La crisis que golpea de lleno a los bolsillos de trabajadores y pequeños productores es inducida por los dueños de las finanzas y los recursos quienes actúan por medio de los instrumentos de la financiarización y el endeudamiento.
Las empobrecidas billeteras no logran costear lo mínimo para el sostén de las familias trabajadoras. Ante esta fragilidad, el crédito se presenta como el tanque de oxígeno para sostener una vida sujeta a la supervivencia condicionando el futuro.
La mesa de los beneficiados se achica, mientras se acrecientan los márgenes de ganancias de sus operaciones. Bancos, financieras, empresas agroexportadoras y petroleras se convierten en las controlantes directas del gobierno.
Esto último explica la ejecución de las partidas presupuestarias que postergan las transferencias a las universidades, obras sociales, y brindan exenciones fiscales a la minería, petróleo y finanzas. Dejando en claro las prioridades en la administración de lo público que, a estas alturas, se muestra como lo que verdaderamente es: una actividad privada para los privados.
Bajo este contexto la crisis genera las condiciones de oportunidad para los oportunistas. Ante el empobrecimiento y la precarización, surgen nuevamente las salidas negociadas y los profetas de la esperanza que acorralan las posibilidades de cambio social a los estrechos márgenes de las vías institucionalizadas.
Ahora nuevamente llevan las protestas a la calle buscando, por un lado, canalizar el descontento, pero por otro, ganar posiciones para negociar salidas gestionadas al conflicto. “Que emerja pero que no desborde” es el programa de estos actores que ya especulan con un cambio de gobierno en la próxima ventana electoral.
Este terreno abre un desafío concreto. La construcción de una fuerza capaz de confrontar a la ofensiva financiera y condicionar cualquier administración de gobierno para garantizar las condiciones para el trabajo, la salud y la educación.
