Bajo la alternancia de gobiernos neoliberales y progresistas puede verse una tajante continuidad de una política del saqueo en la cual un pequeño grupo de gestores de Fondos de Inversión y organismos internacionales imponen su poder para acrecentar sus ganancias. En paralelo, millones de familias trabajadoras se sumergen cada vez más en la miseria, sometidas a luchar por la sobrevivencia con el cobro de planes sociales que ni siquiera llegan a cubrir la canasta básica alimentaria.
En dicho escenario el progresismo apela a la utopía para sostener su base programática, en oposición al neoliberalismo, asentándose en las experiencias gubernamentales de la “nueva ola” en la región, aunque con poco margen de acción para darle rienda a resolver las enormes necesidades populares.
Así, las clases dominantes que ejercen de facto el poder proponen el pacto social, el consenso y acuerdos dentro de los límites democráticos para continuar con su política de presión sobre los bolsillos de los trabajadores a través de la inflación, la devaluación y el ajuste.
Para llevarlo a cabo necesitan dividir y fragmentar políticamente a la clase trabajadora, ofreciendo en el camino luchas aparentemente disruptivas pero que, en realidad, cumplen la función de división de su base social para relegar su programa histórico de cambio social.
En este marco, vemos cómo los distintos sectores del trabajo, algunos conducidos por sus representaciones gremiales y otros por nuevas formas de organización de base como asambleas y comisiones, pujan por conseguir mejores acuerdos salariales y así perder lo menos posible frente a la inflación. Pelear por el aumento salarial es, además de una necesidad impostergable, un poderoso instrumento de la clase obrera para forjar la unidad en la lucha.
Pero, lo novedoso es que la situación empuja al movimiento social a tomar conciencia de que no existe ni puede existir solución verdadera al problema del salario mientras que los grupos financieros sigan en el poder.
El presupuesto que ajusta sobre las principales variables de las condiciones de vida de la población y la dependencia absoluta a los mecanismos de deuda y las finanzas globales hace que una cosa no pueda pensarse sin la otra, como dos caras de una misma moneda. La lucha por el salario nos acerca, pero sin el poder sólo se lograrán aumentos parciales y temporales que serán fácilmente degradados por las clases dominantes con tan sólo devaluar el peso nacional.
Por ello, la lucha en la que se forja los principios de unidad para mejorar las condiciones de vida tiene como condición insoslayable la ejecución de un proyecto de soberanía popular, donde los sectores del trabajo que construyen cotidianamente este país asuman en primera persona las riendas de la organización social conduciendo los enormes beneficios del trabajo para sí mismos, y no para alimentar una guerra que les es ajena.
