Movilizados buscan frenar la iniciativa constitucional que sanciona acciones de toma de edificios públicos y privados
El 3 de julio “Estudiantes por la Causa Popular” realizaron un “mochilazo estudiantil” para exigir “condiciones mínimas de estudio y combatir con fuerza la educación de mercado, pues nuestra educación sigue siendo paupérrima mientras los ricos siguen destinando el dinero a reprimir al pueblo”.
La acción se enmarca en un plan de lucha para denunciar que bajo la agenda de la “Seguridad Pública” el Estado se está asegurando mecanismos de represión a la protesta social, la persecución y la criminalización. Según señalan, esta busca asegurar la “pena de cárcel” para aquellos que luchan.
El proyecto de ley anti-tomas se encuentra actualmente en debate ante la Cámara de Diputados, con discusión en cuarto intermedio, y fue parte de los acuerdos entre el gobierno de Boric y todos los partidos con representación en el parlamento.
