El Gobierno Nacional estableció nuevos controles a las empresas exportadoras agrícolas para evitar prácticas de evasión impositiva, y no descarta aplicar más medidas para “desacoplar” los precios locales de los alimentos de los incrementos que están atravesando en el mercado mundial. Rechazo y alerta de las entidades rurales.
El pasado lunes 19 de abril, el Ministerio de Agricultura publicó en su Boletín Oficial nuevas exigencias para ejercer legalmente el comercio exterior de carnes, granos y lácteos. Según la normativa que aplica al Reglamento Para la Inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), estos nuevos requisitos “tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”. En otras palabras, se busca evitar maniobras de subfacturación y evasión tributaria que vienen realizando estas empresas exportadoras.
Por otro lado, el miércoles de esta semana la AFIP introdujo un nuevo mecanismo por el cual los exportadores agrícolas deberán liquidar automáticamente las obligaciones tributarias correspondientes a sus operaciones. El nuevo sistema introducirá el cálculo y la generación automática de la liquidación en concepto de derechos y estímulos a la exportación en el momento del registro de la DJVE.
La explicación que subyace a estas nuevas reglamentaciones salió de boca de la Secretaria de Comercio Interior de Argentina, Paula Español, quien declaró que “el problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno”, ya que “el girasol en un año subió 135% en dólares”, al igual que “con la soja y el maíz”, prosiguió. La funcionaria aclaró que están “trabajando para que frene el aumento de la carne”, y que en ese camino no le “va a temblar el pulso para tomar las medidas que haga falta para cuidar los precios (…) se llamarán retenciones, encajes, lo que está claro es que no podemos no hacer nada frente a este incremento de los precios internacionales”.
Precios sin freno
La alarma se encendió cuando se conocieron los datos de la inflación de marzo que publica el INDEC, la cual llegó al valor más alto desde que Alberto Fernández es presidente, con el 4,8% mensual, y un fuerte incremento en el valor de los alimentos. Además, marzo marcó un aumento del precio promedio de 24 cortes de carne en un 7,1% en relación a febrero, y un acumulado del 75,1% en los últimos 12 meses, muy por encima de la inflación interanual que fue del 42,6% en el mismo período.
Estas cifras se conocen en un marco de incrementos anunciados en los precios internacionales de los commodities que la Argentina produce. En el mercado de Chicago, en el primer trimestre los valores promediaron los u$s 467 por tonelada de harina de soja -producto central del complejo-, mientras que el aceite superó los u$s 1.080 por tonelada, expresando así “un alza del 90% respecto de los precios de marzo del 2020, y una suba del 20% en lo que va del 2021”. Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones del complejo sojero fueron las mayores de la historia, con u$s 5025 millones en el primer trimestre, más del doble de lo que el complejo había exportado en el primer trimestre del 2020.
Entidades agropecuarias en alerta
Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria, organizaciones que conforman la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), se reunieron luego de estas medidas y emitieron un duro comunicado en el que se declaran en “estado de alerta”, y sostienen que esto “abre un tiempo de consulta con nuestras bases”, amenazando con la ejecución de demostraciones de fuerza. Para las organizaciones, las nuevas regulaciones “recuerdan a los nefastos ROE (Registro de Operaciones de Exportación, que funcionó durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner), por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción”.
En este marco de medidas y reacciones, el viernes pasado el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, y su segundo Jorge Solmi, se reunieron de manera virtual con la Mesa de Enlace, donde buscaron transmitirles a los ruralistas que las medidas no tocan al productor sino al sector comercial. Además, las autoridades anticiparon que convocarán al sector a trabajar en un plan para mejorar índices de producción, producir más y que se les presentarán opciones de financiamiento vía el Banco Nación. Sin embargo, Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), salió a denunciar que “la convocatoria llega tarde, con muchas medidas ya publicadas en el Boletín Oficial, cuando nosotros específicamente les pedíamos conversar en forma previa a la implementación de esas políticas con impacto negativo sobre el sector, como nos había prometido el presidente en varias reuniones”.
Otro representante sectorial que se expresó fue Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, quien a través de la red social Twitter dijo: “El intervencionismo erosiona la confianza. Medidas como estas irritan por su burocracia y discrecionalidad política. Ya hemos probado que los productores no generan inflación; para corregir la distorsión de precios, el control debe aplicarse a toda la cadena”.
Finalmente, Jorge Chemes, presidente de CRA se lamentó que “el diálogo con el Gobierno no funcionó”, para luego expresar una advertencia: “nos está empujando a tomar medidas de fuerza, de protesta. Ahora entramos en una fase de consultar a nuestras bases para ver cómo continuamos”.
