El inicio del segundo semestre reavivó el conflicto en el ámbito universitario a través del reclamo por la recomposición salarial de los trabajadores.
El contexto actual en las universidades arrastra el antecedente de los primeros álgidos meses del año, cuando se sucedieron asambleas y diversas medidas de visibilización que tuvieron su cumbre en la masiva movilización del 23 de abril, encabezada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) bajo la consigna del reclamo por el aumento de las partidas presupuestarias.
En la actualidad, la centralidad de la denuncia se desplazó hacia la “emergencia salarial” expresando el creciente protagonismo de los gremios universitarios, que durante las últimas dos semanas ejecutaron dos medidas: 72 horas de paro y actividades de “visibilización” durante los días 12, 13 y 14 de agosto; y 48 horas de paro durante los días 20 y 21.
Cabe remarcar que las medidas de fuerza fueron dispuestas únicamente por las entidades gremiales docentes y no docentes, a través del Frente Sindical de Universidades Nacionales, a diferencia del primer semestre, cuando los anuncios de la movilización resaltaron la unidad de los sellos del CIN, la Federación Universitaria Estudiantil (FUA) y el frente gremial.
En Villa Maria, las medidas lograron un alto acatamiento en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como así también en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
El viernes pasado, luego de un nuevo encuentro del frente sindical, los gremios emitieron un comunicado en el que pidieron al Senado por la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, que logró la media sanción recientemente en Diputados, y convocaron una concentración en el Congreso para el día de su tratamiento.
El proyecto propone una actualización del presupuesto universitario en función de la inflación registrada el año pasado, además de una indexación bimestral basada en un coeficiente que combina la variación inflacionaria, la cotización del dólar y las tarifas de servicios públicos. Adicionalmente, contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes basada en la inflación, de manera complementaria a las negociaciones paritarias.
“El Frente realizará un trabajo de conversación y de convencimiento de los diferentes bloques parlamentarios y, en cada Asociación de Base, se realizará un trabajo con senadoras y senadores de cada provincia con vistas a lograr el más amplio apoyo a esta Ley tan necesaria y urgente”, indicaron.
Toma en la universidad de San Luis
Al calor de la conflictividad comentada, una asamblea interclaustro reunida en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realizó una toma del Rectorado “en defensa de la universidad pública y de las condiciones laborales de sus trabajadoras/es docentes y no docentes”. La medida se prolongó durante 72 horas, tras una asamblea que definió la finalización de la misma el 14 de agosto.
Por su parte, el rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, quien ocupa a su vez el cargo de presidente del CIN, se desmarcó de la medida, aunque aseguró comprenderla: “quizás en la particularidad de las medidas podamos no estar de acuerdo porque a pocas personas les gusta que no los dejen entrar a su propia casa, pero también entendemos que en la universidad, la significancia de la medida, habla por sí sola”, consideró en una declaración radial durante el transcurso de la toma.
El miércoles pasado, la asamblea resolvió nuevamente realizar otra toma, esta vez de las instalaciones donde funcionan las facultades de Ciencias Humanas y de Psicología.
Crisis salarial
Este mes, el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, un equipo conformado por docentes de distintas universidades del país, publicó una nueva edición del “Informe sobre evolución salarial, inflación y paritaria” que realiza mensualmente con el objetivo de analizar la evolución del salario real a partir de los datos publicados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la evolución de los salarios nominales.
Según la publicación, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año ya alcanza el 87%. Considerando el mes de diciembre pasado, esta se incrementa al 134%. En contraste, los aumentos salariales universitarios acumulan un 80,4% desde el inicio de la actual gestión de gobierno.
En ese marco, la caída salarial acumulada sería del 54,2%. A su vez, el informe señala que, considerando los incrementos otorgados por el Gobierno Nacional para los meses de agosto (3%) y septiembre (2%) junto a la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central en estos meses, el declive se profundiza hasta un 63,1%. “Se requeriría un 35% de aumento salarial sobre el salario de julio sólo para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023”, sostiene el Laboratorio.
Por su parte, ADIUVIM difundió unas imágenes ilustrativas de la situación salarial docente a partir de su comparación con las canastas básicas y totales que actualiza mensualmente el Indec, variables que definen la línea de indigencia y pobreza, respectivamente. La definición de la dedicación docente (simple, semi-exclusiva y exclusiva) y los cargos (titular, asociado, adjunto, jefe de trabajos prácticos y auxiliar) permite evaluar cuántas horas son necesarias para que un docente no sea pobre en términos de ingresos.
De esta manera, según la canasta de junio que establece los ingresos de un hogar por debajo de la pobreza en $873.168 y la indigencia en $393.319, y los salarios docentes de julio, la entidad gremial concluye que “prácticamente todos los cargos y dedicaciones se ubican por debajo de la línea de la pobreza e indigencia”. 
Como excepción solamente se encuentran los ingresos correspondientes a un cargo titular y asociado con dedicación exclusiva superan la barrera de la pobreza. A su vez, entre el umbral de la pobreza se encuentran los docentes con cargo adjunto, JTP y auxiliar con dedicación exclusiva y los cargos titular, asociados y adjunto con dedicación semiexclusiva. El resto de las dedicaciones y cargos se sitúan por debajo de la línea de indigencia. A su vez, el sindicato remarcó que “la mayoría de los y las docentes tienen cargos simples, siendo el de auxiliar simple el que más predomina”, donde su ingreso fue de apenas $150.506.
La semana pasada, por medio de la Resolución 689/24, el Gobierno Nacional actualizo la garantía salarial docente en la que estableció para el mes de agosto un mínimo de $210.000 para la dedicación simple, $420.000 para dedicación semiexclusiva y $840.000 para dedicación exclusiva.
