El porcentaje del 6% del PBI que debería destinarse por ley a educación no se cumple. El ítem servicio de la deuda para 2023 duplica lo destinado a educación.
Durante las últimas semanas, miembros de la comunidad universitaria han expresado su malestar en el contexto político denunciando un ataque a la educación y la ciencia. En ese marco, estudiantes, docentes, e investigadores (en su mayoría del sistema universitario estatal) realizaron una serie de acciones en “defensa de la educación y la ciencia pública”. Las mismas iban desde reuniones, clases abiertas, asambleas, videos y campañas audiovisuales en redes sociales, entre otras.
Ver: Investigadores del Conicet se movilizaron en defensa de la ciencia
Uno de los chispazos que prendió mecha a esta situación fue encendido por las propuestas del candidato más votado en las elecciones presidenciales PASO, Javier Milei, de Libertad Avanza, quien en caso de resultar electo propone fusionar los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación.
Según detalla en su plataforma política, plantea la creación del sistema de vouchers (cheque educativo), generar la competencia entre las instituciones educativas desde lo curricular en todos los niveles de educación, eliminar la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles de enseñanza, reveer la posibilidad de eliminar licencias injustificadas, posibilidad de despidos, entre otras.
Para explicar el sistema de vouchers, la Central de Trabajadores de la Educación (CTERA) planteó que son cheques que el Estado daría a las familias para que paguen la educación de sus hijos e hijas, “es decir, un ‘subsidio a la demanda’ en términos de la ideología de mercado”.
“El aparente beneficio que traería este sistema sería que las familias tendrían la ‘libertad’ para elegir la escuela que deseen, tanto en el ámbito público como privado. Pero como contrapartida, la existencia, permanencia o cierre de las escuelas, también pasaría a depender de esa ‘libre’ elección de las familias”. Así, “las que terminarían definiendo la política educativa serían las escuelas en un contexto en el que compiten como empresas en el mercado para conseguir el financiamiento”.
Financiamiento educativo
Con un acto realizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk, hicieron la presentación del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.
Tal como detalla la información oficial publicada, la iniciativa será presentada en el Congreso de la Nación, y establece elevar el financiamiento del 6% actual al 8%, de los cuales un 6,5% del PBI estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a la educación universitaria.
“Creemos que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es aumentar la inversión en el sistema educativo”, sostuvo Massa durante el acto. “Para el futuro de la Argentina, para incorporarla al siglo XXI y para derrotar la pobreza, hay que invertir en educación de la mano con la nueva tecnología”, destacó.
Para Perczyk “hace un año todos se peleaban por el financiamiento educativo y ahora vivimos un momento en el que algunos quieren recortar, privatizar la educación, arancelar las universidades, dicen que la escuela secundaria es un cementerio o que las universidades están vacías”.
Entre lo dicho y lo hecho
Los anuncios hablan de ampliar las partidas presupuestarias en educación en 2 puntos del PBI, mientras que algunos informes cuestionan la ejecución presupuestaria de esas partidas expresando que no están siendo cumplidas.
En ese sentido, desde el año 2006, momento en el cual fuera sancionada la Ley de Financiamiento Educativo, hasta 2020 solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI: 2009, 2013 y 2015.
El 68,4% de la desinversión mencionada ocurrió en cuatro años: en 2010 y entre 2018 y 2020. Para 2019 se dejó de invertir 841.000 millones de pesos, actualizados a 2022, correspondientes al 22,6% del total de la deuda. En 2018, fueron 751.000 millones, osea un 20,1%; y en 2020, 570.000 millones, un 15,2%.
Según describe el informe realizado por “Argentinos x la Educación”, entre 2006 y 2020 se acumuló una deuda con la educación equivalente al 5% del PBI del 2020. Si el Estado hubiese pagado la deuda de una sola vez debería haber duplicado el gasto educativo entre la Nación y las provincias, llevándolo al 11% del PBI en ese año.
Los datos surgen del informe “Lo prometido es deuda (educativa). La impotencia para alcanzar el 6% del PBI para educación”, del Observatorio de Argentinos por la Educación (AxE), con autoría de Mariano Narodowski, de la Universidad Torcuato Di Tella, Gabriela Catri y Martín Nistal, del Observatorio de AxE.
El financiamiento al sector educativo universitario desde 1974 al 2021 aumentó un 25% en términos reales cayendo un 60% por alumno, según describe Marcelo Rabossi, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Según un estudio del profesor, el presupuesto universitario en porcentaje del PBI pasó del 0,53% en 1993 a 0,75% en 2018, alcanzando su mayor nivel en el año 2012 cuando llegó al 1%. Si se suma el gasto en universidades privadas (22% de la matrícula total) en 2018 la inversión alcanzó el 1% del PBI.
La situación se complejiza aún más cuando el investigador mirá la relación entre el aumento de la matrícula estudiantil de nivel universitario y el incremento presupuestario.
“Desde 1974 a 2018 (último dato disponible), la población de pregrado y grado en universidades nacionales creció un 280% al pasar de 431.781 estudiantes a 1.640.405 en el último año mencionado. Esto implica una variación anual promedio del 3,1%. En relación a la población total del país, significó que de cada 17 estudiantes presentes cada mil habitantes en 1974, se llega a 37 en 2018.”, según describe Rabossi.
Financiamiento para qué
Hasta aquí hemos observado que el cumplimiento de la ley de financiamiento ha sido cumplido solo 3 años, lo que permite cuanto menos, relativizar los anuncios de ampliación de porcentaje recientemente anunciados. Además, se observa que en términos reales se viene destinando menores ingresos de financiamiento al sistema universitario, tomando como referencia la cantidad de estudiantes que ingresan año tras año.
Es necesario considerar que la política educativa entendida desde los ingresos monetarios es sumamente importante, pero en ningún escenario puede quedar al margen del sistema de relaciones sociales. Solo por citar algunos datos el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 29,6% en 2022; en ellos reside el 39,2% de las personas.
Ver: Un análisis de las condiciones de vida en el país
A su vez, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en Argentina el 44% de los niños y adolescentes sufre de “inseguridad alimentaria” y el 59,3% recibe ayuda alimentaria del Estado. “Los datos indican, que el derecho a la alimentación en el país es una deuda pendiente cuyo balance general es negativo y el mayor deterioro se registra en los últimos cinco años”, resume el documento.
Para los intereses caníbales del sistema capitalista pareciera ser que hay deudas salvables, y otras que no. Por caso, si hacemos una comparación del presupuesto del 2021 al 2023, el ítem destinado a educación creció en términos absolutos un 90%, mientras que el ítem “Servicio de la deuda pública” lo hizo un 166%.
En un contexto dónde se profundiza la carencia en la ingesta de alimentos, donde la pobreza y pauperización del trabajo se vuelven norma, donde la labor docente demanda del pluriempleo, es necesario profundizar el debate del financiamiento pero sin separarlo el debate acerca de qué educación y en qué sociedad.
