La derogación de la Constitución obrera

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A 67 años de la derogación de la Constitución Nacional de 1949, retomamos el contexto que permitió la toma del gobierno y el avasallamiento por parte del gobierno militar a la clase trabajadora. 

Contexto

En el transcurso del año 1955 se llevó a cabo en Argentina el derrocamiento al gobierno de Juan Domingo Perón y tomó el poder la autodenominada “Revolución Libertadora”. El derrocamiento se produjo luego de varios ataques llevados adelante por distintas fracciones de las fuerzas militares. Entre los hechos más relevantes se encuentra el ataque con bombas a la movilización de los trabajadores de la CGT en abril de 1953, y más tarde en julio de 1955 el bombardeo a la Plaza de Mayo, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Aéreas. 

Ver: A 67 años del bombardeo a Plaza de Mayo

La Revolución Libertadora fue el caldo de cultivo capaz de nuclear a las fracciones de la burguesía nacional para romper su alianza dentro del peronismo con la clase obrera. Bajo ella se agruparon las tendencias del nacionalismo catolico, la oligarquía, y partidos liberales de la época como la Unión Cívica Radical.

Una de las medidas que llevó a cabo el gobierno militar fue la derogación de la Constitución Nacional vigente sancionada por el peronismo en 1949 volviéndo a implementar la constitución fundacional de 1853. De esta forma se intentaba consumar el ataque directo contra los derechos sociales y económicos adquiridos por los trabajadores en décadas anteriores.

La constitución de 1949 fue una expresión del reconocimiento institucional de los derechos de la clase trabajadora. Entre los mismos se destaca el derechoa de la ancianidad (que comprendía derechos de asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física a los adultos mayores), de la familia y de la seguridad social (derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de la capacidad para el trabajo). A su vez, en los artículos 39 y 40 de la nueva Constitución se reconocen la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.

Consumado el golpe

Con la Sociedad Rural, la Unión Industrial Argentina, la Iglesia Católica y gran parte de las fuerzas armadas en contra, Perón se ve obligado a abandonar el país en una situación que se intensificaba dejando cada vez más víctimas. 

En un primer momento, los trabajadores de la CGT habían optado por una posición conciliadora con el gobierno de facto, con el fin de preservar los derechos adquiridos previo al derrocamiento. “El señor presidente Eduardo Lonardi garantiza firmemente a los trabajadores y a las organizaciones sindicales la vigencia plena de la justicia social lograda hasta el presente, concretada en las leyes y convenios”, anunciaba la central a través de un comunicado.

Pero, tras la renuncia del primer presidente militar, Eduardo Lonardi, y con la asunción del General Pedro E. Aramburu; se abandona la posición dialoguista por parte del gobierno militar aprobando la intervención de la CGT, declarando la ilegalidad de las huelgas y eliminando por decreto la constitución de 1949.

John William Cooke, describió en una de sus cartas desde el exilio en Chile, en julio de 1957 que “el gobierno de ocupación espera consagrar constitucionalmente el retorno al coloniaje. Lo grave, para nosotros, no es esta pretendida ‘legalización’, sino el hecho real y concreto de la pérdida de soberanía, libertad e independencia; y hacer el juego a los intereses foráneos en aceptar que la voluntad de los déspotas pueda invalidar la Constitución de 1949”.  

Van a transcurrir dos años hasta que se llama a la convención constituyente votada por los partidos que no habían sido proscritos. Dicha convención derogó todas las reformas aprobadas en la constitución de 1949, dejando como único artículo favorable a los trabajadores el 14 bis.

El mismo establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurará al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Luego de cumplir los objetivos económicos y de proscribir al peronismo el gobierno empieza a jugar a la apertura democrática y hace el llamado a elecciones de los partidos políticos legales. 

A su vez, se lleva a cabo la normalización de la CGT, pero los trabajadores no acatan las medidas como una conciliación y el contexto genera condiciones para que surjan nuevos militantes bajó la defensa de la resistencia peronista. 

Ver: Movimiento obrero durante la “Revolución Libertadora”

Las aspiraciones de resistir las conquistas obtenidas en largos años de lucha y organización por parte del movimiento obrero, hace posible el desarrollo de huelgas, movilizaciones y paros en las diferentes fábricas del país en reclamo por las condiciones de vida de la población.

Así, se inicia una nueva etapa de resistencia para los trabajadores, que aun prescindiendo formalmente del peronismo en la Casa Rosada, generará luchas históricas en contra del gobierno militar.