La profundización de la pobreza y la indigencia recrudece la frágil situación de los jubilados de todo el país y los empuja a la lucha para torcer el rumbo de las políticas de Gobierno.
El pasado miércoles 11, la Cámara de Diputados ratificó el veto del presidente Javier Milei a la sanción de la Ley 27.756, aprobada en agosto por el Congreso y que establecia una recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios ($18 mil pesos para mínimo). La moción de revertir el veto contó con el apoyo de 153 votos positivos frente a 87 negativos y 8 abstenciones, no logrando reunir los dos tercios de los votos necesarios.
En las inmediaciones del Congreso, una movilización en contra del veto a los aumentos de los jubilados fue nuevamente reprimida por Gendarmería, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina con gases y balas de goma, dejando un numeroso saldo de heridos y detenidos.
La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la UTEP, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y ambas CTA fueron algunas de las organizaciones que convocaron a la movilización.
Convocan a marchar contra el veto a la movilidad jubilatoria
Tras la sesión, el presidente celebró a través de X: “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”. Las celebraciones se extendieron hasta el pasado martes, cuando Milei recibió con un asado en la quinta de Olivos a los diputados que votaron a favor del veto.
Las provincias siguen el ejemplo
Paralelamente, en la provincia de Santa Fe, bajo el pretexto de reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad del sistema, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma de la Ley Previsional impulsado por el gobierno provincial mientras la policía reprimía una multitudinaria movilización de jubilados, empleados estatales, docentes y trabajadores de la salud que protestaba en las puertas de la Legislatura.
La norma declara la emergencia previsional por dos años, con la posibilidad de prorrogarla por dos años más, estableciendo durante su vigencia el pago de un aporte “solidario” que los beneficiarios deben realizar sobre el total del beneficio que perciben, con descuentos que van del 2% al 6%. Quedan exceptuados del pago quienes perciban beneficios inferiores a las dos jubilaciones mínimas.
Según el gobierno, el ajuste contribuiría a reducir entre un 20 y 30 % del déficit del organismo que alcanza los 430.000 millones de pesos. A su vez, el proyecto otorga al Ejecutivo la posibilidad de cambiar la edad jubilatoria, en el caso de que esto se modifique en el sistema previsional a nivel nacional.
Pobreza mayor
Con el veto presidencial, se sostiene la nueva fórmula de movilidad establecida en marzo por el Gobierno Nacional en el Decreto 274/2024, basada en una actualización mensual fijada a partir del índice de inflación (IPC) del Indec, en reemplazo del antiguo régimen implementado durante el gobierno de Alberto Fernández calculado por la combinación entre la evolución de los salarios, aplicada trimestralmente a partir del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la recaudación de la ANSES.
El IPC se publica 15 días después del mes analizado. De esta forma, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente, estableciendo dos meses de rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec. De esta manera, en septiembre los jubilados cobraron un aumento de 4,03%, en línea con el cálculo inflacionario de julio, llevando el haber básico a $234.540.
A esto se suma la continuidad del bono de $70.000 que el Gobierno viene entregando a quienes cobren solo una prestación que sea menor o equivalente al haber mínimo, completando una remuneración de $304.540. Por tanto, el aumento efectivo fue del 3%, contra una inflación del 4%, si se tiene en cuenta que el cobro mínimo de agosto fue de $295.497.
Según los últimos datos publicados por el Indec en el segundo semestre, la pobreza afectó al 17,6%, de las personas mayores de 65 años, un total de 961.674 (164.386 más que el año anterior). A su vez, el 2,6% vive en la indigencia, unas 142.065 personas.
Sin embargo, otros estudios reflejan otra realidad. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires elaboró el cálculo de una canasta básica para jubilados, en la que se incluyen gastos vinculados a una variedad de medicamentos de diferentes patologías, el cuidado y prevención de enfermedades y otros rubros, como el transporte, que contempla el gasto en taxis, remises por problemas de accesibilidad al transporte público.
Según la última actualización de esta canasta, en el mes de marzo el ingreso necesario para que un jubilado no sea pobre fue de $685.041, un 200% por encima del valor de la CBT del Indec. En relación a la última medición elaborada en octubre del año pasado, la cifra aumentó un 118,73%.
Tomando en cuenta este y otros estudios, el pasado 10 de septiembre, HelpAge International, una red global que se dedica a monitorear la calidad de vida de los adultos mayores, presentó el informe “Personas mayores y vulnerabilidad. Diagnóstico de situación en Argentina durante el primer trimestre del 2024” en el que concluyó que el 73% de las personas mayores de 61 años se ven afectadas por la pobreza.
A pesar de que la red global indica que el país cuenta con una amplia cobertura previsional en la que “casi el 95% de la población cobra algún tipo de haber de retiro, bajo esquemas contributivos y no contributivos”, el informe subraya que “alrededor del 46% de los beneficiarios cobran el haber mínimo, muy por debajo de lo necesario para satisfacer necesidades básicas”.
El déficit cero sobre los hombros de jubilados
El pasado jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el sector público nacional terminó agosto con un superávit primario por casi $890.000 millones, que después del pago de intereses de deuda ($896.130 millones) finalizó con un excedente financiero por $3.500 millones.
Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el superávit fiscal acumulado en los primeros 8 meses del año es equivalente al 0,35% del PBI. En el acumulado de 2024, IARAF señaló que 14 de los 16 componentes del gasto público para la administración nacional tuvieron descensos en términos reales.
De aquellos gastos, las jubilaciones y pensiones soportaron el 26% de la reducción total. Sin embargo, el presidente Milei aseguró en una entrevista que “en dólares, voló el poder adquisitivo de los jubilados”.
Ante este panorama, la conmemoración del Día del Jubilado fue motivo de movilizaciones en distintos puntos del país, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, entre otros. En un comunicado firmado por diversas organizaciones, las mismas denunciaron la agravante situación de los jubilados enfatizando que en este día “no hay nada que festejar”. “Sabemos que cuando nos oprimen, nos hambrean y nos reprimen, no hay otro camino que organizarnos y luchar”, remarcaron.
De esta forma las jubilaciones se constituyen como la piedra angular sobre la cual se sostiene el superávit fiscal que celebra el gobierno.
