Granos y puertos: la fórmula exportadora

8 de Junio. El presidente Alberto Fernandez anuncia que el Gobierno intervendrá y buscará
expropiar a la empresa Vicentín, la cerealera con el mayor default privado desde la crisis
de 2001 con una deuda de U$S 1.300 millones, con la idea de rescatarla y contar con una empresa testigo para regular las operaciones del sector.

Masivas manifestaciones en Avellaneda y Reconquista (a pesar de las restricciones de
la pandemia), posicionamientos de bloques de diputados y senadores, presentaciones y apelaciones a la justicia, cacerolazos en barrios porteños y en Córdoba; el rechazo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Mesa de Enlace, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otras entidades; fueron suficiente para que en julio el presidente rectifique su decisión y anule el decreto. “Me equivoqué con el tema Vicentin”, dijo.

29 de diciembre. El Ministerio de Agricultura anuncia la suspensión temporaria de maíz hasta marzo de 2021, medida fundamentada en la “necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación”, en otras palabras, desacoplar los precios internacionales e internos para garantizar las producciones donde el cereal representa un
componente significativo de sus costos de producción.

La condena a la medida se expresó en comunicados desde la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Maizar, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, las Bolsas de Cereales, entre otras; en asambleas de productores en Bell Ville, Pergamino y Amstrong; y un paro
de comercialización de granos por 72 horas anunciado por la Mesa de Enlace, a excepción de Coninagro.

Antes del inicio del paro, el Gobierno se reúne con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y define la reapertura parcial de las exportaciones, pero ante la ratificación de la continuidad del paro, la medida quedó reducida en un “monitoreo de saldo exportable” hasta el empalme de la nueva cosecha.

El CAA agrupa a 53 entidades entre las cuales se encuentran referentes industriales, construcción, mineros, y del agro. Este se conformó y consolidó el año pasado como el actor privado para el diálogo oficial con el gobierno, en detrimento de la Mesa de Enlace. Un detalle a destacar es que 3 de las 4 entidades de la Mesa conforman el CAA, a excepción de la Sociedad Rural.

La relevancia de estos conflictos pusieron de manifiesto la lógica del poder del capital en
Argentina, con su capacidad de torcer la voluntad del Gobierno y accionar en favor de sus
propios intereses. De esta manera se trasluce el poder de fuego del principal sector nacional
en generación de divisas: las empresas del complejo agroexportador.

El complejo

Primer exportador de harina y aceite de soja, tercer exportador de poroto de soja, cuarto
exportador de cebada, segundo exportador de mani, tercer exportador de aceite de girasol,
tercer exportador de maíz, sexto exportador de trigo, cuarto productor harina de soja, cuarto
productor de aceite de soja y quinto país productor de biodiesel, algunos de los pergaminos
del sector a nivel mundial.

Si bien el rol de Argentina en el mercado internacional siempre estuvo vinculado a la
provisión de materias primas del sector agropecuario, fue en la década de los 90’ cuando
se conformaron las bases del modelo agroexportador actual, apoyado principalmente en el
crecimiento exponencial en la producción de granos y en la organización de la infraestructura logística para su exportación.

Este crecimiento en la producción agrícola fue posible a causa de la implementación de un
paquete tecnológico que consistió en la introducción de semillas modificadas genéticamente, a partir de la soja tolerante a glifosato (RoundUp Ready), aumentando el control de las malezas y reduciendo los costos en herbicidas. Además le sumó la implementación de la siembra directa, eliminando el arado y reduciendo el trabajo del laboreo y el desarrollo de las tecnologías de información en el agro, las
llamadas “AgTech”, que proveen maquinarias complejas como monitoreos de rendimiento y sistemas GPS, dotando al proceso productivo una precisión total e instantánea.

Esta producción se canaliza logísticamente en dos zonas portuarias principales: Por un
lado, la zona comprendida al sur de la Provincia de Buenos Aires que abarca los puertos de
Necochea-Quequén y Bahía Blanca, séptimo del mundo por volumen exportado en granos,
cereales y derivados. Por otro, el nodo del Gran Rosario, que comprende 31 terminales portuarias y 70 kilómetros de costa que se extienden sobre el Río Paraná, desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco.

Esta última es considerada la zona portuaria de exportación del sector de mayor importancia a nivel mundial, con 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites despachados en 2019, seguida por Nueva Orleans en Estados Unidos, con 64 millones de toneladas; y el puerto de Santos, Brasil, con 42.

El movimiento de estas enormes magnitudes es posible a través de las vías navegables de la Cuenca del Plata, comprendida por los ríos Paraguay-Paraná y Uruguay, una de las de mayor longitud del planeta con 3442 km que recorre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, constituyendo una de las vías de transporte más significativas de la integración física y económica de América Latina.

En paralelo al crecimiento explosivo en la producción de granos, la infraestructura logística y portuaria conformó el otro eje que dio cauce al modelo agroexportador en curso desde la década del 90.

Entre las líneas del acuerdo de Menem y Alfonsín, el Pacto de Olivos, se privatizó la administración del mantenimiento del Paraná, poblando el Gran Rosario de puertos privados y plantas de procesamiento de granos y llevando la profundidad de la vía navegable de 22 hasta 36 pies en 2006.

Es así que desde 1995, la empresa responsable del dragado y balizamiento del río en el tramo Gran Rosario-Océano es Hidrovía S.A., un consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y el Grupo Emepa. Originalmente, la concesión era por 10 años, pero se extendió en dos ocasiones, sin mayores objeciones, extendiendo a su vez el área en el que operaba la sociedad.

Estas negociaciones entraron en polémica cuando Gabriel Romero, dueño de la empresa Emepa, admitió haber pagado 600 mil dólares al Gobierno en 2010 para conseguir la extensión. Por su parte, Jan de Nul, gigante del dragado de los hermanos Peter y Dirk De Nul, fueron condenados en 2002 en Bélgica a tres años de prisión por pagar coimas a funcionarios locales. Y en el 2016 se les quitó la concesión que tenían en el puerto de Yuzhny, Ucrania.

Por año circulan a través de sus aguas alrededor de 6.400 barcazas y 2.800 buques de cargas generales, el 98% de bandera extranjera y, el 100% realiza el comercio marítimo de ultramar. Por cada buque que entra y sale se cobra un peaje de u$s 3,06 dólares la tonelada.

Uno para adelante y otro para atrás

28 de agosto de 2020. El Gobierno anuncia un Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la creación de la “Sociedad del Estado Administradora Federal Hidrovía”, que se integra por el Estado Nacional con una participación del 51% del capital social y un 49% por las 7 provincias que integran el
sistema hidroviario en la porción argentina.

De nuevo, las resistencias a esta iniciativa prendieron las alarmas: además del rechazo de las entidades del agro, la misión del FMI, en su visita en octubre del 2020, notificó su preocupación por la posibilidad de que una empresa china se adjudique la operatoria de la arteria fluvial más importante de Sudamérica.
Y una vez más, un paso atrás: en esta ocasión a través del Decreto 949/2020, delegando al Ministerio de Transporte la responsabilidad de un llamado a una licitación “a riesgo empresario y sin aval del Estado”, dejando de lado la empresa estatal administradora de la vía fluvial y creando en su reemplazo un “Consejo Federal Hidrovía” que se limitará a brindar un “asesoramiento permanente en todo lo relativo a la concesión”.

Por si fuera poco, dentro del Ministerio se designó a Esteban Cabrera Dominguez como Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. El nuevo funcionario trabajó para Louis Dreyfus Company, una de las cuatro grandes comercializadoras de granos y derivados a nivel mundial.

Cuestión de poder

COFCO, Cargill, ADM, Aceitera General Deheza, Bunge, Dreyfus, Glencore y Vicentin son las grandes caras que representan la cúspide de esta extensa y compleja rama de grandes productores, empresas de logística y transporte, procesadoras, fabricantes de insumos y maquinaria y corporaciones financieras.

La pertenencia o no a alguna nación de estos conglomerados internacionales es un mero detalle tributario. Estas empresas manejan no sólo los hilos del comercio y el transporte, sino también las
semillas transgénicas, los herbicidas y fertilizantes y el acopio en puertos y la distribución.

Sorteando las supuestas intenciones de los gobiernos de turno, la configuración real del poder tiene en las empresas agroexportadoras un nudo a desatar. Estas firmas son responsables de la comercialización internacional del 90% de la producción argentina de granos, harinas, aceites, carnes, entre otros ítems.

Dueños de las acopiadoras y de las concesiones portuarias, estas empresas integran la producción, distribución, acopio y la exportación del agro. La aplicación de este paquete tecnológico en los 90’ además de mayores ganancias, fue concentrando y centralizando sus beneficios, subordinando la pequeña y mediana producción al aumentar la escala y la inversión necesaria para lograr márgenes rentables, induciendo a pequeños y medianos productores a alquilar su tierra en el sistema denominado pool de siembra, también popularizado desde esta época.

Como vimos anteriormente, las decisiones de los gobiernos quedan opacadas ante el poder real de las agroexportadoras, que antecede a toda decisión soberana del pueblo trabajador. Es aquí, cuando se pone en juego nuestras tierras y nuestras aguas, menester remarcar el carácter de poder que antecede toda posibilidad de avanzar en decisiones que hagan a la soberanía del pueblo trabajador.