Mientras el Gobierno aclama el último dato de inflación y el segundo mes de superávit fiscal, las condiciones de vida de los trabajadores sigue cayendo en picada, con subas exponenciales en el precio del alimento e insumos básicos.
A pesar de promover el tan mentado discurso del “libre mercado”, y acerca de que los precios se corrigen solos en la competencia, el programa del gobierno parece decidido a estructurar una política económica que tiene como objetivo la pulverización de los salarios, y la intervención al ponerle techo a las paritarias.
Sumado a ello, se proponen allanar el camino para construir condiciones laborales acorde a los intereses de los grupos de poder, que superen cualquier cambio en la administración de Gobierno. Entonces lanzan el pacto de Mayo, aclamado por las cúpulas empresarias, quienes al felicitar la iniciativa hicieron énfasis en lo que llaman “modernización laboral”, pero se pronuncia precarización y flexibilidad del trabajo.
A su vez, el cumplimiento de la meta fiscal denota sus ganadores y perdedores. Por caso, para el primer bimestre la reducción de ingresos que fueron destinados al pago de jubilaciones y pensiones cayeron 33% en términos reales, versus un incremento del pago de los intereses de deuda que aumentaron un 34,2%. Esto da cuenta que la absorción de dinero que promueven para combatir la inflación esconde los intereses de cumplir a rajatabla la política del FMI y de los acreedores que hicieron grandes negocios con la deuda.
Está claro que los trabajadores reciben un golpe directo que afecta sobre las condiciones de vida, pero el momento también hace un llamado a construir respuestas organizativas para revertir el desequilibrio de poder que permite mantenernos en esta condición.
