En nombre de la sustentabilidad y el equilibrio fiscal, sectores del poder financiero presionan e impulsan la agenda de la reforma previsional como mecanismo de ajuste del bolsillo de los jubilados.
El actual contexto nos muestra con saña un proceso de crisis favorable a los compromisos con unos grupos reducidos que sostienen, y amplían, la concentración de las ganancias, frutos del trabajo y el ahorro de las mayorías.
En 2017, un estudio del Foro Económico Mundial concluyó que la edad real de jubilación debería establecerse en “al menos 70 años” para 2050 en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, donde la expectativa de vida de las próximas generaciones superará los 100 años.
En el mismo sentido, el FMI sugirió que las personas trabajen más años y achicar las jubilaciones al advertir sobre los peligros demográficos y económicos de la declinación en la fertilidad y el aumento de la longevidad. Las expresiones fueron realizadas en un documento titulado “El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece”.
“Con las políticas actuales, los desembolsos de los sistemas previsionales públicos en las economías desarrolladas y emergentes aumentarán en un promedio de 1 y 2,5 puntos porcentuales del PBI respectivamente hacia 2050. Sin ajuste de impuestos y otros gastos, este aumento conducirá a una disminución proporcional en el ahorro público”, subraya el documento.
Estas “recomendaciones” de los organismos multilaterales, lejos de quedar inadvertidas, se hacen eco a través del amplio registro de las reformas jubilatorias que se están impulsando en varios países. Tras la crisis financiera de 2008, de 49 países con sistemas públicos de reparto que hicieron cambios, tres cuartas partes incluyeron subas en las edades de jubilación. Los argumentos sostienen la necesidad de reformas para que el sistema sea “sustentable”. Así los déficits serían ocasionados por cambios demográficos y las nuevas tendencias en el mercado laboral.
Resistencias
Pero dichas modificaciones tampoco son ignoradas por sus damnificados inmediatos. Entre sobrados ejemplos de la actualidad, el gobierno de Uruguay impulsa un proyecto con el objetivo de aumentar la edad jubilatoria de 60 a 65 años. Además, plantea dejar sus pensiones en manos de las administradoras privadas de fondos de ahorro previsional (AFAP), creadas en 1996 en las que actualmente solo es obligatorio aportar si se percibe un salario superior a un monto fijado por la ley. El proyecto fue aprobado en el Senado y ahora está a la espera del tratamiento en Diputados.
En consecuencia, la Central Única de Trabajadores del Uruguay, PIT-CNT, comenzó en marzo un proceso de lucha a través de una huelga y movilización contra el proyecto del gobierno. La central sindical sostuvo que la reforma “limita” los derechos de los trabajadores y “no es la que necesitamos”, ya que la misma debe ser integral y no solo de carácter jubilatoria, expresaron en twitter desde el PIT-CNT. La organización de trabajadores afirmó que “otra reforma es posible”, y convocó a marchar bajo la consigna “por mi futuro y por el tuyo”.
Por otro lado, la reforma previsional impulsada en Francia por el presidente Emmanuel Macron, que eleva la edad del retiro de 62 a 64 años, quedó definitivamente aprobada en Francia. Las dos mociones de censura –medida contemplada en la Constitución francesa– promovidas por los grupos de oposición en la Asamblea Nacional finalmente no prosperaron.
La decisión de prescindir del voto legislativo atizó la tensión y la indignación en las calles originando la peor crisis social de los últimos años. Cientos de manifestaciones espontáneas en todo el país se fueron radicalizando de la mano de trabajadores, estudiantes secundarios y universitarios, que continúan en vilo por torcer la situación.
A su vez, el martes pasado, miles de personas salieron a las calles de Praga, capital de República Checa, para protestar frente a la sede del Gobierno contra un proyecto de reforma de las pensiones que incluye un aumento de la edad de jubilación de los 64 a los 68 años.
Una estafa no tan encubierta
En nuestro país el régimen previsional se encuentra bajo la legislación financiera de la dictadura, que desde 1977 promueve la extranjerización y concentración financiera. Es así como desde entonces el aporte formal de los trabajadores es terreno de disputa y especulación para la construcción de un mercado de capitales.
En este marco se dio la reciente disposición gubernamental de acudir al canje de bonos de los organismos estatales para resolver las obligaciones asumidas del pago de la deuda externa en el acuerdo con el FMI firmado en 2022.
La medida, anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, se comunicó en primer lugar a banqueros, asesores financieros y administradores de fondos comunes de inversión como parte de una batería de medidas para conseguir financiamiento para cubrir el déficit, estabilizar los tipos de cambio financieros y retirar pesos de circulación.
En el encuentro estuvieron presentes Jorge Brito (Macro), Alejandro Butti (Santander), Pablo León (Galicia), Carlos Heller (Credicoop), Carmen Morillo (BBVA), Ernesto Allaria (BYMA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Roberto Olson (MAE), Juan Politi (Ledesma), Julio Merlini (Balanz), Miguel Canale (PPI), Valentín Galardi (Cámara Argentina de Fondos), Francisco Gismondi (Adeba), Claudio Cesario (ABA) y Paula Maretto (Adira).
El decreto 164 establece la obligación a todos los organismos públicos nacionales de ceder todos sus bonos en dólares regidos por la Ley Argentina, los Bonares, para ser vendidos a cambio de pesos en licitaciones comandadas por el Tesoro de la Nación y el Banco Central.
El 70% de los pesos que se obtengan deberán ser destinados a comprar bonos en pesos del Tesoro. El otro 30% quedará en efectivo en las entidades dueñas de los bonos, para invertirlos “a discreción”. A su vez, las entidades deberán canjear sus bonos regidos por la Ley de Nueva York por bonos duales (títulos en pesos que pagan según la inflación o el dólar, lo que convenga más al inversor) que emitirá el Tesoro para ese fin.
Con estas operaciones, el Gobierno estima obtener alrededor de $4000 millones de dólares para destinarlos al pago de la deuda externa, según aseguró el viceministro Gabriel Rubinstein en Twitter.
Sin embargo, la medida despertó rechazos: “Advertimos desde el movimiento obrero nacional -el verdadero artífice de la libre opción jubilatoria y la aniquilación de las AFJP- que observamos con suma preocupación estos acontecimientos”, sostuvo Leonado Fabré, de Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS).
Hasta Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, advirtió que “la gestión prudente de la deuda es necesaria para mejorar el funcionamiento del mercado de bonos doméstico y el mercado cambiario, pero debe llevarse a cabo de manera que no agregue vulnerabilidades en el futuro”.
Y es que entre las entidades afectadas se encuentran los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses. El FGS es un fondo creado en el año 2007, que se encuentra compuesto mayoritariamente por los recursos contraídos en 2008 tras la estatización de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y la unificación de todos los regímenes jubilatorios en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Ver: Un problema de Fondo
De acuerdo con el decreto que estableció su creación, el FGS fue concebido para realizar inversiones sobre los excedentes del régimen previsional y otros activos, con el objetivo de incrementar su patrimonio y destinarlo a incentivar la economía mediante programas tendientes a generar más empleo (y aportantes) al equilibrio entre fondos de Anses y jubilaciones. Desde los 23.749 millones de dólares valuados en 2008, hoy las FGS representan una valuación de más de 56.434 millones de dólares.
“Entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados” rezaba en 2019 el eslogan de campaña del entonces candidato del Frente de Todos, Alberto Fernandez. Sin embargo, hoy los mecanismos de acumulación de recursos de la seguridad social, destinados teóricamente a sustentar una garantía de beneficios sociales, son instrumento financiero para los objetivos de los grandes bancos y fondos de inversión, y no para beneficio de sus principales aportantes.
