El reclamo por el presupuesto universitario escenificó un importante esquema de unidad y movilización frente a un Gobierno que convoca al diálogo mientras profundiza el ajuste.
La masiva movilización en defensa de la educación pública del pasado 23 de julio convocada por el Frente Sindical Universitario (conformado por los sindicatos docentes y nodocentes), los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sacudió las calles de todo el país.
En Villa Maria, la inusitada concurrencia reunió alrededor de 8000 personas en la Plaza Centenario con la nutrida presencia de estudiantes y trabajadores de la UNVM y la UTN, como así también de otros institutos de educación superior y las columnas de la centrales sindicales CGT y CTA Autónoma.
De la misma forma, la protesta se expresó contundentemente en la ciudad de Córdoba aglutinando a más de 75 mil personas y en la ciudad de Buenos Aires, epicentro de la convocatoria, a más de 800 mil personas. En total, se estima que se movilizaron más de un millón de personas en todo el país.
A pocos días de la marcha, el Ministerio de Capital Humano anunció a través de X un acuerdo con el CIN por “un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales”.
Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional
1.- De acuerdo a lo previsto por el Gobierno nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro…
— Ministerio de Capital Humano (@MindeCapitalH) April 19, 2024
Sin embargo, el CIN informó por la misma vía que dicho aumento “no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del Gobierno” y reiteró su convocatoria a la protesta “a la espera de la invitación en la que se nos comparta, formalmente, la medida”.
Ante la propuesta que acaba de hacer pública el Gobierno nacional a través de los medios de comunicación sobre nuevas medidas de la Secretaría de Educación, el @CINoficial informa 👇 pic.twitter.com/BUN4Ckzkwc
— CIN (@CINoficial) April 19, 2024
Los números del ajuste
A pesar de los fondos anunciados, el comunicado conjunto leído durante la protesta enfatizó que las universidades llegan “con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300%”.
Un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) aseguró que, en promedio, los fondos girados para gastos corrientes a las universidades nacionales cayeron 32,5% en términos reales durante el primer trimestre de este año. Para gastos de capital, no realizaron giros frente a los $5201 millones del mismo período en 2023.
Según datos publicados por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM), el presupuesto destinado a la educación superior debería ser de $5,8 billones en términos reales, considerando las proyecciones inflacionarias para este año.
Según el sindicato, en 2023 el presupuesto asignado a las universidades fue de $69.188 millones, aunque el desembolso final ronda los $1,4 billones, cifra a partir de la cual se indica un ajuste del 76%. Adiuvim añade que el anuncio del incremento del 70%, “pretendiendo desvirtuar la marcha”, se calculó a partir de los $69.188 millones.
A su vez, el gremio denuncia una caída abrupta en materia salarial. Desde diciembre de 2023, la inflación creció 110,7% y los salarios 48%. “Esto significó que el salario real de los universitarios perdiera 29,7% de su poder adquisitivo en solo 5 meses, quedando 29,0% por debajo del salario real percibido hace un año atrás y un 50% desde diciembre del 2024”, sostienen los docentes.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en otro estudio se afirma que “la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar el presupuesto 2023, coloca a las Universidades Nacionales frente a una situación económica crítica”. En este informe, la organización realizó un análisis desde el año 1997 hasta el primer trimestre del 2024 en el que aseguró que “la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro (1997)”.
Según ilustra el ACIJ, el presupuesto universitario está compuesto por distintas partidas, pero la principal es el programa “Desarrollo de la Educación Superior” que comprende más del 90% del gasto total. A su vez, también se comprenden dentro de los gastos universitarios los programas de las Becas PROGRESAR , Infraestructura universitaria y Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU.
Para 2024, el documento concluye que los fondos destinados al Programa “Desarrollo de la Educación Superior” se redujeron un 72% en comparación con el año anterior. A su vez, la ejecución presupuestaria del primer trimestre refleja un ajuste del 34% frente al mismo período del año pasado.
Además, otro segmento del estudio particulariza la inversión por estudiante: “Desde el año 2000, la cantidad de estudiantes de pregrado y grado en el sector de gestión estatal ha experimentado un aumento constante, pasando de 1.138.503 a 2.065.115 en 2021”. Considerando una continuidad de este crecimiento, ACIJ asegura que el presupuesto disponible por estudiante es el más bajo de toda la serie, estimando este año un gasto de aproximadamente $690.000 por persona, “lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante”.
Diálogo por un lado y control por el otro
Pese a estas cifras, al día siguiente de la protesta, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en una conferencia de prensa que “no está en ninguna agenda ni va a estar en una agenda nuestra cerrar una universidad pública. Somos los mayores defensores de la educación pública”.
La semana pasada, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibieron a los rectores del CIN. En un comunicado, desde el CIN declararon que se avanzó en el diálogo, pero “sin resultados concretos inmediatos, y seguimos bregando por soluciones en el corto plazo”. Los rectores insistieron en sostener el diálogo “para encontrar las vías de solución para todo conflicto”.
Por su parte, la ministra declaró que “desde el gobierno apoyamos fuertemente la educación pública. Pero lo que también buscamos es el uso eficiente de los recursos, por eso resguardamos el dinero del contribuyente para sostener la educación”.
“La marcha universitaria no cambió en nada la relación ni el diálogo que veníamos teniendo con los rectores. Como ya manifestamos, un día antes se habían girado los fondos y aun así se realizó la marcha política opositora”, añadió Pettovello.
Lejos de aminorar la conflictividad, el Gobierno insiste en el control de los recursos como pretexto para aplicar la mentada motosierra en detrimento de los trabajadores. Sin embargo, la defensa de la educación pública vislumbra la capacidad de reacción y unidad de los sectores que comienzan a identificar una salida más allá del diálogo que solo busca atenuar la lucha.
