Los manifestantes reclaman contra la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica.
El 20 de octubre, en una sesión “exprés”, el Congreso panameño aprobó el nuevo contrato que ampara la operación en Minera Panamá, una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno. Esa misma noche, el presidente Laurentino Cortizo sancionó la iniciativa. Tras ello, miles de manifestantes salieron a las calles y las rutas del país para reclamar la derogación.
Bajo las consignas de “¡Derogación ya!” y “¡Panamá no se vende!”, sindicatos, estudiantes y ciudadanos autoconvocados se movilizaron y bloquearon rutas. En medio de las manifestaciones, se dieron enfrentamientos entre los protestantes y la policía -lo que dejó un saldo de más de 800 detenidos-, y se generó un desabastecimiento de alimentos y combustible.
La Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), en un comunicado, condenó la represión policial y solicitó a sus organizaciones afiliadas a mantener una posición firme frente a la defensa de la patria y apoyar las manifestaciones de rechazo a este contrato.
Tras las manifestaciones, el martes 31 de octubre, el Congreso de Panamá inició los debates para la derogación del contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
Luego de que el ministro de Comercio, Federico Alfaro, expresara que no conoce un “contrato de concesión más consultado que este”, referentes ambientalistas salieron a contrarrestar la posición del gobierno.
En este marco, Isarías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, expresó: “El Ministerio de Comercio nunca le preguntó a la población si quería que el país tuviera vocación minera, y que el desarrollo político social del país estuviera supeditado a empresas extranjeras y mineras”.
El primer contrato con la minera fue en 1997, aunque recién en 2019 la mina comenzó a estar operativa. A partir de este año se comenzó a extraer unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre destinadas a la exportación. En 2008, el Centro de Incidencia Ambiental elevó una demanda aludiendo a la inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y la empresa, demanda que llegó a un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia en 2017 y que recién en 2021 pasó a tener efecto legal.
