Este año se cumplen 40 años desde el retorno a la democracia poniéndose en el centro del debate aquellos derechos que bajo el régimen dictatorial nos fueron arrebatados como pueblo.
Habiéndo pasado cuatro décadas ésta continúa en deuda. Desde el periodo de la dictadura, y luego bajo los marcos democráticos, se desarrolló un plan económico que benefició a los fondos comunes de inversión, los grandes bancos y las firmas extranjeras depredadoras de los recursos.
Por ejemplo, aún continúa vigente la Ley de Entidades Financieras, norma que no fue revocada por ningún gobierno democrático, permitiendo que el ciclo de endeudamiento que brinda beneficios exorbitantes a los actores del mercado financiero continúe su curso hasta la actualidad.
De esta manera, recientemente desde el Ministerio de Economía se patearon los vencimientos de deuda otorgándole beneficios a largo plazo a los especuladores. También las principales empresas agroexportadoras intentan impulsar su política desde el Estado prometiendo eliminar las retenciones dentro de los próximos 10 años.
No sólo el control de las variables económicas forma parte de este plan sino también la desarticulación de la organización de los trabajadores. Otra herencia de los gobiernos dictatoriales que continúa vigente desde 1966 es la llamada conciliación obligatoria con la cual el derecho a huelga es ejercido bajo ciertos condicionamientos.
En una economía pautada al ritmo del dólar para la exportación o el pago de la deuda, los ingresos en pesos de los trabajadores están cada vez más lejos de garantizar una vida en condiciones dignas.
Bajo estos puntos, fortalecer la democracia es fortalecer nuestra posición como pueblo, retomando el proyecto de soberanía popular por el que lucharon los militantes que se llevó la última dictadura militar.
