La cuarentena dejó explícito algo que viene sucediendo hace un tiempo: amplias masas de trabajadores/as que cumplen la función de resguardar la vida de toda la población se encuentran en condiciones deplorables, sin resguardo institucional y abandonados a su suerte.
Judiciales, docentes, personal de salud, administrativos, y sumado al personal de seguridad de la semana pasada, exigen por mejoras en las condiciones económicas y de resguardo frente a virus. Lo común a todos estos sectores del trabajo es que pertenecen al ámbito de las administraciones provinciales.
Aunque tampoco es todo, ya que las protestas y paros en todo el país vienen sucediendo por motivos similares, entre los que podemos destacar los trabajadores portuarios, los azucareros del norte, los petroleros del sur, asestando golpes a sectores productivos todavía de forma desarticulada.
En ese contexto el Estado no está logrando abordar de manera efectiva dichas problemáticas. La imposibilidad de planificación real ante el virus demostró ser un hecho y las medidas preventivas han podido dar hasta ahora poca respuesta ante las exigencias de amplios sectores de trabajadores. Los recursos, privatizados por firmas y grupos empresarios, no se están destinando para los fines exigidos.
Bancos, organismos financieros con deuda provincial y nacional, empresas del sector oleaginoso y agroindustrial, multinacionales tecnológicas, son algunos de los que concentran las mayores riquezas, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, y que aparentan un grado total de irresponsabilidad frente a la situación.
Pero en la realidad todavía parecen inmunes y, a pesar de que concentran recursos vitales para la población, pocos son los que se posicionan al respecto. Asestar un golpe a ellos significaría una posibilidad para las amplias capas de población empobrecidas y desamparadas ante esta guerra que se está llevando puesta nuestra propia vida.
La política institucional ya no encuentra forma de centralizar los recursos y destinarlos a las exigencias que vienen realizando los trabajadores desde hace meses, por no decir años, incluso con otro gobierno a la cabeza. Mientras tanto, la calma se impone con el fomento de políticas de consumo y planes de salvataje a empresas privadas -como Techint y Grupo Clarín-, pago de deuda, entre otras.
Frente a lo sucedido la semana pasada, numerosos referentes sociales, partidos políticos y representantes sindicales se posicionaron en defensa del orden democrático. Pero, con todo lo expuesto anteriormente, ¿A qué democracia nos referimos si los grupos concentran cada vez más riquezas mientras que la mayoría de la población se sumerge en la precarización y la pobreza?
Entonces la democracia, que para sostenerse nada le exige a los poderosos y mucho le exige a los trabajadores empobrecidos, aparece como inconclusa. Por ello su defensa debe implicar pasar al plano de la ofensiva, de un nuevo tipo de democracia, una democracia real en la cual aquellos que crean y sostienen todo con su trabajo tomen conciencia de ello y puedan dar vuelta la taba de una vez y para siempre. En defensa de esa democracia nos emprendemos.
