Desde hace dos meses hay un estado de movilización permanente dónde se articulan reclamos salariales, por la reincorporación de despedidos, contra la reforma a la ley previsional y de explotación minera.
Masivas movilizaciones de trabajadores acontecen desde el pasado 7 de abril, cuando trabajadores de la construcción y docentes se unieron en reclamo a las reformas del sistema de seguro y caja previsional que impulsó el gobierno de Raúl Mulino.
En su momento, el integrante del Frente de Acción Magisterial, Fernando Ábrego, cuestionó que la reforma previsional atenta “contra la calidad de vida de la clase obrera”, al tiempo que consolida “el modelo de cuentas individuales privatizadas, pensiones de miseria y el aumento enmascarado de la edad de retiro”.
Entre las próximas medidas, el secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil, adelantó que el 7 de abril habrá manifestaciones en rechazo a la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al istmo del Canal de Panamá.
El curso de las movilizaciones fue escalando a medida que logró articular otros reclamos, como el rechazo a la reapertura de una mina de capitales canadienses, y contra la política de realineamiento del gobierno hacia los Estados Unidos.
Ante ello se decidió el llamado a una huelga nacional que inició en la última semana de abril. La respuesta de los grupos de poder no tardó en llegar y se han empleado diferentes mecanismos para contrarrestar la pelea.
Entre ellos, la empresa bananera, Chiquita Panamá, que produce el principal producto de exportación del país, despidió a casi 5.000 trabajadores de su planta en Boca del Toro. También la justicia acusó de corrupción al dirigente sindical del gremio de la construcción, Saúl Méndez.
A casi dos meses del conflicto la lucha no se detuvo. De hecho, la semana pasada trascendió que el Gobierno clausuró las garantias constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones personales, además de la suspensión del internet y la telefonía móvil en la region de Bocas del Toro.
Según había señalado el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, motivó la decisión el hecho de que “continúan los bloqueos de rutas en algunas regiones” y la policía realiza allanamientos para “tratar de lograr la recuperación de los bienes robados en los comercios” y capturar a los responsables de los disturbios.
Además, el gobierno aprobó un decreto que modifica el mecanismo de selección de los trabajadores de la educación para ocupar las vacantes creadas por la participación de educadores en huelga.
Reflotan las disputas por la ocupación de rutas comerciales estratégicas en América Latina. 
Integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharon este viernes hacia la Asamblea Nacional (parlamento) de Panamá para exigir el fin de la criminalización de las protestas y contra la ley del seguro.
Entre los reclamos también está la derogación del memorándum firmado con Estados Unidos que compromete formación militar y un mecanismo de compensación por los peajes que pagan los buques de guerra y submarinos estadounidenses para cruzar el canal de Panamá.
El acuerdo fue firmado a fines de abril con la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, con el presidente José Raúl Mulino, y funcionarios de la administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
“Para nosotros era importante que, en momentos de contingencia, nuestras tropas puedan pasar primero y gratis. Agradecemos a nuestros socios panameños que están trabajando con nosotros en eso”, había declarado el funcionario norteamericano.
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Panamá en la lista de los 24 países con más violaciones a la libertad sindical, en el marco de la Conferencia Internacional de Trabajo.
Marco Andrade, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), declaró al respecto que en “Panamá hay un 9% de desempleo y más del 49% de la población económicamente activa está en la informalidad”.
