Cerrar las cuentas para el pago de la deuda es el norte del Gobierno, aún cuando eso implique que la fiesta la paguen los trabajadores.
Con la brújula apuntando hacia una política de déficit cero, el Gobierno Nacional avanza decidido en la aplicación de un modelo de “shock” económico que implica bajar drásticamente el gasto público a fines de cerrar con equilibrio las cuentas fiscales.
La llamada doctrina de shock es generalmente atribuida al economista liberal Milton Friedman e implica que la administración de gobierno aplique un programa económico de agresivo achique de los gastos del Estado en un plazo de tiempo reducido.
Recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo se vanagloriaba de haber obtenido para el primer bimestre del año un superávit gemelo. Es decir, que gastó menos de lo que le ingresó no solo contemplando el gasto público (superávit fiscal) sino sumando el pago por intereses de la deuda (superávit financiero).
El resultado fiscal de Febrero arrojó nuevamente superávit financiero@JMilei 🇦🇷🇦🇷🇦🇷
⚖ Resultado Fiscal febrero 2024 ⚖
+ Resultado primario: $1.232.525 millones.
*+ Resultado financiero: $338.112 millones.*
+ Resultado primario acumulado: $3.243.270 millones (0,5% PIB).
*+…— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 15, 2024
Quien paga el ajuste
Para la consultora Econviews, el ajuste del primer bimestre estuvo apoyado en buena medida en reducir el gasto previsional. Según estimó, el desplome real de jubilaciones y pensiones contributivas significó una caída del 38%.
Además, el ítem referido a otras prestaciones sociales, representaron una caída del 17% y los salarios del sector público significaron un descenso del 23%, lo que totaliza una caída total del gasto primario del 54% entre enero y febrero.
Por otro lado, explicaron que la “motosierra” explica el 39% del ajuste. “La reducción de subsidios económicos y transferencias a provincias es 19%. El otro 20% corresponde al gasto de capital” que comprende, por ejemplo, obra pública.
Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el achique de los gastos del Estado en febrero anotó un superávit fiscal de $1.232.525 millones, que al cubrir los intereses de la deuda, bajó a $338.112 millones.
“Si echamos un vistazo a los números, los ingresos de febrero llegaron a $5,5 billones, un salto del 252,5%, pero que implica una caída de 6,3% ajustados por inflación. Por otro lado, los gastos fueron de $4,3 billones, aumentando apenas un 139,3%, que al ajustarlos por inflación, sufrieron una reducción de 36,4%.”
Dentro de esos ítems, la principal caída es registrada en jubilaciones, que anotaron una caída del 35% del total. “De cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 corresponden a recortes en jubilaciones”, indicó el CEPA.
Además en las caídas de las partidas se “destacan también la notable caída en las pensiones no contributivas (-43%) y en las transferencias corrientes a las provincias (-85%) y a las universidades (-25%)”.
Si el objetivo del plan de shock es la acumulación de reservas en dólares para el pago de los intereses de la deuda, principalmente con el FMI, tiene entre sus principales protagonistas a trabajadores pasivos y activos, quienes en la última semana realizaron jornadas de protestas ante miles de despidos y de los recortes a organismos estatales.
Economía de exportación
El achique que en poco tiempo ha venido haciendo la administración de Javier Milei ha sido ampliamente reconocido y festejado por las principales cámaras empresariales. Inclusive, fueron las principales beneficiarias de la entrada en vigencia del DNU de desregulación económica que aún debe debatir su vigencia en el Congreso de la Nación.
Ver: Empresarios, entre apoyos y reservas
En ese sentido, la consultora Analytica analiza los primeros meses de gestión y entiende que los cambios “de precios relativos” (tipo de cambio, tarifas, salarios) que viene impulsando el Gobierno implicaron “una marcada reasignación de recursos en un camino hacia una economía más abierta, con una producción orientada hacia la exportación en detrimento del mercado interno”.
Por lo tanto, el esquema de cambios al que contribuye el gobierno “beneficiará a los sectores agropecuario, minero, energético, de servicios profesionales (software) y algunos fabriles integrados como la industria de base (aluminio, siderurgia)” por su apertura al exterior. Mientras que aparecen entre los perdedores, “el resto de la actividad industrial, el comercio y la construcción, por su fuerte inclinación al mercado interno”.
“Las ventas al exterior se verán incentivadas por la mejora del tipo de cambio, un simple mecanismo de precios. Los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo reforzarán también la merma en el consumo por la pérdida de masa salarial. Los puestos laborales caerán”, añadieron, completando el panorama de los perdedores.
El salario mínimo cayó 29,4% entre diciembre y enero. Así volvió a los valores del 2004. Los aumentos de febrero y marzo lejos están de compensar. Las implicancias son múltiples, se usa de referencia para la actualización de la asistencia social y los salarios de los informales. pic.twitter.com/mwcCp8IHgT
— Claudio Caprarulo (@ClauCaprarulo) February 21, 2024
En este contexto, representantes sectoriales del complejo agroexportador están cruzando deliberadamente al Gobierno para que impulse -nuevamente- una devaluación del peso en el contexto de la cosecha gruesa de soja, maíz, sorgo y girasol que comprende hasta mayo.
Además del achicamiento del gasto como parte de los compromisos asumidos ante el FMI, y en un contexto dónde la contracción económica no repunta, el Gobierno despliega una estrategia de capturación de dólares a través del crecimiento de las exportaciones para hacer frente a los vencimientos por deuda.
Ante la inminente cosecha gruesa, consultado por las expectativas del mercado agroexportador, Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro Exportador de Cereales (CEC), consideró que “más que una lluvia torrencial vamos a ir viendo un goteo semanal de dólares porque no están dadas las condiciones de precios”.
Y adelantó que de “las 100 millones de toneladas que tenemos que movilizar, solo van a salir de los campos, los acopios y las cooperativas si conseguimos un mejor precio”.
Cabe destacar que la CIARA-CEC agrupa a las principales empresas que lideran año tras años los ranking en las exportaciones como Cargill, ADM, Bunge, Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas (ACA), COFCO, Nidera, entre otras y son a su vez dueñas de los principales puertos del complejo agroexportador de Rosario.
Se anotaron también entre las ganadoras en esta etapa las empresas del sector energético, principalmente productoras y vendedoras de hidrocarburos, quienes convalidaron en tres meses aumentos del precio de combustible en torno al 180% con una inflación acumulada del 75% y con salarios sectoriales que ascendieron entre 43% en enero y 14% en febrero.
Empresas financieras
El caso del sector financiero ha sido otro de los ganadores del inicio de la gestión del gobierno de La Libertad Avanza. El esquema empleado ha sido el pago a los tenedores de títulos públicos, emitidos por el Tesoro de la Nación, con carteras compuestas por bonos en pesos y ajustables por inflación, por devaluación del dólar oficial o por los dos, ajustes (bonos duales), obteniendo mejoras luego de que se convalida una devaluación del 118% que hizo explotar los rendimientos.
De esa manera, se absorben pesos circulantes y el Tesoro de la Nación -entidad emisora de los títulos- compra dólares al BCRA para pagar los servicios de la deuda externa.
En síntesis, es el pago de la deuda lo que está justificando el modelo de ajuste fiscal que descansa sobre las espaldas de trabajadores activos y pasivos quienes pagan los platos rotos de esta fiesta. Además de que la economía solo se perfila a crecer a partir de la exportación como resortes principales de la acumulación y el sostenimiento el modelo.
