de más instrumentos financieros para sostener su posición dominante en el mercado cómo las LELITES. Estas son una nueva letra del Tesoro Nacional para garantizar las ganancias de los grandes FCI mediante la especulación con el interés.
Esto no se realiza sino a costa de la presión y el poder ejercido desde los organismos internacionales, pero también con la complicidad de actores y referentes nacionales, como por ejemplo de Carlos Heller, presidente del PSOL y del Banco Credicoop, quien declaró que si se continúa por el camino de la aprobación del presupuesto “estaremos en una Argentina más previsible, con una hoja de ruta que marque el camino hacia donde va el país, y que genere mejores condiciones para profundizar el modelo”.
Estructura de la deuda
Año tras año los recursos del Estado destinados al pago de intereses y cancelación de deuda aumenta, sin embargo la cantidad de deuda no disminuye en absoluto, sino todo lo contrario. Según los últimos datos actualizados del Ministerio de Economía, desde enero de 2020 a la actualidad la misma aumentó 70.000 millones de dólares.
Este monto no contempla que en el periodo mencionado el pago de intereses y la cancelación de deuda pasada ascendieron a 41.217 millones de dólares, o sea que sumados se llegó a destinar más 130.000 millones de dólares al servicio de la deuda en la actual gestión. Sólo para tener una referencia, ese monto equivale a aproximadamente 45 años de presupuesto a las universidades públicas, a la construcción de 3.250.000 viviendas o a 18 años de un SMVM para los 47 millones de argentinos.
En la misma base de datos se puede observar cómo los títulos públicos (creados y emitidos por la administración central a través del BCRA) en manos de los grandes fondos de inversión, aseguradoras y bancos globales aumentaron 54.925 millones de dólares en la actual gestión, explicada principalmente por el aumento de la deuda en moneda nacional (como parte de la estrategia promovida por el FMI).
Respecto a estos títulos públicos, un informe del Banco Central (BCRA) comenta que el monto emitido de Letras y Bonos en enero del 2020 era de aproximadamente $980.000 millones, y a finales del año pasado ese montó llegó a los $6.230.000 millones. Ello representa un aumento de más del 600% de deuda en pesos emitidos por el BCRA. Ninguna inversión productiva, social o de servicios a la población ha llegado a un aumento similar.
Esto atrae los elogios de los poderosos hacia los gestores y políticos que asumen el plan de endeudamiento en el país, cómo el de Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que en una conferencia de prensa dijo que “nos ha complacido ver que el ministro Massa ha tomado muy en serio sus responsabilidades” para “cumplir con el programa”.
Esta estrategia se presenta como una manera de afrontar la supuesta crisis a través del acrecentamiento de las reservas y así “equilibrar” las cuentas públicas pero en realidad se ingresa a un círculo virtuoso de dependencia donde cada vez se deben destinar más y más recursos a garantizar las ganancias de los especuladores.
Para esto también utilizan la caja de organismos estatales para obtener financiamiento y redirigir los recursos producidos en el país. En el último informe del Ministerio de Economía comenta que la deuda pública con agencias del sector público (el Estado que se debe a sí mismo) pasó a representar del 4% del total en 2004, al 36,6% en la actualidad. Este mecanismo se realiza cuando un organismo público, como por ejemplo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (el fondo de las jubilaciones) compra deuda emitida por el Estado, como las letras y bonos.
Con la perspectiva en el tiempo la dirección política es clara: un primer paso, asumir compromisos de deuda para “crecer”, luego la imposibilidad del país para pagar los vencimientos por las “crisis” generadas por los mismos programas elaborados por los acreedores y, por último, pedir más préstamos para enfrentar los vencimientos con los que nos “comprometimos”.
En ese marco general, a pesar de las alternancias en el gobierno, se alimenta el círculo una y otra vez absorbiendo los recursos producidos por toda la población trabajadora del país y poniendo estos al servicio de la acumulación privada.
La bomba a punto de explotar
Sólo en enero de este año el gobierno nacional pagó casi 4.000 millones de dólares en intereses que se suman a los 21.775 millones de dólares pagados a lo largo de la gestión. En los primeros dos meses del año también se emitieron títulos públicos y bonos por un total de 4.500 millones de dólares.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sólo en lo que resta del año “se estiman pagos por el equivalente a 86.950 millones de dólares”, mientras que la reserva del BCRA actualmente es de 37.783 millones de dólares. De esta forma, aún destinando todas las reservas, no se llegaría a cumplir ni con la mitad de los vencimientos de este año.
Respondiendo a esto, el ministro de Economía Sergio Massa, junto con otros funcionarios, realizaron una reunión con representantes de las asociaciones de los bancos más grandes del país para anunciar un canje de deuda que vencía dentro de los próximos tres meses por unos $7.500.000 millones para postergar su pago hasta 2024 y 2025. Esta operación es la segunda que se realiza por un monto similar en lo que va del año.
Desde el mismo Palacio de Hacienda esgrimieron los motivos de la medida: “nuestro objetivo es ir hacia una reorganización de la curva de vencimientos, de modo que los bancos tengan rendimientos de corto, mediano y largo plazo“. Por otro lado, Massa dijo que el canje “rompe con la idea de que Argentina está todas las semanas a la puerta de un reperfilamiento de deuda, todos esos fantasmas se despejan. Desactivamos la idea de la bomba, de que cada dos o tres meses algo está a punto de explotar“.
Y, por si ello no alcanzaba, diez días después del anuncio del canje, el BCRA resolvió subir tres puntos la tasa de interés de las Leliq ubicándola en 113,2%. El argumento que mencionan desde el gobierno es que buscan con ello contener la inflación, aunque en la realidad parece ser que genera todo lo contrario.
Otra forma de financiar los compromisos asumidos es mediante el préstamo de los organismos internacionales de crédito. Los nuevos préstamos para pagar deudas pasadas ya son moneda corriente en la política de Estado, como los nuevos giros asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda con el propio organismo.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso el actual gobierno asumió mediante nuevos giros y desembolsos nueva deuda con el FMI por 23.414 millones de dólares contando el próximo de 5.300 millones de dólares ya aprobado por el organismo. Mientras que la deuda total con los organismos internacionales, entre los que se encuentran el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros; llegó a 38.279 millones de dólares.
La estrategia para que siga girando la rueda, además de premiar a los especuladores con letras y bonos en pesos con altísimos porcentajes de interés, consta de que el gobierno nacional intente, por un lado, patear hacia adelante los vencimientos próximos y, por otro, tomar más deuda con los organismos internacionales del crédito.
De esta manera, ya no se puede hablar de buenas o malas intenciones, dichos u opiniones, ya que los hechos en el tiempo muestran que las prioridades están claras. Por ello, es importante señalar, como mencionamos en ediciones pasadas, “que los acreedores imponen condiciones en la distribución de los recursos y las políticas de los gobiernos y las empresas. Así, grandes masas de asalariados se ven obligados, con suerte, a trabajar para sostener su propia miseria y los compromisos de la deuda”.