La reunión del Consejo del Salario, que se disponía a definir el ingreso mínimo que reciben los trabajadores por la hora de trabajo,culminó con un “empate”.
Por un lado, las tres centrales obreras votaron a favor de elevar el actual salario mínimo vital y móvil llevándolo desde los $156.000 actuales a $288.600. Por su parte, las cámaras empresarias votaron en contra y no llevaron ninguna propuesta. De esta manera, la resolución queda en manos del Gobierno quien “desempatará” por decreto.
A esta altura, podría considerarse una ingenuidad esperar que las paupérrimas condiciones de vida de los trabajadores mejoren a través de la “buena fé” en la negociación con el gobierno y los empresarios.
Lo que está en el centro de la disputa es la renta que se apropia cada actor. Dispuesta ya la devaluación del peso, los recortes a los subsidios de servicios esenciales con sus consecuentes aumentos del transporte, alimentos, alquileres, entre tantos otros; quedan los restos de los licuados ingresos, a la espera de alguna medida que intente disminuir la incertidumbre de lo cotidiano.
Si este es el escenario definido, entonces queda por delante nuestra tarea de romper con la ilusión del diálogo que se traduce en intentar resolver administrativamente los problemas de poder. Dar vuelta el asunto es asumir que debemos preparar nuestra fuerza para lograr ese mínimo que garantice lo básico para vivir.
Hacia delante debemos fortalecer nuestra posición en el enfrentamiento como clase trabajadora unificando el planteo político que hoy se expresa en la consigna de subir el piso del salario para salir de la pobreza, pero ya no atado a los vaivenes de la mesa del diálogo, sino convirtiéndolo en un programa de acción
