La educación en Argentina está cada vez más lejos de ser una oportunidad para la clase trabajadora. En la actualidad crece el desfinanciamiento amenazando derechos adquiridos desde hace décadas.
Argentina es uno de los únicos países, aparte de Uruguay, que brinda acceso gratuito a instituciones educativas. Dicho esquema se financia con dinero que el Estado recauda y destina anualmente a la educación por medio de la partida presupuestaria.
El presupuesto que se destina en la actualidad no alcanza para garantizar el acceso de la población, ya que la gratuidad no resuelve otras problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes que desean continuar sus estudios. Entre algunas de ellas se encuentran la imposibilidad de pagar alquileres, servicios y gastos corrientes, la mayoría relacionadas a la concentración geográfica de las universidades en las grandes ciudades.
La provincia de Buenos Aires concentra el 51%de estudiantes de todo el país que asisten a la educación pública.
En cuanto al gasto público por ley se debería destinar el 6% del PBI, pero actualmente el promedio destinado al sostenimiento de la educación representa entre el 3% y 5%. Cabe resaltar que la única vez que se alcanzó lo establecido por ley fue en el año 2015.
Antes de finalizar cada año, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presenta al Ministerio de Economía la evaluación de los gastos que se afrontarán el año siguiente correspondiente al sostenimiento de la infraestructura, salarios de los trabajadores y la cantidad de estudiantes que asisten.
Este año la petición para el 2022 fue de $407 mil millones de pesos, pero desde el Ministerio de Economía se hicieron modificaciones y finalmente se presentó el presupuesto por $335 mil millones de pesos, lo que representa un 11% de recorte.
Del presupuesto total solo el 2% está dirigido a becas estudiantiles y programas de ayuda económica.
Este recorte a la educación afecta a 1.700.000 estudiantes aproximadamente, según un censo presentado por el Sistema de Estadísticas Universitarias, población que creció en los últimos veinte años un 66%.
“Hay una preocupación presupuestaria”, había reconocido el rector de UNL y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Enrique Mammarella.
El internet como obstáculo
Mientras nos encaminamos a salir de una pandemia sin precedentes, la situación de la comunidad educativa se adapta a la nueva normalidad que implica un nuevo formato de cursada mixta, o lo que se conoce como cursada híbrida basando parte de las clases de forma virtual y otra en forma presencial.
Docentes y estudiantes están obligados a conectarse por medio de las plataformas virtuales desde sus hogares, el cual impone la necesidad de elementos digitales para asistir a las clases y conexión a la red.
El BCRA pagó $720.000 millones en concepto de intereses de Letras y Bonos entre enero y agosto de este año. Ello representa dos años completos de presupuesto destinado a educación.
Debido a esto toda la comunidad universitaria del país se vio obligada a destinar dinero de sus bolsillos para no quedar fuera del sistema académico. A cambio lo único que han obtenido es una bonificación que el gobierno otorgó a los beneficiarios de la beca PROGRESAR de $1000 pesos, y a los docentes por su parte les reintegró en el salario un bono por el mismo monto.
Producto de esta situación podemos ver que durante el 2020 aumentó la deserción estudiantil la cual en la mayoría de los casos sucede durante los primeros meses de cursado. Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata reveló que al menos 45 mil estudiantes han dejado sus estudios desde el comienzo de la pandemia.
Por su parte, el Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA), expuso en un informe que solo el 14% de los estudiantes de carrera de grado llegan a recibirse. Su director, Alieto Guadagni, dijo que “Nuestro sistema educativo (…) avanza hacia la consolidación de un modelo socialmente regresivo, situación que se agrava a raíz de esta pandemia global, que afecta más a los alumnos de barrios más humildes, que tienen menos acceso a los recursos tecnológicos para reemplazar el obligado cierre de las escuelas”.
Entre los factores que influyen en el aumento de la deserción se marca la imposibilidad de acceso a internet. El mismo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) afirmó que pese a que se registra crecimiento en el año 2020, de cada 100 hogares solo 60 contaban con internet fijo.
Derechos que se llevó la pandemia
Sin la posibilidad de acceder a residencias universitarias, o becas para el menú en los comedores y lejos de poder acceder a la conexión de internet que brindan los espacios comunes de las instituciones, muchos estudiantes se vieron obligados a abandonar los anhelos del título de grado.
En este marco se encauzaron reclamos en distintas partes del país, manifestando la preocupación de las problemáticas que se dejaron ver pese al aislamiento que impuso la pandemia.
En septiembre, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) llevaron a cabo un reclamo por la reapertura del comedor universitario por medio de una olla popular. Lo mismo se reclamó en la Universidad Nacional del Litoral que, al volver a la presencialidad, los estudiantes se encontraron con un comedor cerrado.
ver: https://tribunavm.com.ar/index.php/2021/06/11/llego-la-pandemia-se-fueron-las-becas/
Por otro lado, hay que señalar que las becas Progresar tampoco fueron de gran ayuda en los últimos años, debido a los recortes y cambios en su modalidad. En 2015 se registraban 900 mil estudiantes beneficiados que recibían 700 pesos mensuales, lo que representaba en ese momento 87 dólares. En la actualidad no solo disminuye la cantidad de becados, que cayó un 11%, sino también cae el valor de la beca que es de 3600 pesos, es decir 38 dólares.
Además de sufrir este recorte, hay que remarcar que la beca se empezó a cobrar en julio y no en marzo como estipula el programa, lo que impulsó al repudio de organizaciones estudiantiles del país que se manifestaron reclamando la normalización.
En contraposición, quienes se suman a los esquemas de becas dirigidas a promover el estudio y especialización de los jóvenes, son las grandes empresas de tecnología como Amazon y Google que buscan impulsar carreras cortas con certificación universitaria.
Ver: https://tribunavm.com.ar/index.php/2021/03/02/el-poder-nos-educa/
El mismo camino pero a nivel nacional lo sigue la empresa multinacional Techint, quien otorgó 1300 becas a estudiantes de niveles secundarios y terciarios de 7 provincias donde el Grupo tiene operaciones industriales, yacimientos u obras de infraestructura.
No es la primera vez que la compañía busca imponer un plan que los beneficie y reditúe de mano de obra especializada. A principios de este año lanzaron un plan de fortalecimiento para apoyar la modernización del sistema educativo, que consiste en dictar talleres, preparar aulas tecnológicas e incorporar equipamiento (328 computadoras y equipos de audio y video) que alcanza a 19.000 estudiantes.
La preocupante situación de la educación, pese a su gratuidad, oprime a muchos trabajadores que también están siendo afectados por el bajo presupuesto y la pérdida de derechos que cada año son avasallados por el bajo presupuesto y el desinterés de sostener la educación Argentina.
Del total del presupuesto a las Universidades Públicas un 90,3% se destina al pago de un millón de trabajadores docentes. Sin embargo, el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Arturo Gómez, dijo en febrero de este año que los docentes tuvieron una “pérdida acumulada del al menos el 20% por debajo de la inflación en 2019”, profundizada por los continuos aumentos de la inflación.
Lo anterior es una muestra más de la gravosa situación por la que atraviesan estudiantes y docentes en el ámbito educativo, por un lado los trabajadores que se enfrentan con magros salarios a una inflación sin freno, y junto a ellos miles de estudiantes que no logran sortear las dificultades quedando fuera del sistema educativo.
