La estructura financiera heredada de la última dictadura aún sigue vigente condicionando la matriz de poder actual del país, el crecimiento de la pobreza y la deuda externa.
La fecha recuerda los episodios trágicos que terminaron por convalidar un Estado Nación subordinado a una división internacional que colocó al país como proveedor de materias primas en un engranaje del endeudamiento mundial y dando paso a la radicación de conglomerados multinacionales.
Para ello, fue necesaria la desaparición y asesinato de miles de militantes sociales que en su proyecto político de sociedad representaban un límite al statu quo. Según reconstruye en una publicación académica Ludmila da Silva Catela, la represión impactó directamente “sobre la clase obrera y en los estudiantes; casi la mitad del total de desapariciones pertenecían a estos grupos”.
El plan de la dictadura se desplegó con rapidez durante el primer año combatiendo la “subversión”. Según el mismo informe entre 1976 y 1977 se registraron casi el 90% de los secuestros y desapariciones, explicando el nivel de planificación que tenía el golpe de Estado.
Como parte del programa de las fuerzas dominantes conducidas por fracciones financieras se establecieron los mecanismos económicos que posteriormente construyeron un sólido blindaje del sector financiero. Allí tiene lugar la aprobación de la Ley de Entidades Financieras en febrero de 1977, uno de los pilares de la reforma promovida por el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Durante la presentación el ministro expresó que “esto es un cambio de estructura de las instituciones financieras argentinas, una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Los vamos a cambiar a todos y a cambiar la mentalidad, que es lo importante”. Y llamaba a “modelar el país por los próximos treinta años”. Efectivamente, y superando las expectativas del ministro, han transcurrido 46 años y esa ley aún sigue vigente.
Como resultado de la misma se otorgó facultades a las entidades financieras y bancos privados que determinaron en un proceso de concentración de capitales. En efecto, la ley permitió a las empresas financiarse con dólares del Banco Central (BCRA) lo que permitió alimentar la “bicicleta financiera”. Es decir, adquirir dólares financiados vía deuda y fugarlos a sus casas matrices en el exterior provocando una creciente deuda en dólares al país.
Entre los pilares de esta ley encontramos la libre flotación de las tasas de interés. A partir de entonces, fue “la mano invisible del mercado” quien determinó el precio del dinero y a qué costo era posible solicitar créditos.
Además se eliminaron controles y restricciones para ingresar en el sistema bancario y financiero. Diversas entidades que no poseían requisitos necesarios comenzaron a operar y se otorgó un poder de fuego para la utilización de los destinos de los créditos recibidos por empresas y ahorristas individuales.
Ocurrió también el cierre masivo de las Cajas de Crédito (entidades que funcionaban bajo un sistema social del préstamo) como cooperativas radicadas principalmente en pequeñas localidades del interior. Al inicio de la reforma financiera existían en el país 723 entidades financieras, 30 años más tarde el número se redujo a 85, con un fuerte componente de extranjerización.
Cuando la ley entró en vigencia había 725 instituciones financieras y más de 600 entidades no bancarias. Actualmente la cifra se redujo 77 entidades financieras de las cuales 63 son bancos (13 públicos y 50 privados), lo que explica una reducción del 90%.
La centralidad en esta etapa de valorización financiera definió el largo ciclo de endeudamiento que puso en jaque la salida democrática desde 1983 a la actualidad y que explica, en parte, los altos índices de pobreza y desempleo estructural que vivimos a diario.
En la edición especial del 2020 analizando este proceso de endeudamiento describimos que para el año 1976, el stock de deuda externa total se ubicó en U$S 8 millones y alcanzó en 2001 los U$S 147 millones representando un crecimiento exponencial del 1837,5%.
Ver: El grillete de la deuda
A su vez, la evolución del interés que fue pagado durante la dictadura militar al 2001 se extendió al 16% anual acumulando al final del período alrededor U$S 120 mil millones superando el PIB en el año 2002. Y la fuga de capitales del 13% anual, con un acumulado de U$S 138 mil millones al 2001.
Desde entonces el grillete de la deuda ha crecido al manto de una forma democrática que profundizó las condiciones de pauperización de la clase trabajadora, dando cuenta del recorrido histórico al que fuimos sometidos desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad como parte de la ofensiva financiera. Primero en su fase de neoliberalización y, en el presente, reconfigurandose bajo las nuevas dimensiones globalistas-progresistas.
