La última semana quedó signada por una nueva corrida monetaria que llevó la cotización del dólar de 800 a 1000 pesos argentinos. Este mecanismo, aplicado con cada vez mayor intensidad desde el 2017-2018, llevó la remuneración promedio de los trabajadores desde 600 a 140 dólares por mes (o incluso menos) en la actualidad.
En los distintos encuentros políticos-empresariales destinaron tiempo para conversar sobre el programa que se debería aplicar para cada sector independientemente quien asuma en diciembre.
Unos salen a pedir “responsabilidad democrática” en respuesta a la “incertidumbre generada por candidatos presidenciales”. Los comunicados lanzados por los bancos pegó un grito al cielo de “viva la democracia” y el “orden”, exclamando que con o sin dolarización, lo importante en el país es que se debe aplicar una férrea política de ajuste fiscal.
Los otros fomentan la devaluación para que la compra-venta de determinados instrumentos financieros, la mayoría de ellos colocaciones hechas por el mismo gobierno, pueda brindarle aún más beneficios. Además, exclamaron que mientras más alta es la cotización del dólar, “más fácil será dolarizar”.
Todo eso funciona como una gran maquinaria que extrae los recursos de los trabajadores del país bajo un consenso de que se debe consolidar el sistema financiero y honrar los compromisos de deuda del Estado nacional, gobierne quien gobierne.
En ese marco, la fuerza de los trabajadores se divide y dispersa sin un programa propio de desarrollo de sus condiciones mínimas de existencia, que cada vez están más cuestionadas.
Si dicho programa no se impone como una fuerza social al resto de las clases y fracciones, la mejora de las condiciones de vida sólo existirá en el pedestal de las palabras.