Los últimos pronunciamientos de soberanía nacional sobre las Islas Malvinas permiten poner de relieve la dependencia estructural de los trabajadores a poderes extranjeros y nacionales
Desde la Cancillería argentina presentaron como un “triunfo de la diplomacia argentina” que la cumbre de la CELAC y la Unión Europa (UE) emitiera un posicionamiento sobre la cuestión Malvinas, buscando con ello exaltar su papel en la defensa de la soberanía nacional.
Concretamente el texto menciona que “la Unión Europea tomó nota de la posición histórica de la CELAC basada en la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias” instando a “la solución por medios pacíficos, de conformidad con los principios de justicia y el derecho internacional”.
De esta manera, la cumbre UE-CELAC, quien define a la invasión británica, y con ella la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como una “controversia”, omite toda una serie de acuerdos diplomáticos “pacíficos” que marcaron un nuevo período de injerencia estructural luego de la guerra que no se reduce sólo a la presencia de tropas, ni exclusivamente a las Islas Malvinas.
Entre la diplomacia y la economía
Luego del aniquilamiento interno de la dictadura militar y el sometimiento externo de la invasión inglesa, comenzó la fase diplomática de una guerra que continúa hasta nuestros días. Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, en 1986 se creó la Comisión Nacional para la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica, una agencia que tuvo el objetivo de radicar inversiones privadas en el sur argentino.
Unos años más tarde, bajo la presidencia de Carlos Menem, las “Declaraciones de Madrid” de 1989 y 1990 entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido abrieron paso a una serie de nuevos acuerdos, declaraciones y tratados cada vez más perjudiciales para la Argentina que daban paso libre a las inversiones extranjeras y radicación de firmas económicas en el país.
Algunos de los puntos de la declaración proponían medidas para fomentar las “relaciones comerciales y financieras”; las “comunicaciones aéreas y marítimas”; la “conservación de la pesca y futura cooperación sobre pesquerías”; y otros asuntos bilaterales.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 1995, se suscribió una nueva llamada “Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental” que, bajo el objetivo de “salvaguardia de soberanía”, permite las concesiones referidas a la exploración y explotación de hidrocarburos.
En este escenario, la diplomacia nacional se dispuso al servicio de los intereses económicos limitando el reclamo de la soberanía nacional a la exploración y extracción de recursos en la región por parte de firmas económicas internacionales. Sus consecuencias, junto con la complicidad de los gobiernos y actores políticos locales, se fueron acrecentando a medida que pasaron los años.
Una región estratégica
Actualmente, en la Patagonia hay 17 puertos marítimos donde se comercializan principalmente petróleo, combustibles, metales preciosos y piedras, convirtiendo a la región en una importante zona económica. Sumado a la creciente importancia de las últimas décadas como polo tecnológico y logístico.
Por ejemplo, de las más de 26 millones de toneladas de petróleo crudo y derivados de petróleo que se transportaron el año pasado por barco en el país, unas 8,5 millones lo hicieron desde Chubut. Eso lo constituye como el segundo mayor puerto para este tipo de productos.
Otro ejemplo es el de la provincia de Santa Cruz, desde donde proviene casi la totalidad del origen de las exportaciones de piedras, metales preciosos y monedas del país, prácticamente monopolizado por Cerrado Gold, una firma canadiense. Además de ser una de las principales provincias productoras de manufacturas de origen industrial “confidencial”, según INDEC.
La pesca también ocupa un lugar importante en la región, ya que de las 167.000 toneladas transportadas en 2022, 123.000 lo hicieron desde Puerto Madryn, el de mayor movimiento del país para estos productos. A ello se le suma la presencia casi permanente de unos 400 buques pesqueros ilegales provenientes principalmente de Asia y Europa que muestra la potencialidad aún mayor de los recursos naturales marítimos.
En Tierra del Fuego se está llevando en la actualidad la construcción del Polo Logístico Antártico, que busca ser el principal centro de abastecimiento para las bases de la Antártida y que debería estar operativo hacia 2024. Además, allí ya se encuentra operando Globant, una empresa de ingeniería de software.
Esto muestra la manera conjunta de operar de las grandes potencias junto a los grandes grupos económicos globales y los sectores políticos locales para tener cada vez mayor presencia militar, pero también económica en la región.
Otra muestra de ello, es la presencia de un radar de vigilancia terrestre de la empresa LeoLabs Argentina S.R.L, conformada por capitales británicos y norteamericanos, que habían tenido el visto bueno del gobierno de Tierra del Fuego para su operación durante varios años generando y procesando información absolutamente confidencial. Hace sólo unos días fue suspendida su operación luego de años de funcionamiento.
Otro ejemplo es la inversión del Estado chino para la construcción y operación de la Estación de Espacio Lejano cerca de la ciudad de Las Lajas en la provincia de Neuquén que cuenta con radiotelescopio que, según la Administración Espacial Nacional China, sirve para estudios astronómicos, cuestión incomprobable por la “confidencialidad” de sus operaciones.
La economía es la guerra
Estos proyectos operan en el país concentrando los resultados y beneficios de forma privada, sin importar si tienen o no el aval del Estado nacional. Ello es una cuestión compartida con otros ámbitos: en toda la región patagónica existen grandes terratenientes que actúan de manera muy similar.
Familias y grupos utilizan la tierra para negocios inmobiliarios y desarrollo de proyectos para las industrias hidrocarburífera, minera y financiera. Los más significativos son el Grupo Benetton (Italia) con una propiedad de 900.000 hectáreas (el equivalente a 12 ciudades de Córdoba Capital), el Grupo Walbrook (Gran Bretaña) con 600.000 hectáreas, la Familia Sapag (Argentina) con 420.000 hectáreas, la Familia Menéndez (Argentina) con 400.000 hectáreas, y el Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) con 330.000 hectáreas, entre otros.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) aproximadamente 65 millones de hectáreas, que significa casi el 40% de las tierras del país, es propiedad de 1200 terratenientes. Según Oxfam, el 35% de las tierras cultivables en Argentina se encuentra en manos de menos del 1 % de los propietarios.
Esta estructura de propiedad terrateniente se combina con la presencia de grandes firmas extranjeras que se encargan de extraer y comercializar los recursos del terreno, como por ejemplo Pan American Energy, Vista, Shell y Pluspetrol, todas grandes empresas extranjeras quienes junto con YPF, explican el 80% de la producción de petróleo de Argentina.
Las concesiones para que estas empresas operen en el país también forman parte de “decisiones soberanas” del gobierno, y en muchas ocasiones encargándose de obras faraónicas como el caso del gasoducto Nestor Kirchner, o directamente licitando áreas para la explotación de recursos.
Ver: Soberanía, el slogan de la dependencia
El año pasado el Ministerio de Medio Ambiente, conducido por Juan Cabandié, autorizó la actividad sísmica para la exploración de petróleo en el Mar Argentino para que operen las petroleras Shell y Equinor, socias en uno de los bloques de exploración junto a YPF. Además, se licitaron nuevos bloques (espacios marítimos) para dicha actividad.
Todos los referentes políticos oficialistas y de oposición defendieron la actividad. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo en ese entonces que “para la provincia, podría ser una actividad económica muy importante”. Por su parte, el entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, también comentó que “es un proyecto muy positivo desde todo punto de vista”.
Ver: Tensión en Mar del Plata por proyecto extractivista
Son muchos proyectos de este tipo que el mismo Estado promueve en la región: desde hace años se viene desarrollando el Proyecto Argerich que se basa en la explotación de un pozo ubicado en el mar que “tendría un potencial para alcanzar un volumen de producción de 200.000 barriles diarios de petróleo” durante unos 6 años. Esto significa un valor cercano a la producción total actual de YPF.
Otro proyecto similar se aprobó a finales del año pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien anunció que el consorcio conformado por Total Energies, Wintershall DEA y Pan American Energy (PAE), encargadas del 35% de la producción de gas en el país, confirmó la inversión de 700 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Fénix ubicado a 60 km de Tierra del Fuego.
Así, la victoria militar de las potencias imperialistas en la guerra de Malvinas fue continuada por acuerdos diplomáticos que sirvieron de trampolín al asentamiento de grandes firmas económicas, marcando la historia del país y continuando una guerra bajo otras modalidades que perdura hasta el presente.
