Eduardo González Navarro, docente y vicepresidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, comentó acerca de la lucha que protagonizan en estos días.
Profesores chilenos protagonizaron en los últimos meses huelgas exigiendo al Gobierno la resolución de una serie de puntos que incluyen una recomposición salarial del sector, tratar la llamada “deuda histórica”, y la modificación del sistema privatista educativo.
¿Cómo empezó el conflicto y quienes son los que están impulsando las actividades?
El contexto de lucha se ha venido desarrollado desde hace aproximadamente un año y medio donde hemos realizado distintas acciones y estrategias. En primer lugar, se dio un proceso participativo de construcción del petitorio.
Las mismas culminaron en una asamblea nacional, compuesta por 220 delegados que delinearon las demandas. En el medio se desarrolla la negociación con el gobierno actual de Boric, que luego de varios meses resolvió algunos puntos del reclamo, aunque otros no.
En la asamblea de enero de este año se tomó la decisión de enfrentar un proceso de movilización de carácter ascendente, que nos llevó a declarar el estado de movilización permanente. Allí se produjeron concentraciones y paralizaciones de la actividad docente por 24 horas, luego por 48 horas y finalmente un paro nacional por tiempo indeterminado que se mantuvo aproximadamente 5 días. En paralelo a esto, en algunos lugares, hubo algunos cortes de rutas.
Quienes venimos en este proceso somos profesores y profesoras de colegios secundarios y primarios públicos fundamentalmente, nucleados en el sindicato de Colegios de Profesoras y Profesores de Chile.
¿Cuáles son los principales reclamos que no se han resuelto?
Principalmente el financiamiento público, ya que todas las escuelas del sistema escolar en nuestro país se rigen por el sistema del voucher. Esto lleva a qué el Estado financie sin distinguir si la escuela es pública o privada, lo que ha generado una crisis tan brutal que la educación pública ha reducido la matrícula escolar en un 33%.
Esta forma de financiamiento se implementó en la dictadura privatizando la educación. Esto implicó que las escuelas que estaban administradas directamente por el Estado se descentralizaran para ser administradas por los gobiernos locales.
Dicha situación se agudizó en el contexto de la postpandemia, los problemas relacionados a la infraestructura son graves ya que en las escuelas se llueve, no se pueden cambiar los vidrios que se rompen y no hay materiales para sostenerlas.
Entonces, exigimos avanzar en una modificación del sistema de financiamiento a fin de que ésta asegure realmente el derecho de la educación, punto que estaba en el programa de gobierno con el que asumió Gabriel Boric.
¿Cuáles fueron las definiciones del sindicato hasta el momento?
Las negociaciones colectivas pasan por una consulta y un plebiscito general que por ahora optó por deponer el paro y mantener los procesos de negociación mientras se monitorea el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. En caso de que el gobierno desconozca estos acuerdos, entonces vamos a retomar la movilización y la paralización.
Teniendo en cuenta el tema del financiamiento que afecta no solo a docentes ¿han recibido apoyo de estudiantes u otros sectores de trabajadores?
El Movimiento Social por la Educación, que fue muy famoso en el año 2006 y en el 2011, hoy en día está totalmente desarticulado, no hay movimiento universitario y por el momento solo los secundarios están retomando la lucha, pero son esfuerzos que todavía no tienen una expresión nacional, sino que son expresiones muy locales y focalizadas.
Además, han existido pronunciamientos de solidaridad, como la expresada por la Central Unitaria.
A raíz del “estallido social” del 2018, ¿Qué saldo dejó ese proceso?
Estamos en un proceso de reflujo muy grande. Actualmente la derecha pasó a la ofensiva y no es la derecha tradicional, sino que es más dura y fascista. Por tanto, ese proceso de movilización de masas, no estuvo acompañado de estructuras y de organizaciones que permitieran sostener la movilización.
Junto a eso no hubo una estrategia de poder, una estrategia que permita ordenar la movilización en torno a objetivos políticos más claros. Fue un proceso muy complejo donde se planteó el fin del neoliberalismo, pero eso requiere de más que movilizaciones.
