Militares ingresaron por la fuerza al Palacio presidencial donde el general sublevado exigía liberar a presos políticos. Luego de la operación, Arce cambió la cúpula militar del país.
El jueves 27 de junio un grupo de militares de Bolivia irrumpieron con varios vehículos blindados el Palacio presidencial en La Paz, un día después de que el presidente Luis Arce destituyera al general del ejército Juan José Zuñiga.
Zuñiga había exclamado a los medios que “el ejército, principalmente la Armada y la Fuerza Aérea, está movilizado escuchando el clamor del pueblo porque desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que están en las diferentes estructuras del Estado, destrozando la patria”.
“El pedido de las unidades militares, de las FFAA, es que pronto liberemos a todos los presos políticos. Desde Camacho, Añez, coroneles, generales, tenientes coroneles, mayores y capitanes que son presos políticos. ¿Cuánto tiempo están en la política Evo Morales, Carlos Meza y los de aquí del congreso? ¿Eso es democracia? Se sirven de la humildad y la pobreza de la gente del área rural”, exigió el militar.
Curiosamente, Fernando Camacho, actualmente encarcelado por participar del golpe de Estado de 2019, manifestó en X su “respaldo a las instituciones y a la democracia en nuestro país. Se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”.
Luego de un intercambio entre el hoy ex general y Arce, fuera de la sede del gobierno boliviano, los militares comenzaron a retirarse del lugar exigiendo un cambio en la dirigencia del país. Posterior a la retirada, Zuñiga fue arrestado y se mantendrá encarcelado por 6 meses de manera “preventiva”, según anunció el gobierno.
El saldo de la jornada fue la designación de la nueva cúpula del ejército conformada por el general José Wilson Sánchez Velázquez (comandante del Ejército), el general Gerardo Zabala Hernández (comandante de la Fuerza Aérea) y el vicealmirante Renal Guardia Ramírez (comandante de la Armada).
Entre el golpe y el autogolpe
El presidente Arce catalogó a la operación como un golpe de Estado y llamó a que el pueblo boliviano se organice y movilice “en favor de la democracia”. “No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas”, dijo en un video grabado junto al vicepresidente y ministros.
Evo Morales, expresidente, denunció en X el intento de golpe de estado, aunque luego catalogó a la operación como un “autogolpe” posteriormente a que Zuñiga declarara que se reunió “con el presidente en el colegio Lasalle” con quien acordó que era “necesario preparar algo para levantar su popularidad “.
En paralelo, Juan Carlos Huarachi, titular de la Central Obrera Boliviana (COB), convocó de manera “urgente” a los militares a deponer su actitud y llamó a un paro por tiempo indeterminado. Durante la tarde, centenares de manifestantes se movilizaron al Palacio en defensa de la democracia.
Posicionamientos
La asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado publicado el día posterior al hecho, condenó “enérgicamente el despliegue ilegal de unidades del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de La Paz, lo cual constituye una amenaza al régimen constitucional”.
La OEA había apoyado el golpe de Estado en 2019 cuando Williams Kaliman, general comandante en jefe, le pidió “al presidente del Estado (que en ese entonces era Evo Morales) que renuncie a su mandato presidencial”.
La cancillería de Argentina se posicionó en un comunicado en “defensa irrestricta de la democracia en la región” y condenó “todo intento de quebrantarla”. Su titular, Diana Mondino, dijo por la red social X que “los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado”. “La democracia no se negocia”, sentenció.
La Confederación Central del Trabajo (CGT) de Argentina emitió un comunicado en el que manifiesta su “más enérgico rechazo y repudio a los intentos golpistas y desestabilizadores que se produjeron en la hermana república de Bolivia”. Estas prácticas “significan un grave retroceso en el marco de normalización institucional que se ha venido consolidando en nuestros países de América Latina”, sentenciaron.
